Acuerdo para desbloquear 559 millones en infraestructuras de Catalunya
Comisión bilateral
El Gobierno transferirá la cantidad pendiente desde el 2008 según la incumplida disposición adicional tercera del Estatut
La disposición adicional tercera del Estatut es como un animal mitológico del que se lleva hablando desde el 2006 pero que muy pocos afortunados han llegado a ver. Pese a que debía compensar el déficit inversor del Ministerio de Transportes –entonces Fomento– en infraestructuras de Catalunya entre el 2007 y el 2013, únicamente se llegó a materializar la transferencia correspondiente al primer año.
A la escurridiza disposición adicional tercera, valorada en unos 3.500 millones de euros, no se le volvió a ver y la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut fue la excusa perfecta para que el gobierno de Mariano Rajoy no quisiera ni hablar de ella.
Los tiempos han cambiado. La secretaria de Estado de Transportes, Isabel Pardo de Vera, ha demostrado este viernes que la famosa cláusula existe y la ha puesto encima de la mesa en la comisión bilateral de infraestructuras con la Generalitat, que no se reunía desde hacía tres años. Lo ha hecho esta vez en un clima de mayor cordialidad y entendimiento entre la Moncloa y el Govern, que ha dado pie al acuerdo para transferir a Catalunya los 559 millones de euros pendientes desde el 2008. Dicha cantidad viene a completar los 200 millones ya pactados el pasado verano, de manera que se pueda dar por ejecutado todo el pago de la disposición adicional tercera correspondiente al 2008.
Faltarán todavía las cantidades del periodo 2009-2013, que fuentes del Ejecutivo catalán cifran en 2.971 millones más. Aunque Pardo de Vera no ha querido entrar en cifras ni calendario, ha trasladado al vicepresidente de la Generalitat y conseller de Territori, Jordi Puigneró, su compromiso de crear un grupo de trabajo integrado por representantes de ambas administraciones para elevar una propuesta consensuada a la comisión mixta de asuntos económicos y financieros. De ser así, se desbloquearán definitivamente las transferencias pendientes desde hace más de diez años.
Esta concreción económica abre grandes oportunidades en materia de infraestructuras para la Generalitat, atrapada en proyectos como la línea 9 de metro. El pago de la disposición adicional tercera se formalizará mediante una nueva fórmula: un convenio que ligue los 559 millones de euros llegados desde el ministerio a actuaciones concretas en Catalunya. El único compromiso compartido por ambas partes es que se destinen a obras en infraestructuras competencia de la Generalitat y que sea el propio Gobierno catalán quien las ejecute durante los próximos tres años.
El ministerio abonará a la Generalitat los recursos económicos de Rodalies, pero no va más allá de momento
El acuerdo de la disposición adicional tercera no ha sido el único alcanzado en la comisión bilateral de infraestructuras. El Ministerio de Transportes también ha aceptado transferir los recursos económicos de Rodalies a la Generalitat. A partir del año que viene será el Departament de Territori quien, como titular del servicio, formalmente pagará a Renfe por la gestión de Rodalies y los regionales de Catalunya. Lo hará con el dinero que previamente le transfiera el ministerio, que hasta ahora se lo pagaba directamente a la operadora estatal.
La cifra concreta se tiene que acabar de concretar pero se encuentra entre los 270 y 300 millones de euros correspondientes al déficit de explotación (la parte del coste del servicio que no se cubre con el precio de los billetes y que asumen las administraciones). Al fin y al cabo es una cuestión más estética que práctica ya que no supone ningún cambio en la financiación del servicio ni ninguna mejora para los viajeros, pero da cumplimiento a lo acordado en el traspaso del 2010.
El resto del traspaso de Rodalies, que es el que realmente reclama la Generalitat, queda para más adelante mediante un nuevo grupo de trabajo que se creará entre el Ministerio de Transportes y la Conselleria de Territori. La Generalitat quiere los trenes, las vías, las estaciones y el personal. Puigneró cree que el acuerdo económico es “el inicio del trayecto hacia el traspaso integral y definitivo”. No lo ven igual en el ministerio, que no parecen estar por la labor, aunque Pardo de Vera no cierra la puerta del todo y muestra “total predisposición” a hablar de ello.
Sobre lo que sí que hay consenso para debatir y trabajar de manera conjunta es el plan de Rodalies 2020-2030, presentado hace casi un año y ya con distintas obras en ejecución, como los trabajos previos al desdoblamiento de la R3. La redacción del documento corrió a cargo del exconseller Pere Macías por encargo del Ministerio de Transportes y con la participación de Renfe y el administrador de infraestructuras ferroviarias (Adif). Ahora se someterá a un proceso de revisión para que la Generalitat pueda hacer algunas aportaciones relacionadas con su objetivo de gestionar el tren lanzadera al aeropuerto y Rodalies de Lleida.