El ataque del ejército israelí contra la caravana de World Central Kitchen, la oenegé del chef español José Andrés, en el que murieron siete cooperantes el 1 de abril, no fue un hecho aislado. Lo advirtieron entonces varios trabajadores humanitarios así como las Naciones Unidas. Y una investigación de Human Rights Watch (HRW) quiso reafirmarlo el martes, al revelar que el ejército israelí ha atacado al menos ocho instalaciones y convoyes de organizaciones humanitarias desde el inicio de la guerra en la franja de Gaza, el 7 de octubre.
Según la ONU, más de 250 trabajadores humanitarios han muerto en la guerra de Gaza. Del total, cerca de 190 pertenecían a la agencia de la ONU para los refugiados palestinos (UNRWA). El balance incluye a uno de sus guardias de seguridad que fue asesinado por disparos de las tropas israelíes el lunes, cuando iba en un vehículo marcado con el símbolo de la ONU en dirección al hospital Europeo de Rafah, informó el comisionado general de esa agencia, Philippe Lazzarini.
“Los aliados de Israel deben reconocer que estos ataques que han matado a trabajadores humanitarios han ocurrido una y otra vez y deben detenerse”, denunció la directora asociada de crisis, conflictos y armas de HRW, Belkis Wille.
Los aliados de Israel deben reconocer que estos ataques han ocurrido una y otra vez y deben detenerse
Según la investigación de la oenegé estadounidense, los ataques analizados mataron a 15 personas, incluidos dos niños, e hirieron a otras 16. “Las autoridades israelíes no enviaron avisos previos a ninguna de las organizaciones humanitarias antes de los ataques”, añadió HRW. Todas ellas habían comunicado sus coordenadas a las tropas israelíes para garantizar su seguridad, tal y como hicieron los empleados de WCK, que murieron porque un dron les disparó tres misiles, uno por cada vehículo del convoy, y que el ejército israelí concluyó que se produjo debido a un “error por una identificación equivocada”.
“Lejos de ser un 'error' aislado, este es solo uno de los al menos ocho incidentes que HRW identificó en los que las organizaciones humanitarias y agencias de la ONU comunicaron a las autoridades israelíes las coordenadas GPS de un convoy o de sus premisas e igualmente las fuerzas israelíes atacaron el convoy o el refugio sin advertencia alguna”, sentenció el informe. Todas estas entidades - agregó- coinciden en que “no había objetivos militares en el área al momento del ataque”.
Los otros siete casos estudiados por HRW afectaron a Médicos Sin Fronteras (MSF), UNRWA, el Comité Internacional de Rescate (ICR), Medical Aid for Palestine (MAP), y la American Near East Refugee Aid Organization (Anera). Algunos de ellos se produjeron contra las casas que acogían a sus trabajadores. Es el caso del ataque contra una casa de huéspedes compartida entre la MAP y el ICR, el pasado 18 de enero, en el que un avión F-16, que está fabricado con piezas británicas, lanzó una bomba, “posiblemente de fabricación estadounidense”, contra el edificio, según detalló el informe citando un análisis de investigadores de la ONU que visitaron el lugar. Tres personas resultaron heridas.
La oenegé estadounidense HRW llamó a los aliados de Israel, especialmente a Estados Unidos y Reino Unido, a suspender la asistencia militar y venta de armamento al Estado hebreo “mientras sus fuerzas violen de manera sistemática y generalizada las leyes de guerra contra civiles palestinos con impunidad”. “Los gobiernos que continúan proporcionando armas al Gobierno israelí corren riesgo de ser cómplices de crímenes de guerra”, concluyó.
Médicos Sin Fronteras que, según el informe, fue objetivo de tres de los ocho ataque mencionados, denunció en abril la impunidad con la que Israel actúa contra las oenegés. Por su parte, HRW demandó en su informe a Israel transparencia. Que permita acceder a los expertos encargados en investigar los ataques a todos los procesos de coordinación con las organizaciones que se produjeron “antes, durante y después” de estos incidentes, así como cualquier información con la que contaran sobre el presunto objetivo militar en las proximidades que motivó el ataque.
Todavía hoy José Andrés reclama una investigación independiente del ataque que mató a siete empleados de WCK. Israel concluyó que el ejército israelí había identificado erróneamente a hombres armados dentro de uno de los vehículos. Por ese ataque, que tuvo más atención mediática y denuncias por parte de países aliados que los demás al tratarse de trabajadores extranjeros, el ejército y los líderes israelíes pidieron disculpas. El presidente de EE.UU., Joe Biden, calificó el incidente como “inaceptable”, y marcó la primera crisis diplomática entre los dos países desde el comienzo de la guerra al sugerir que podía dejar de apoyar a Israel.