Recelo metropolitano a obligar a reservar el 30% a pisos sociales

En los próximos meses la Generalitat deberá pronunciarse sobre la iniciativa aprobada por Barcelona que obliga a los promotores a destinar el 30% de las nuevas promociones o grandes rehabilitaciones a vivienda protegida . Una iniciativa que los técnicos han recomendado que tenga alcance metropolitano para evitar subidas de precios indeseadas en los municipios del entorno de la capital catalana. El Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) tiene previsto llevar a su consejo de administración esta propuesta, recibida con reservas por algunos ayuntamientos, que reconocen los beneficios de la medida, al tiempo que temen los efectos jurídicos de su aplicación, ya que los promotores han amenazado con un alud de demandas. Por eso, reclaman a la AMB que lidere el debate y aporte estudios sobre su aplicación. Critican que Barcelona haya actuado en solitario sin tener en cuenta la opinión del resto de ayuntamientos.

De hecho, en Barcelona, desde que se anunció la nueva ordenanza se han incrementado los visados y solicitud de licencias para construir vivienda libre. Así lo confirma el Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC), que reconoce un incremento de la actividad.

“Barcelona va tarde y ha provocado la subida de los precios”, dice el alcalde de Viladecans

Sin embargo, al sur de la capital catalana temen los efectos del plan de la alcaldesa Ada Colau. “Los promotores no querrán perder dinero y elevarán los precios de los pisos libres en las promociones afectadas”, señala el teniente de alcalde de Planificación del Ayuntamiento de l’Hospitalet de Llobregat, Francesc Belver. A su juicio, la iniciativa “crea inseguridad jurídica” y puede conllevar un alud de alegaciones por parte del sector. “Desde el 2007 reservamos el 40% a vivienda social en los nuevos desarrollos, pero las promotoras lo saben desde el principio. Ahora se pretende cambiar las reglas del juego en medio de la partida”, sentencia Belver-. El concejal de l’Hospitalet considera que la medida aprobada por Barcelona, con el apoyo entre otros de su partido, el PSC, e impulsada por entidades sociales puede no ser efectiva al aplicarse. En su opinión, las empresas tenderán a hacer pisos protegidos lo más grandes posible para minimizar la pérdida de beneficios. En l’Hospitalet también preocupa la “repercusión en toda la primera corona” y creen que se debería haber “debatido en el ámbito metropolitano desde el inicio. No es de recibo que lo haga un municipio sólo”.

En Cornellà, el concejal de Territori, Manuel Ceballos, se pronuncia de la misma forma. “Tendrá poca incidencia en la ciudad porque es sólo para terreno urbano. Se podrán conseguir dos o tres viviendas al año”, augura. “Sí que existe una intención política de abordar el tema en clave metropolitana. Para ello se está poniendo en marcha un operador metropolitano de vivienda”, añade.

Para el teniente de alcalde de Planificación Territorial de Viladecans, Pere Gutiérrez, “tiene mucho más sentido que se debata en el ámbito metropolitano, ya que es imprescindible la coordinación entre administraciones”. Viladecans reserva el 46% de los nuevos planeamientos a vivienda protegida. “Lo hacemos desde hace más de una década. Barcelona va tarde y ha provocado una subida de los precios que nos afecta a todos”, señala el alcalde de la ciudad, Carles Ruiz.

El alcalde de Sant Joan Despí, Antoni Poveda, duda de que lo aprobado en Barcelona sea útil para su localidad. “La propuesta tan sólo afecta a suelo urbano ya consolidado y en ciudades como Sant Joan Despí este es mínimo”, indica.

Una medida con un impacto desigual según los municipios

En Cervelló, con una orografía de montaña en la que se reparten 15 urbanizaciones, la situación es bien distinta. “No nos podemos equiparar a Barcelona”, sostiene su alcalde, José Ignacio Aparicio. La medida del 30% no tendría ninguna repercusión en un municipio así. “Las necesidades de vivienda protegida a medio plazo están cubiertas con dos nuevos desarrollos urbanísticos ya previstos”, sentencia el primer edil de Cervelló.

La alcaldesa de Sant Cugat del Vallès, Carmela Fortuny (PDECat), valora la decisión de Barcelona y está satisfecha de que la medida haya tenido el apoyo de su partido. Asegura que en Sant Cugat “hace tiempo que se trabaja en esta línea” y explica que en el próximo pleno municipal “modificaremos el Plan General Metropolitano para tener una única área de tanteo y retracto”, como en la capital. Afirma que el gobierno local trabaja para que el 30% sea “de obligado cumplimiento”, pero advierte “que tiene que haber un diálogo constante con los operadores de mercado para hallar el equilibrio en una ciudad con dos realidades urbanísticas: muy extensa, con casas unifamiliares, y, a la vez, compacta”.

