El expresidente Donald Trump, líder entre los candidatos republicanos, afronta numerosos baches judiciales en su carrera electoral
El Tribunal Supremo de Estados Unidos acordó este viernes revisar la decisión sin precedentes de Colorado de prohibir la participación de Donald Trump en las elecciones del próximo noviembre en ese estado por creer que alentó la insurrección tras el resultado de las urnas en el 2020.
La máxima autoridad judicial estadounidense ha señalado los argumentos orales para el 8 de febrero. Esta decisión coloca a los nueves magistrados del alto tribunal en medio del proceso electoral del 2024, justo en plenas primarias.
Esto representa la implicación más significativa del Supremo en el proceso electoral desde los comicios del 2000, después de que decantará las elecciones a favor de George W. Bush, en perjuicio de Al Gore, por cinco votos a cuatro, en una división partidista entres jueces conservadores y progresistas. Ahí emergió la polarización de la nación y causó daño a la reputación de la institución.
Su decisión en este nuevo caso podría tener un efecto dominó en caso de ratificar la decisión del alto tribunal de Colorado de considerar que Trump no puede ser elegible porque sus acciones llevaron al ataque del Capitolio el 6 de enero del 2021, en un intento por anular el veredicto de las urnas a favor de Joe Biden y perpetuarse en el poder.
Ratificar esta medida, que hoy parece muy remota, provocaría un seísmo nacional, puesto que establecería las coordenadas que permitirían a cualquier otro estado establecer una prohibición similar. Maine ya tomó una decisión idéntica y estados como Ilinois, Oregón o Massachusetts están a la espera, mientras que Minnesota o Michigan denegaron esta posibilidad.
Un juez de Colorado también se alineó con la postura de denegar la petición formulada por seis ciudadanos devetar la participación del expresidente. El magistrado determinó que Trump estuvo implicado en la insurrección como uno de los instigadores principales. Sin embargo, consideró que los presidentes no están sujetos a la cláusula de insurrección que establece la Enmienda 14 de la Constitución porque no son funcionarios de Estados Unidos.
Pero el alto tribunal de ese estado, al enmendar esa decisión, se convirtió en el primero que encontró que un candidato a presidente puede ser apartado de las urnas por esa provisión constitucional establecida tras la guerra civil. Esta enmienda se introdujo para prevenir que los insurrectos que incumplieran su juramento de defender la Constitución pudieran tomar posesión de la presidencia y evitar así que los confederados regresaran al poder. El Congreso puede eliminar la prohibición, pero esto requiere el apoyo de dos tercios en ambas cámaras.
Tanto en Colorado como en Maine la decisión está congelada, a la espera de posteriores resoluciones por los recursos que presentó Trump. De esta manera, el expresidente todavía puede tener su nombre en las primarias hasta que se resuelva el conflicto legal. Estos dos estados celebran sus primarias el 5 marzo, el súper martes, pero las papeletas ya están impresas y serán enviadas a los militares y otros votantes registrados que se hallan en el extranjero. En caso de que el aspirante republicano quedara fuera, los votos con su nombre quedarían anulados.
Al albur de esta decisión surgió otra polémica. Legisladores demócratas reclamaron que el magistrado ultra conservador Clarence Thomas se auto recuse y no participe en la resolución de este caso. Gini, la esposa de Thomas, estuvo implicada en la organización de los acontecimientos que derivaron en la toma del Capitolio. No solo eso, sino que ha sido una de las difusoras de la gran mentira de que Trump ganó las elecciones del 2020.
Pero el Supremo de EE.UU. carece de una guía ética y Thomas puede decir simplemente que será imparcial, por lo que todo apunta que no aceptara apartarse de este asunto. Thomas es el único de los actuales componentes del tribunal que participó en la decisión que facilitó a Bush la presidencia de Estados Unidos. Llegó a esta instancia por la nominación de Bush padre en 1991.
Esto no hace más que confirmar la visión ciudadana de que el Supremo trata los asuntos bajo el prisma del partido que los ha puesto en esa institución. Hoy hay seis conservadores por tres liberales. Los demócratas expresan poca confianza en esta corte, todo lo contrario de lo que indican los republicanos. La cuestión Trump tiene toda la carga para polarizar todavía más esta institución.
Los expertos constitucionalistas también están divididos sobre si sería bueno para la democracia prohibir la participación de Trump en las elecciones o si este movimiento, por legal que suene, no sería políticamente peligroso. Los legisladores republicanos de inmediato hablaron de interferencia electoral.
No pocos de estos expertos esperan que la justicia trate de resolver este asunto sin encarar la cuestión de fondo de si Trump estuvo en la insurrección, cuando todavía no existe sentencia alguna. Los jueces disponen de varias maneras para mantener al expresidente en las papeletas sin entrar en el meollo de fondo. Los abogados de Trump plantearon varios argumentos para invalidar la decisión de Colorado, como dar a los votantes la oportunidad de elegir a su candidato.
Desde el otro lado se replica que el lenguaje de la Constitución para prohibir a los insurrectos está más que claro, afecta a los presidentes y no requiere de una ley del Congreso para aplicar esa medida.