Vestidos de blanco, grupos de familiares de los presos llegaron a la cárcel de Papuda, en las afueras de Brasilia con cara de quien quiera denunciar un flagrante atropello a la justicia. Pero era imposible hablar con ellos. "Ustedes tienen mala suerte; ellos (los bolsonaristas) han convocado una manifestación y hemos tenido que cerrar el acceso", explicó el jefe del grupo de policías que vigilaba la carretera.
En el cruce, un hombre que lucía una camiseta verdeamarilla esperaba a ver a su familiar en la cárcel. "Yo estaba ahí el día 8, vendía banderas y camisetas a los manifestantes; es verdad que ellos no deberían haber roto las cosas, pero hay buena gente allí en esa cárcel".
Militares brasileños, desmantelando, el 9 de enero, los campamentos bolsonaristas de Brasilia
942 bolsonaristas permanecen en Papuda. Son los peces pequeños del asalto a las instituciones del poder democrático del pasado 8 de enero, que algunos califican como un intento de golpe de estado y otros no.
A los detenidos el 8 de enero
De vez en cuando circulan vídeos en las redes bolsonaristas que denuncian los malos tratos en las cárceles
De vez en cuando circulan vídeos en las redes bolsonaristas que denuncian los malos tratos en las cárceles. "Están siendo torturados, sin comida y sin agua", se indignó un líder local bolsonarista del estado de Pará, en un mensaje por WhatsApp. Jamás la derecha brasileña se había sentido tan preocupada por la suerte de los presidiarios.
Delante de Papuda, resultaba difícil de creer que aquellos desenfadados policías federales podían ser torturadores. Pero el bolsonarismo quiere convertir a sus presos en mártires vivos. “La alimentación es una ‘quentinha’ (un plato preparado de arroz, frijol, carne y verduras que se suele preparar para gente pobre) y por la noche un trozo de pan y chocolate", denuncia en un vídeo la mujer de un detenido oriúndo de Paraná, donde Lula pasó 580 días en la cárcel. No parecía el peor régimen alimentario de las cárceles brasileñas. Pero luego añade entre sollozos: "Ni sabemos si están vivos".
No es el único ejemplo del victimismo en la comunidad bolsonarista. Tras el primer día de detenciones, el mes pasado, un detenido se quejó de que habían sido encarcelados "contra nuestra propia voluntad" ("es lo que suele pasar", respondió cáusticamente el juez). Otros bolsonaristas en Papuda lamentaron la ausencia de wifi y agua helada.
Tal vez la prisión preventiva será un buen escarmiento. Pero, es cierto, también que las penas de 30 años barajadas por el implacable juez Alexandre de Moraes parecen excesivas para quienes han cometido delitos como bajarse los pantalones en el palacio presidencial o rasgar obras de arte simbólicas del modernismo brasileño, como Las Mulatas, de Emiliano Di Cavalcanti.
Otra cosa es el castigo justo para los peces gordos de los acontecimientos del 8 de enero. Anderson Torres, el exsecretario de seguridad pública de la capital, no solo se considera responsable de hacer la vista gorda al asalto sino también es acusado de tantear un autogolpe bolsonarista, esbozado en un documento incriminatorio, encontrado en su piso, en Brasilia, el mes pasado. Detenido tras volver de Florida -donde coincidió con Bolsonaro-, Torres está recibiendo tratamiento psiquiátrico en una prisión militar en Guará, a 20 kilómetros de la capital. El exresponsable de la policía militar del Distrito Federal, Fabio Augusto Vieira, y el jefe de la policía militar en la capital, Jorge Eduardo Naime, están encarcelados en otras unidades penitenciarias de la capital.
La cuestión que domina las tertulias es si el pez más grande de todos -el expresidente Bolsonaro- acabará en Papuda también. Hay nuevos motivos para pensar que debería. Según un senador allegado al expresidente, Bolsonaro no puso ninguna objeción durante una reunión en diciembre en el que se urdía un plan de destituir a de Moraes y así impedir la toma de posesión de Lula.
Un plan de autogolpe de esta índole sí sería motivo para la cadena perpetua y la extradición de Bolsonaro, exiliado en Florida desde el 3 de enero. Pero el mismo senador luego modificó su testimonio y minimizó el papel del expresidente en la trama golpista. Por el momento, según reconoce el ministro de Justicia, Flavio Dino, no existe una "situación que justifique la solicitud de extradición (...) eso sí, si (Bolsonaro) prolonga su estancia indefinidamente, la situación cambiará". El ex presidente ha cambiado Orlando, donde se alojó en enero, por un apartamento en Doral (Miami) y su hijo Flavio dijo que su padre no descarta permanecer para el resto de su vida fuera de Brasil.
Si al final se juzga a Bolsonaro y sus allegados por golpismo, la cuestión que habrá que resolver en el juicio es si lo ocurrido el 8 de enero constituye, de verdad, un intento de golpe con apoyo militar. Dino y Lula creen que sí y citan la ausencia de los batallones de protección del presidente y la negativa del mando militar a desalojar el acampamento delante del cuartel general en Brasilia. Los grandes medios hablan sin muchas reservas de un intento de golpe.
Pero analistas militares consultados en Brasilia rechazan esta lectura del 8 de enero. "Tenemos más de 600 unidades militares en Brasil; en frente de muchas de estas la gente (bolsonarista) estaba acampada durante dos meses; todos los días pidiendo intervención militar", dijo el reservista del ejército coronel Paulo Filho. "Pero no hay un solo caso de un mayor, capitán, teniente o coronel que saliera a la calle con sus tropas; ningún militar salió en la televisión", sostiene. Para Filho la negativa de desalojar el cuartel de Brasilia en la noche del 8 de enero fue por motivos de seguridad. "Decir que hubo un intento de golpe para mí es un error factual".