Carmela Fortuny defiende que como ayuntamiento de una de las ciudades más caras del área metropolitana “hay que ser valientes en las políticas de vivienda pública”. Por eso, en los dos nuevos sectores de crecimiento, Turó de Can Mates y Can Fontanals, se obligará a los privados a que el 50% de la vivienda sea pública”. La alcaldesa de Sant Cugat es consciente que la decisión de Barcelona afectará al área metropolitana por lo que “tenemos que estar preparados y encontrar equilibrio entre los intereses públicos y privados”. “Hay que ser realistas y prudentes y tener una base jurídica estable para correr los mínimos riesgos posibles” ante posibles demandas, advierte.

Laura Campos, alcaldesa de uno delos llamados gobiernos del cambio, el de Montcada i Reixac, ve la decisión de Barcelona como “una muy buena iniciativa y afirma que su ayuntamiento se planteará aplicar una medida similar en las construcciones”. La concejalía de Vivienda se ha dotado de un presupuesto de 310.000 euros, de los cuales 47.000 se destinarán a la compra de pisos ofrecidos por la Agència d’Habitatge de Catalunya para ampliar el parque de viviendas sociales. Otros 87.000 servirán para rehabilitar viviendas de titularidad municipal en el barrio de Mas Rampinyo y 50.000 euros serán para casos de personas en vulnerabilidad.

“Estamos sufriendo los efectos de expulsión de la nueva burbuja de Barcelona”, dice el alcalde de Ripollet

El alcalde de Ripollet, Jose María Osuna (Decidim Ripollet), aplaude el pacto barcelonés porque “desde el área metropolitana tenemos que implantar políticas comunes para promover la vivienda pública”. Su equipo analiza cómo se puede aplicar el 30% en Ripollet y qué impacto tendrá. “En Santa Coloma, Montcada, Cerdanyola o Ripollet sufrimos los efectos de expulsión de la nueva burbuja inmobiliaria de Barcelona”, lamenta. Su homólogo de Cerdanyola del Vallès, Carles Escolà (Compromís per Cerdanyola), también considera positivo el acuerdo de Barcelona. “Esperamos que abra una vía que nos ayude a otros municipios a conseguir el mismo objetivo”. Actualmente, el Ayuntamiento de Cerdanyola no tiene regulación propia sobre qué porcentaje destinar a vivienda social. “Aplicamos la que viene marcada por la normativa urbanística general y la capacidad de negociación en cada caso con los privados”. Solà anuncia que su gobierno “estudiará el marco en el que se ampara esta iniciativa y analizará la posibilidad de adaptarlo”.

Los municipios del Barcelonès Nord comparten el fondo de la propuesta, pero no las formas. Todos ellos coinciden en la necesidad de que el AMB sea quien regule los porcentajes de viviendas sociales en las nuevas promociones.

Badalona aprobó una moción el pasado septiembre en la que avanzaba en la necesidad de incorporar el 30% de las nuevas promociones a vivienda social. Sin embargo, “debe hacerse coordinadamente con el AMB”, sugiere Teresa González, concejal de Urbanismo. Badalona deriva hacia el ente metropolitano los informes sobre vivienda. En cuanto a la comarca, asume que “debemos ir todos a una”. En otro orden de cosas, ha aprobado que la renta de los alquileres, especialmente los sociales, pasen de tres a cinco años.

En Santa Coloma de Gramenet se aprobó una moción destinada a ampliar el parque público de vivienda. El acuerdo pide al AMB que colabore en la realización de un estudio que permita la viabilidad de destinar el 30% de los edificios de nueva construcción privados, así como los que se sometan a la rehabilitación integral, a viviendas de alquiler social de gestión pública y municipal. La moción también incluye la petición a la AMB de un inventario de edificios públicos en desuso en los municipios del Barcelonès Nord y la exigencia a la Generalitat del despliegue de la Llei d’Habitatge. Joan Callau, alcalde socialista de Sant Adrià, detalla que en su municipio un 35% de las viviendas ya tiene algún tipo de protección. El 4% de ellas son de alquiler social con rentas de 5 a 150 euros mensuales. Más que pisos sociales, que también, apuesta por viviendas de alquiler asequible de acceso libre para “personas trabajadoras”.