El alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol, ha reaccionado airadamente a unas declaraciones del secretario general de Drets Socials, Oriol Amoròs, en las que apuntaba la posibilidad de realojar a parte de los inquilinos del edificio Venus del barrio de la Mina de Sant Adrià de Besòs, una vez sea derribado según cumplimiento de una sentencia, en pisos sociales de Badalona y otras ciudades.
Albiol no quiere que ninguno de los vecinos del edificio Venus del barrio de la Mina de Sant Adrià de Besòs, que debe desalojarse para poder derribarlo, acabe realojado en Badalona. "Esta no es una posibilidad", espetó Albiol, después de que el secretario general de Derechos Sociales, Oriol Amorós, haya avanzado en una entrevista en la radio local que desde el Consorcio del Barri de la Mina se comprarán algunas viviendas en el propio barrio de la Mina, pero también en "entornos cercanos" de Sant Adrià, Barcelona o Badalona. El objetivo del Departament es poder concluir el proceso de realojamiento de las 239 familias afectadas "en tres o cuatro años" y después poder echar al suelo a Venus.
"No es una posibilidad"
Albiol, a través de sus redes sociales, no ha dudado en declarar su agradecimiento a la Generalitat porqué “esté pensando realojar a los vecinos del edificio Venus de la Mina” en Badalona, pero añade que, como alcalde, “esta no es una posibilidad”. A cambio, el edil badalonés recomienda que “el lugar idóneo” para ubicar las viviendas para los desalojados de la Mina “es justo al lado del domicilio del presidente de la Generalitat” Pere Aragonès. Y sentencia que “ahí seguro que será la mejor de las ubicaciones”. Según Amoròs, de las más de 60 familias del bloque que será derribado, 31 han pedido un realojo en pisos del Consorci del Besòs.
Amorós también ha detallado en esta entrevista que hay otras 30 familias que optarían por acogerse a indemnizaciones y poder así buscar una nueva vivienda por sí mismas. En paralelo, la Generalitat, a través del Incasol, también ha sacado a concurso la construcción de otras 66 viviendas para poder realizar nuevos realojos.
Con estas tres actuaciones estaría resuelta la situación para la mitad de los 239 familias afectadas. El proceso, por tanto, se prevé largo y pasarán al menos tres o cuatro años hasta que se pueda vaciar el edificio por completo, antes de poder derribarlo, a partir de 2028.
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