Los conservadores estadounidenses se fueron ayer a dormir con la seguridad de que, pase lo que pase en las elecciones del próximo 3 de noviembre, en las décadas a venir van a contar con un Tribunal Supremo escorado hacia la derecha, capaz de deshacer y poner límites a decisiones relativas al aborto, la sanidad pública o la inmigración, entre otros temas que afectan directamente a la vida de los ciudadanos.
Hay que recomentarse a mediados de siglo XIX para encontrar con un candidato a juez de esta corte aprobado por líneas tan partidistas como la magistrada Amy Coney Barrett: la candidata del presidente Donald Trump ha obtenido esta madrugada 52 votos a favor (todos republicanos) y 48 en contra (47 de los demócratas y uno de una senadora conservadora de Maine).
A ocho días de las elecciones, el presidente Trump se apunta así una valiosa victoria política. La confirmación de Amy Coney Barrett, de 48 años, como magistrada de la máxima autoridad judicial del país ha sido la prioridad absoluta del movimiento conservador americano en las últimas semanas. Los mandatos son vitalicios y con ella, desde hoy mismo, la cifra de jueces nombrados por presidentes republicanos se eleva a 6 (la mitad de ellos, a propuesta de Trump). Solo quedan 3 nominados por los demócratas, de ahí que el voto abra la puerta a una era de pronunciamientos judiciales más conservadores que hasta ahora.
El Supremo, con 6 jueces conservadores y 3 progresistas, puede tener la última palabra sobre las elecciones
Colocar exclusivamente a magistrados que, como Barrett, están en contra del aborto fue una promesa de campaña crucial de Trump en el 2016. Aunque antes se había declarado a favor de la libre elección, el republicano abrazó la causa y se ganó así el apoyo de la derecha cristiana, que hasta entonces recelaba de él. Nada más tomar posesión, llenó la vacante que los senadores republicanos le habían guardado abierta y nombró al juez Neil Gorsuch. Un año después, la retirada prematura de un magistrado permitió al republicano colocar un segundo magistrado, Bret Kavanaugh, aunque solo después de una batalla política histórica a raíz de las acusaciones de abusos sexuales vertidas por varias mujeres contra su candidato.
Trump confía ahora en que la confirmación de Barrett – juez federal desde el 2017, solidamente conservadora en sus posiciones sobre el aborto, las armas o el tamaño del gobierno– le ayude a hacer remontar su campaña para la reelección, pero no ha ocultado que su urgencia por cubrir la vacante dejada con su muerte por la juez progresista Ruth Bader Ginsburg se debe a otras razones: los posibles recursos sobre el resultado electoral.
El presidente ya ha dicho que, si pierde, impugnará el resultado ante el Supremo, que también puede tener la última palabra sobre las leyes sobre el voto por correo aprobadas a instancias de los demócratas en varios estados (por ejemplo, en Pensilvania y Carolina del Norte), dos estados donde se espera un resultado muy reñido. Sus decisiones pueden ser cruciales en caso de que no haya un vencedor claro.
El nombramiento de Barrett puede ayudar a las carreras electorales de algunos senadores unos pero perjudicar a otros. No es esa la prioridad, señaló su líder en el Senado, Mitch McConnell . “Hemos hecho una importante contribución al futuro de este país. Mucho de lo que hemos logrado en estos últimos cuatro años tarde o temprano será deshecho por unas elecciones. No serán capaces de hacer nada sobre esto durante mucho tiempo”, sentenció anteanoche en el discurso que dio pie a 30 horas de debate previo a la votación final. El tándem Trump-McConnell ha confirmado unos 200 jueces federales, una cuarta parte del total actualmente en activo.
“Os arrepentiréis de eso por mucho más tiempo del que pensáis”, “el pueblo americano nunca olvidará este acto descarado de mala fe”, lanzó Chuck Schumer, líder de la oposición en la cámara alta. De hacerse con el Senado en noviembre, los demócratas podrían aprobar una reforma para ampliar el número de jueces y diluir la actual mayoría conservadora en el Supremo, pero muchos temen que el plan agravaría el problema que quieren corregir, la politización de la Corte. Su candidato a la Casa Blanca, Joe Biden, se muestra ambiguo hacia la iniciativa y ha respondido a la presión anunciando un grupo de trabajo sobre el tema.
Frustrados por no haber podido frenar la nominación hasta después de las elecciones, como los republicanos les hicieron hace cuatro años, los demócratas han ralentizado el proceso todo lo posible e intentan explotar el tema con fines electorales. Más allá de la posibilidad real de que el Supremo tumbe la sentencia de 1973 que legalizó el aborto, la campaña de Biden insiste sobre todo en el riesgo de que declare inconstitucional la reforma sanitaria de Barack Obama, un tema clave para movilizar a sus bases.
La promesa cumplida de nombrar jueces conservadores es uno de los mensajes clave de la campaña de Trump. El otro, minimizar la Covid-19. Ambos argumentos concluyeron anoche con la celebración en honor de Barrett organizado en la Casa Blanca, solo un mes después de que un acto similar la convirtiera en el probable foco de una docena de contagios, incluido Trump.