Los propietarios de la casa Orsola ya se plantean la venta de su edificio. Los inversores que se hicieron con esta finca entre las calles Consell de Cent y Calàbria a finales del 2021 hicieron pública este lunes una carta abierta en la que dan a entender su disposición a librarse de una vez de este inmueble.
“Tras recibir todo tipo de insultos y ataques, supongo que terminaré vendiendo la finca –puede leerse en la misiva–. Cuando esto ocurra, es posible que se encuentren con un auténtico buitre que no tendrá ningún interés en preservar el patrimonio ni en encontrar acuerdos”.
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La verdad es que el agrio conflicto entre los propietarios y los inquilinos de la casa Orsola está enfangado desde hace años. Pero la mediación arrancada in extremis la semana pasada por el Síndic de Greuges de Barcelona abre la posibilidad a un camino menos traumático que el perfilado hasta hace muy poco.
“Agradecemos al Síndic y al Ayuntamiento su intento, aunque quizás un poco tarde, de propiciar un diálogo para encontrar soluciones –dicen también los propietarios–. Hace meses que lo buscábamos, pero mejor tarde que nunca”.
El aplazamiento del lanzamiento previsto para la madrugada del martes de uno de los vecinos que se negó a abandonar la finca pese al fin de su contrato da aire a la mediación del Síndic. La nueva fecha es el 18. A buen seguro que la presión popular que frenó el primer intento también determinó la decisión del juez.
Josep Torrent, el vecino sobre el que pende una orden de desahucio
Ante los acontecimientos, el Sindicat de Llogateres se apresuró en lanzar este lunes un comunicado para dejar claro que ni ellos ni los propios inquilinos arrancaron ninguna negociación con la propiedad. El Sindicat hizo del devenir de este edificio todo un símbolo de la lucha contra la gentrificación, y está resuelto a que sus movilizaciones no aflojen al menos hasta el 18.
“Celebramos el aplazamiento. Es una victoria de la movilización de los últimos días y una oportunidad de que se dé la negociación que exigimos desde hace años para que los inquilinos puedan quedarse en el edificio”. En todo caso, el Sindicat añade que “desmentimos que haya una negociación entre las partes. Para empezar a negociar es imprescindible que, como primer paso, se retiren las órdenes de desahucio contra los inquilinos demandados”.
La respuesta de los vecinos
Los inquilinos dicen que no hablarán con los dueños hasta que retiren las órdenes de lanzamiento
En realidad el Síndic está contactando estos días con las partes por separado. Las primeras conversaciones se están centrando en torno a las situaciones de los inquilinos. La posibilidad de que el Ayuntamiento se haga con la finca es aún remota. Además, caso de que finalmente los propietarios se avengan a venderla, esta mediación podría facilitar que la comprara alguna entidad o cooperativa dedicada a la vivienda pública.
El propio alcalde Jaume Collboni se mostró esperanzado en que el aplazamiento dé aire a esos contactos. El gobierno municipal está muy al tanto de esta mediación. “Estamos trabajando para solucionar el problema de la casa Orsola, y también para evitar que estas situaciones se den en el futuro. Queremos garantizar el derecho a la vivienda de los inquilinos de la casa Orsola y del resto de Barcelona”
La postura de Foment
La patronal defiende a los dueños y la propiedad privada
La patronal catalana asomó este lunes la cabeza en este agrio conflicto inmobiliario para defender a los propietarios del inmueble en cuestión y también el derecho a la propiedad privada. En un duro comunicado, Josep Sánchez Llibre, presidente de Foment del Treball Nacional, pide a las administraciones que ayuden a los propietarios, “en lugar de presionarlos con extremos muy cercanos a la coacción”. Sánchez Llibre abunda que los inversores que se hicieron con esta finca no son especuladores, y que todas sus actuaciones desde entonces siempre se ajustaron a la legalidad. “Queremos hacer una defensa a ultranza de la propiedad privada y del estado de derecho”, prosigue el comunicado. Además, Foment afirma que “no hay un derecho a vivir donde se quiera al precio que se quiera. Basar debates tan importantes en premisas simplistas es un error”. La patronal también sostiene que no se puede privar a nadie de su propiedad, ni imponerle cargas, servidumbres o prestaciones no establecidas en las leyes.
