Con la mayor impunidad. Así fue asesinado ayer el presidente de Haití, Jovenel Moïse, de 53 años. A la una de la madrugada, hora local, hombres armados a bordo de varios coches irrumpieron ante su residencia privada y conminaron a la unidad policial de protección presidencial a deponer sus armas, afirmando que se trataba de una operación de la DEA, la agencia estadounidense contra el tráfico de drogas. Hubo disparos, alguien dijo también que hubo dos explosiones, y tras asesinar a tiros a Moïse y dejar herida a su esposa, Martine, desaparecieron. Uno de los tres hijos de la pareja fue testigo pero resultó indemne.
A las cinco de la mañana, el primer ministro en funciones, Charles Joseph, anunciaba la noticia al país, convocaba el consejo de ministros y, solo horas después, declaraba el estado de emergencia por 15 días a fin de buscar a los asesinos, con la prohibición de todo tipo de reuniones.
Jovenel Moïse, en su casa de Pelerin,al norte de la capital haitiana, Puerto Príncipe, el 7 de febrero del 2020
En un país donde se vive sobre todo en la calle, pocos se atrevían a salir ayer, pendientes de las noticias o, más bien, de los rumores, que tienen una importante tradición y se desataban ante la muy escasa, casi nula información oficial. Los atacantes se expresaban en español e inglés (contrariamente a las lenguas del país, el creole y el francés), vestían de negro y constituían un grupo bien entrenado, tenían armas potentes. Según algunas fuentes, se trataría de latinoamericanos. El embajador de EE.UU., Bocchit Edmond, afirmó ayer tarde que eran “mercenarios extranjeros”.
No se informó de si las fuerzas policiales actuaron y de si hubo víctimas entre sus miembros. El acceso a la casa de Jovenel Moïse, en una zona apartada de Pelerin, cerca de Pétion Ville, en la zona alta del gran Puerto Príncipea, es una sola carretera, y aparentemente los asesinos se fueron tranquilamente por donde habían venido.
Todo ello, dijeron fuentes consultadas en Puerto Príncipe, sugiere “un golpe interno” –es decir, desde dentro del establishment – contra un presidente enormemente impopular, no solo entre la población sino entre importantes sectores económicos, los llamados oligarcas. Moïse llevaba desde el 2018 gobernando por decreto, había disuelto el Parlamento y había programado elecciones para el 26 de septiembre junto con un referéndum constitucional que aumentaría los poderes presidenciales. Moïse ya no podía concurrir a estas elecciones, pero sí sus aliados, el expresidente Michel Martelly y,sobre todo, el ex primer ministro Laurent Lamothe, que le servirían para protegerse de la justicia por el escándalo de Petrocaribe, la desaparición de 4 millardos de dólares del programa venezolano de suministro de petróleo.
El pasado febrero, Moïse, empresario de la banana que llegó a la presidencia en el 2017 en circunstancias muy complejas, afirmó que le querían matar cuando dijo haber desmantelado un supuesto intento de golpe de Estado del que responsabilizó a varios jueces. Organizó entonces su propio y personal servicio de inteligencia, que obviamente no le ha salvado. Sus mejores apoyos perecían provenir del crimen organizado y del líder de la federación de bandas llamada G-9, el expolicía Jimmy Cherizier, alias Barbecue. Las bandas controlan cada vez más núcleos urbanos e incluso carreteras en Puerto Príncipe y alrededores. El pasado 29 de junio eran asesinados en la capital la activista de la oposición Antoinette Duclaire y el periodista Diego Charles,ambos de 33 años, además de otras 13 personas.
El vacío de poder y el terror de las bandas hacen temer un estallido
En este clima sofocante, las próximas elecciones parecen interesar más a las embajadas y la ONU que a los propios haitianos, según un esquema recurrente de apoyo al país que se reduce a pedir que hablen las urnas. Justamente el lunes pasado Moïse había nombrado su séptimo primer ministro, Ariel Henry, de 71 años y miembro de la célula científica anticovid. Henry debía estar a cargo de las elecciones, y todavía no ha ocupado el cargo. Fallecido el presidente del país, el poder debía pasar al presidente del Tribunal Supremo,pero éste murió de covid el mes pasado (precisamente, el 14 de junio tenían que llegar las primeras 130.000 dosis de AstraZeneca, pero el Gobierno las rechazó, y el país no ha recibido aún vacuna alguna).
Tampoco existe el Parlamento, de modo que el primer ministro, Charles Joseph, va a tener que capear con el vacío de poder como pueda, mientras se espera que la oposición, represaliada por Moïse y sin cabeza visible ahora mismo, diga alguna cosa.
El aeropuerto de Puerto Príncipe fue cerrado ayer (también la vecina República Dominicana cerró sus pasos fronterizos) después de un tiroteo matinal en sus cercanías entre la policía y las bandas, al parecer con varios muertos. También se hablaba de saqueos en la zona portuaria. Hoy se reunirá de urgencia el Consejo de Seguridad de la ONU a petición de Charles Joseph, mientras los haitianos ruegan porque no haya una explosión de violencia descontrolada.
Haití
Una historia de violencia, pobreza e inestabilidad
República. Bajo dominación española hasta 1697, después francesa, Haití se independiza en 1804 tras una revuelta de esclavos. Desde entonces, vive dictaduras, periodos democráticos, ocupaciones extranjeras y desastres naturales.
Duvalier. De 1957 a 1986, François Duvalier y su hijo Jean-Claude someten a su pueblo a una brutal represión hasta que este es derribado por una revuelta.
Aristide. En 1990, el sacerdote Jean-Betrand Aristide es elegido presidente en los primeros comicios libres. Un año después cae por un golpe de Estado y se exilia. Regresa a Haití en 1994 tras una intervención estadounidense y retoma el poder en el 2001, pero dimite tres años después bajo la presión de Washington y París y una insurrección armada.
Moïse. René Préval, próximo a Aristide, asume la presidencia en el 2006 y agota los dos mandatos constitucionales. El terremoto del 2010, que causa más de 200.000 muertos, agrava la inestabilidad. Tras una larga crisis electoral, el empresario Jovenel Moïse es investido presidente en el 2017. Pronto afronta la ira popular por una subida de precios y es acusado de corrupción. Desde el 2020, gobierna por decreto. Su gestión de la pandemia agudiza las protestas en el Estado más pobre de América Latina.