La unidad antidesahucios de Barcelona, reconocida por las Naciones Unidas

Galardón

El servicio municipal recibe el World Habitat de bronce, un galardón que premia las buenas prácticas en materia de vivienda

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Imagen de archivo de un desahucio en Barcelona

Efe

El servicio municipal de la unidad antidesahucios de Barcelona ha sido reconocido con el premio World Habitat de bronce, organizado conjuntamente por la agencia de las Naciones Unidas UN-Habitat y la oenegé World Habitat. El galardón pone en valor las buenas prácticas en materia de vivienda, urbanismo o naturaleza en el mundo desde hace 35 años. En este caso, han querido destacar el trabajo de esta unidad, creada en 2016 por el Ayuntamiento para mediar entre los juzgados, la propiedad y las familias vulnerables.

Según fuentes municipales, el servicio ha atendido a 14.000 familias desde su puesta en marcha con una media de una cincuentena de casos a la semana, de los que nueva de cada diez desahucios se han suspendido a raíz de la actuación de esta unidad y de la movilización de los movimientos sociales. El Consistorio prevé reforzar este programa con un equipo jurídico propio y una inversión de cinco millones en dos años.

En la categoría de plata 

La cooperativa de viviendas Sostre Cívic, también reconocida con el World Habitat 

No ha sido la única iniciativa catalana premiada. La cooperativa de viviendas con sede en Barcelona, Sostre Cívic, también ha sido premiada con el World Habitat de plata. En colaboración con el gobierno municipal, la entidad ha construido 57 viviendas en tres promociones en suelo municipal (en Princesa 49, La Balma en Poblenou y Pla del Cirerers en Nou Barris) y hay previstas dos promociones más con 106 viviendas, en Can 70 en Sarrià y en los cuarteles de Sant Andreu.

Estos reconocimientos llegan en un momento en el que se negocia la nueva ley de vivienda en el Gobierno y en el Congreso de los Diputados. Una normativa a la que el Ayuntamiento de Barcelona ha enviado sus propuestas, como la mediación obligatoria en los casos de pequeños propietarios y que los grandes tenedores tendrían que asumir la obligatoriedad de ofrecer un alquiler social.

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