Los Mossos d’Esquadra han denunciado penalmente un hombre que para evitar pagar multas de tráfico haciéndose pasar por otra persona que le debía dinero desde hacía años. Hizo esta falsificación hasta diez veces, sin saber que la otra persona había muerto. La investigación comenzó el 5 de mayo, cuando el Servei Català de Trànsit detectó el exceso de velocidad de un Mercedes Benz a la C -17 en Parets del Vallès. Al recibir la denuncia, el titular del turismo presentó alegaciones identificando otro conductor en el momento de la infracción. Tráfico comprobó que esta persona había fallecido en 2016.
Los investigadores mantuvieron entonces una primera entrevista con el titular del vehículo que, de forma convincente, manifestó que se había equivocado en las alegaciones a la hora de identificar al conductor y que, por tanto, se haría cargo de la denuncia.
Evitar el pago de multas
Falsificó la identidad del conductor hasta diez veces, sin saber que la otra persona había muerto
Ahora bien, los agentes pidieron a Trànsit el conjunto de denuncias a nombre de la persona muerta que había sido identificada como conductora del vehículo, incluso aquellas anteriores a su fecha de fallecimiento. Tenía 10 expedientes por exceso de velocidad en tres vehículos diferentes. Todos estaban a nombre de una sociedad limitada ubicada en L’Hospitalet de Llobregat propiedad de la persona denunciada inicialmente.
La persona muerta había sido clienta de una de las empresas del denunciado y en 2015 había hecho una serie de impagos. Esto terminó con una denuncia en el juzgado y un alzamiento de bienes que el deudor nunca liquidar, ya que se encontraba en lugar desconocido.
Como revancha, cada vez que era denunciado por exceso de velocidad, el denunciado utilizaba los datos de la persona que le debía dinero, sin saber que este había muerto en 2016. Le identificó en ocho de los casos cuando ya había perdido la vida.
La persona muerta había sido clienta del conductor y le debía dinero
El hombre, de 59 años, español y vecino de L’Hospitalet, aseguró que se haría cargo de los expedientes pendientes, pero tendrá que hacer frente a un proceso judicial por falsificación documental, con una pena prevista en el Código Penal de prisión de hasta a 3 años.