Los propietarios de pisos turísticos de Barcelona han presentado reclamaciones patrimoniales por valor de 4.280 millones al Govern de la Generalitat por el perjuicio que les causará el decreto autonómico que regula esta actividad y que Barcelona utilizará para extinguir todas las licencias en el 2028.
El sector se muestra muy crítico con la medida que les aboca al fin y asegura que llegará hasta el final para garantizar su supervivencia. “El decreto genera un gran perjuicio porque destruye un sector regulado”, lamentó ayer el presidente de la Asociación de Apartamentos Turísticos de Barcelona (Apartur), Enrique Alcántara, que añadió que “los apartamentos turísticos regulados no son la causa del problema de la vivienda ni su eliminación garantiza que pasen a convertirse en viviendas residenciales, ya que la Administración no puede obligar a los propietarios a dar un uso determinado a sus viviendas privadas”. De hecho, Apartur señala que los apartamentos turísticos legales representan solo un 1% del parque inmobiliario.
Barcelona anunció el fin de los apartamentos turísticos en el 2028 tras el decreto del Govern que regula la actividad
El plazo para presentar las reclamaciones se agotó el pasado 8 de noviembre y la suma de 4.280 millones de euros corresponde a 7.200 pisos afectados que van desde pequeños propietarios hasta gestores vinculados a la actividad. La cifra se ha calculado en función de la inversión y los gastos efectuados por los propietarios de pisos turísticos durante los últimos cinco años, así como el retorno que se obtendría si se continuara con la actividad. “Son los beneficios que dejas de tener, la inversión para adaptar los inmuebles y las empresas gestoras que deberán indemnizar a sus trabajadores”, indicó Alcántara. Además, desde el sector señalan que las consecuencias que supondrá el decreto de la Generalitat son catastróficas. Acarreará la pérdida de 5.000 puestos de trabajo directos vinculados a la actividad, como operarios de la limpieza, de mantenimiento o de lavandería, así como la desa-parición de 160 millones en impuestos que ingresa la Administración procedente de la actividad, lo que, según Apartur, supone todo el presupuesto de vivienda y urbanismo del Ayuntamiento de Barcelona. La asociación propone además que la recaudación de la tasa turística se destine a políticas de vivienda pública.
Sin embargo, ni las propuestas ni las reclamaciones patrimoniales no parecen inquietar al Govern, que se mantiene firme en su decisión. “Nos mantenemos y nos mantendremos en esta posición e insistimos en que estamos en un escenario donde la dificultad de muchas familias para poder pagar el alquiler no es razonable”, explicó la consellera y portavoz del Govern, Sílvia Paneque, tras la reunión del Consell Executiu.Recordó que el precio del alquiler está superando el 40% y el 50% de los ingresos de las familias, y por esta razón tienen “que hacer todo lo posible para segurar que el parque de vivienda se destine al principal objetivo”, que es el alquiler en el ámbito de la vivienda tradicional.
Junto al presidente de Apartur compareció un pequeño propietario, Toni Gragera, que explicó que se había hipotecado durante años para pagar dos pisos con licencia turística y que denunció que la medida del Govern “le está quitando la pensión”. Recordó que adquirió la vivienda en el año 2000 y que tras una mala experiencia decidió alquilarla a turistas, actividad a la que dedica gran parte de su tiempo.
Otro pequeño propietario, Carles V., lamenta la aplicación del decreto y reprocha que “un bar o una tienda tenga licencia de por vida y un piso turístico, no”. “Los apartamentos turísticos no representan ni el 1% del parque de pisos de Barcelona, hay muchos más pisos de bancos cerrados, de fondos de inversión y de la Sareb que pisos turísticos, cuando habría que limitar la compra de pisos de extranjeros y de fondos de inversión. Nos demonizan como colectivo cuando la mayoría somos pequeños propietarios que alquilamos un piso para complementar la pensión”, señala.
