Fiel a su promesa de acabar con las políticas migratorias más polémicas aprobadas por Donald Trump, el nuevo presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha ordenado hoy remediar los efectos de una de las más criticadas, la separación de familias en la frontera, pero por el momento se va a limitar a someter a revisión y no directamente eliminar de una vez la mayor parte de medidas aprobadas por su antecesor. Cuestiones legislativas aparte, la cautela se debe también al deseo de evitar un efecto llamada que provoque un aumento de la inmigración irregular.
"Vamos a trabajar para deshacer la vergüenza moral y nacional de la anterior administración que, literalmente, arrancó a niños de los brazos de sus familias, los padres y madres en la frontera, sin tener ningún tipo de plan para reunificar a los niños", ha dicho Biden en el despacho oval al firmar la orden ejecutiva por la que se creará un grupo de trabajo dedicado específicamente a identificar y resolver los casos abiertos.
Unos 5.500 niños fueron separados de sus familias por la política de 'Tolerancia cero'
Los fines de esta política, llamada 'cero tolerancia', eran sobre todo disuasorios pero alrededor de 5.500 niños inmigrantes fueron separados de sus padres, acusados de entrada ilegal en el país y juzgados por la vía penal. Algunos adultos fueron repatriados sin antes reunir a las familias afectadas. Aunque la política fue anulada en junio del 2018 en medio de una gran conmoción pública, se calcula que hay unos 600 niños que siguen en territorio estadounidense, en centros de menores o en régimen de acogida con familias, porque no ha podido identificar a ningún familiar a quienes devolverlos.
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A su lado se encontraba el flamante secretario de Seguridad Interior, Alejandro Mayorkas, un inmigrante llegado de Cuba cuando era niño con sus padres que ya desempeñó cargos de responsabilidad durante la administración Obama. Es la primera vez que un hispano toma las riendas de este departamento, responsable de la gestión migratoria. Solo siete republicanos votaron a favor de su confirmación, una muestra de la oposición que suscita la agenda migratoria de Biden.
Biden ha propuesto al Congreso un plan para regularizar a millones de indocumentados
Entre las propuestas que la nueva Casa Blanca ha remitido al Congreso figura un plan para facilitar la regularización, con condiciones, de los 11 millones de inmigrantes indocumentados que se calcula que hay actualmente en EE.UU. Esta medida, sin embargo, solo podrá salir adelante con el acuerdo del legislativo. Entre los colectivos a los que se quiere garantizar protección figuran los llamados 'soñadores', los inmigrantes que fueron llevados a EE.UU. por sus padres cuando eran menores, protegidos por un programa diseñado en su día por Mayorkas
Each and every generation of immigrants has made our nation stronger — our diversity is one of our greatest strengths. Today, I’ll take action to rebuild and strengthen our immigration system.
— President Biden (@POTUS) February 2, 2021
Biden planea desmantelar algunas de las medidas más duras de la estrategia de 'América primero' de Trump pero por el momento solo ha ordenado una revisión "de arriba a abajo de las regulaciones, políticas y directrices recientes que han puesto barreras a nuestro sistema de inmigración legal" aprobadas por su antecesor. Una de las medidas que Biden se ha propuesto eliminar y ahora están siendo revisadas es la norma de la 'carga pública', que en la práctica supone aplicar un test de riqueza a los inmigrantes y hace más complicado conseguir una tarjeta de residencia. Una de las órdenes firmada ayer prevé volver a trabajar con Centroamérica en la raíz de la inmigración, sus causas socioeconómicas, con los países de origen, una política desterrada por la anterior administración.
Biden puede ver su agenda frenada por los jueces, como le pasó a Trump
Por el momento, la Casa Blanca va a mantener en vigor la orden aprobada por Trump al comienzo de la pandemia que permite a las autoridades estadounidenses rechazar directamente a casi todas las personas que detiene cruzando de forma ilegal. El programa 'Quédate en México', por el que unas 65.000 han sido devueltas a este país para esperar allí el desenlace de sus expedientes, ya ha sido suspendido por Biden pero no ha explicado qué piensa hacer con los casos que siguen abiertos.
El cambio de tono con la anterior administración es total. Una de las órdenes firmadas ('Restaurar la fe en nuestros sistemas de inmigración legal y reforzar los esfuerzos de inclusión de los nuevos americanos') comienza recordando que 40 millones de personas que viven en EE.UU. han nacido en el extranjero y millones más tienen a inmigrantes como ancestros. "Nuestra nación se beneficia social y económicamente de la presencia de inmigrantes y los apoyamos cuando dan el importante paso de convertirse en ciudadanos estadounidenses", afirma el decreto, que destaca las contribuciones de los inmigrantes en todos los sectores económicos, incluido su papel durante la pandemia en puestos de trabajo esenciales, y propone la adopción de medidas para apoyar su integración, por ejemplo mediante la recepción de ayudas sociales.
Algunas asociaciones de ayuda a inmigrantes han expresado sin embargo su decepción con la cautela con que ha arrancado el nuevo presidente en el terreno migratorio. "Creo que todos estábamos esperando algo más inmediato y operativo", hará que "esperar y ver" qué piensan hacer, ha dicho a la agencia Reuters Michelle Brane, responsable de la oenegé Comisión de Mujeres Refugiadas. Pende además la amenaza de recursos judiciales. Del mismo modo que algunas de las medidas de Trump fueron denunciadas por la oposición y, eventualmente, bloqueadas, también Biden puede ver sus acciones frenadas por los jueces, como ya ha ocurrido con su decisión de suspender durante 100 días las deportaciones mientras su equipo analiza la situación.