La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos en Honduras presentó este martes su informe anual que recoge, una vez más, la persistente violencia y un aumento de los ataques contra defensores de derechos humanos y periodistas pese al prolongado estado de excepción que dejó 24.563 detenciones.
En ese sentido, el informe anual de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (OACNUDH) señala que la violencia y la inseguridad "continúan afectando" a Honduras.
Honduras registró en 2023 una reducción del 17 % en el número de homicidios, pero aumentó un 24,2 % la muerte violenta de mujeres, según datos citados por la OACNUDH.
La representante de la OACNUDH en Honduras, Isabel Albaladejo, dijo a EFE que en el país "persisten" problemas estructurales, como la violencia, la impunidad y la falta de acceso a la justicia, que se subyacen a la violación de los derechos humanos.
"Son problemas estructurales que vienen de hace años y que no pueden ser abordados en el corto plazo, desde impunidad, falta de acceso a la justicia, violencia sobre todo violencia contra las mujeres, también un modelo de desarrollo que ha privilegiado a unos pocos sectores en detrimento de la mayoría de la población", subrayó.
No obstante, Albaladejo destacó "avances incipientes" en Honduras para abordar esos problemas desde la sociedad civil, así como "la voluntad" del Gobierno.
Aumentan ataques contra defensores y periodistas
La Oficina de la ONU señaló que Honduras reportó en 2023 "un aumento considerable" en los ataques contra defensores de derechos humanos, principalmente los que defienden la tierra, el territorio y el medio ambiente, y periodistas, "sin que se haya brindado una respuesta efectiva del Estado frente a la situación de riesgo que estas personas enfrentan".
"Preocupa la falta de respuesta efectiva del Sistema Nacional de Protección, principalmente la falta de implementación oportuna y eficaz de medidas idóneas de protección", subraya el informe.
La OACNUDH registró el año pasado 363 ataques contra 453 personas, de ellas 308 son defensores de derechos humanos y 145 periodistas, que terminaron en el asesinato de 15 defensores y dos comunicadores.
Albaladejo expresó además su preocupación por "la independencia e imparcialidad" del Poder Judicial y la duración prolongada del estado de excepción, que rige desde diciembre de 2022, "sin que se haya justificado su necesidad, proporcionalidad e idoneidad y sin que existan controles judiciales adecuados".
Según cifras oficiales, en el marco del estado de excepción la Policía Nacional realizó alrededor de 24.563 detenciones, entre ellas 1.581 mujeres y 322 menores de edad, y más de 16.988 allanamientos.
Albaladejo instó a Honduras a promover un modelo de desarrollo “incluyente, equitativo", y adoptar marcos legales y prácticas institucionales para “abordar y revertir” la violencia y la impunidad.
El año pasado, según el informe de la OACNUDH, en Honduras "no se dieron pasos significativos" para la adopción de una política integral de seguridad con enfoque de derechos humanos con énfasis en la prevención e investigación que aborde las causas estructurales de la violencia y la inseguridad.
El ministro hondureño de la Presidencia, Rodolfo Pastor, indicó a periodistas que el informe de la OACNUDH refleja "la trágica realidad" que enfrenta Honduras para garantizar a sus habitantes los derechos humanos.
El documento "es irrefutable" y representa además "una oportunidad para actuar" desde el gobierno y la sociedad civil para resolver "la ausencia de la justicia" en el país, señaló Pastor, que pidió a todos los sectores compromiso para mejorar la situación de derechos humanos en Honduras.