Julian Assange no ha sido puesto en libertad pero tampoco ha sido extraditado a los Estados Unidos. No ha ido al cielo, pero tampoco al infierno. Sigue en el mismo purgatorio en el que ingresó en el 2010, una especie de limbo legal. Ahora ha obtenido un nuevo permiso a apelar la orden de extradición solicitada por Washington y que el gobierno británico había concedido en base a los acuerdos bilaterales entre los dos países.
Los jueces de la High Court de Londres han determinado que la Administración Biden no ha respondido satisfactoriamente a las exigencias impuestas a cambio de la extradición. En particular a que el derecho de Assange a la libertad de expresión, reconocido por la primera enmienda a la constitución de los Estados Unidos, sería plenamente respetado en un juicio, y no se vería perjudicado por el hecho de no tener nacionalidad norteamericana.
Delitos de espionaje
Los magistrados también habían solicitado garantías de que a Assange no se le impondría en ningún caso la pena de muerte si fuera encontrado culpable de los diecisiete delitos de espionaje que se le imputan por haber filtrado a través de la plataforma Wikileaks cientos de miles de documentos comprometedores para Washington sobre abusos del Ejército en las guerras de Afganistán e Irán, asesinatos de civiles y torturas.
Como consecuencia de la decisión de hoy, Assange obtiene el derecho a apelar contra la orden de extradición emitida en su contra, y a cuestionar que recibiría un juicio justo con las mismas garantías legales y el mismo respeto a sus derechos que tendría un ciudadano de los Estados Unidos. Este proceso llevará meses, en el transcurso de los cuales seguirá encerrado en la prisión de máxima seguridad de Belmarsh, en la que se encuentra desde el 2019. Stella Morris, su abogada y esposa, se declaró aliviada de volver a ganar tiempo.
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Estados Unidos acusa al periodista australiano de haber atentado contra la seguridad nacional y puesto en peligro las vidas de decenas de informantes y agentes de la CÍA, por lo cual demanda un castigo ejemplar. Pero Assange y sus defensores consideran que sus denuncias constituyen un servicio público en el ejercicio de la libertad de prensa.
Assange suma ya casi 14 años de cautiverio. Permanece en prisión preventiva en la cárcel londinense de alta seguridad de Belmarsh desde abril de 2019, cuando Estados Unidos reclamó su entrega. En 2010 fue detenido a instancias de Suecia por un caso hoy archivado y situado en arresto domiciliario. Entre 2012 y 2019, se refugió en la embajada de Ecuador en Londres, hasta que esta le retiró finalmente el asilo político.
No habrá pena de muerte
El pasado 26 de marzo, el Tribunal Superior dictó que Assange podía recurrir su entrega en base a tres de nueve argumentos presentados por su defensa en un juicio previo en febrero si EE.UU. no ofrecía las mencionadas garantías. Estas debían asegurar que, de ser juzgado allí, el australiano de 52 años no será castigado con la pena de muerte -ilegal en el Reino Unido-; no será discriminado por su nacionalidad no estadounidense y podrá ampararse en la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que protege la libertad de expresión.
En una comunicación diplomática a la corte en abril, el Gobierno de Washington aseguró que, si Assange era extraditado, “no se verá perjudicado por razón de su nacionalidad en relación a la defensa que elija plantear en el juicio o de cara a la sentencia”. Washington también afirmó que “no se pedirá ni se le impondrá la pena de muerte”, pues el programador informático no está acusado de ningún delito castigado con la pena máxima.
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