El cardenal Angelo Becciu, en una imagen de archivo
Un pequeño terremoto ha sacudido este sábado la Santa Sede con el resultado del que han llamado “el juicio del siglo”. El Tribunal del Estado de la Ciudad del Vaticano ha condenado al cardenal Angelo Becciu a cinco años y seis meses de prisión, a pagar una multa de 8.000 euros y le ha prohibido el ejercicio de cargos públicos, después de un proceso judicial de dos años y medio sin precedentes que investigaba las irregularidades financieras en la Santa Sede.
La noticia tiene aires de histórica. Se trata de la primera vez que un tribunal penal del Vaticano condena a un purpurado, Becciu, un cardenal italiano de 75 años que no hace mucho figuraba en las quinielas de los posibles papables.
Mantiene su inocencia
El cardenal apelará la sentencia y mantiene que ha sido víctima de una “demostrada maquinación contra él”
Becciu, sardo, era una de las figuras más importantes del Vaticano como sustituto en la Secretaría de Estado de la Santa Sede, de facto número tres del Vaticano, pero se terminó convirtiendo en el primer purpurado que se sentaba en el banquillo de los acusados por su papel en la estafa durante la compraventa de un edificio de lujo en Londres, una antigua sede de Harrods en Chelsea, cuando ostentaba este cargo. De momento no irá a la cárcel, porque sus abogados ya ha han anunciado que presentarán un recurso ante la corte de apelación. “Las pruebas emergidas durante el proceso y el origen de la acusación contra el cardenal son fruto de una demostrada maquinación contra él”, consideraron los letrados.
El caso londinense es la clave de la investigación centrada en cómo la Secretaría de Estado gestionaba sus activos, muchos de ellos financiados por el Óbolo de San Pedro, el organismo vaticano que recoge las donaciones de los fieles que en teoría se deben destinar a los más desfavorecidos. La operación inmobiliaria terminó dejando un pufo de unos 140 millones de euros en las arcas de la Santa Sede y durante las sesiones del largo y complicado proceso judicial –con más de 80 audiencias– se ha puesto en evidencia cómo esta compraventa terminó siendo utilizada por algunos agentes de bolsa y monseñores para extorsionar al Vaticano.
En concreto, el Tribunal considera que Becciu es culpable de malversación por haber puesto a disposición de un fondo de inversiones con alto riesgo de especulación más de 200 millones de dólares, un tercio del dinero entonces disponible en la Secretaría de Estado. De entre los diez imputados solo uno, Mauro Carlino, el secretario del cardenal, ha salido absuelto. Los otros, empleados de la Secretaría de Estado, brokers y mediadores de la operación acusados de lucrarse con la estafa a la Santa Sede, han sido condenados a indemnizaciones y penas de cárcel de hasta siete años y medio de cárcel.
También ha sido condenada a tres años y nueve meses de cárcel la sarda Cecilia Marogna, apodada en Italia como “la dama del cardenal”, y a quien Becciu presentaba como su sobrina. Esta supuesta experta en servicios de inteligencia es titular de una sociedad que tiene la sede fiscal en Eslovenia y recibió más de medio millón de euros de los fondos reservados teóricamente para negociar la liberación de una monja colombiana secuestrada por militantes yihadistas en Mali, pero la policía italiana cree que utilizó parte del dinero para comprar artículos de lujo y visitas a centros de spa. El juez considera que la versión de la liberación de la religiosa “no corresponde a la realidad”, y tanto a ella como a Becciu les consideran culpables de malversación.
La sentencia es el último golpe para Becciu, que ha mantenido su inocencia durante todo el proceso. En un principio el prelado no estaba siendo investigado por la estafa londinense, pero se vio arrastrado después de que durante las investigaciones los fiscales vieran malversación después de que mandara 125.000 euros del Vaticano a una organización benéfica en su Cerdeña natal dirigida por su hermano, un delito por el que también ha sido considerado culpable. El papa Francisco ya quiso castigarle públicamente forzándole a renunciar como prefecto de la Congregación de las Causas de los Santos y también retirándole las prerrogativas del cardenalato, por lo que no podría entrar en la Capilla Sixtina en el caso en que se celebrase un cónclave. La decisión, a la espera de las apelaciones, cierra un juicio que ha puesto de manifiesto, más allá de la falta de transparencia en las finanzas vaticanas, la incompetencia con la que se manejaba el dinero en la Secretaría de Estado de la Santa Sede y los daños en su reputación como consecuencia.