Viktor Orbán ha abierto otro frente con la Unión Europea en la batalla del Estado de derecho y lo ha hecho con una de sus tácticas preferidas, la provocación. Si Hungría ya está sometida al procedimiento del artículo 7 y también amenaza con bloquear los presupuestos europeos si se les incluye una condicionalidad de este tipo, ahora ha pedido la dimisión de la vicepresidenta de la Comisión Europea responsable precisamente de la supervisión del Estado de derecho, la checa Vera Jourová. Una iniciativa que eleva la tensión en la discusión sobre el auge del autoritarismo en la UE.
El primer ministro húngaro ha pedido el cese a través de una carta a la presidenta Ursula von der Leyen, anunciando además que “suspende todos los contactos bilaterales” con la comisaria Jourova. El motivo que alega son unas declaraciones de la comisaria al semanario alemán Der Spiegel en las que califica a Hungría de democracia enferma. En concreto, la frase que ha actuado como detonante del ataque es que “al señor Orbán le gusta decir que está construyendo una democracia iliberal….yo diría que está construyendo una democracia enferma”, lo que para el primer ministro supone una “humillación a Hungría y al pueblo húngaro” que contradice el rol de la Comisión Europa como institución neutral y objetiva.
La respuesta de Von der Leyen ha sido la de ratificar su “total confianza” en la comisaria, para añadir que “nuestras preocupaciones respecto al Estado de derecho en Hungría son bien conocidas y serán reflejadas en el informe sobre el Estado de derecho que presentamos mañana”, según indicaron sus portavoces. Hay que destacar la coincidencia de calendario entre la petición de dimisión y este informe que Bruselas publica hoy por primera vez para auditar la actuación de los países en lo que respecta a la independencia judicial, la corrupción y la libertad de prensa. Una evaluación en la que, previsiblemente, Hungría no saldrá bien parada.
Ursula von der leyen
Apoya plenamente a su comisaria, responsable de supervisar el Estado de derecho en la UE
El ataque directo a un comisario no es una novedad en el historial de Orbán. Ha criticado a comisarios y a presidentes. El predecesor en el cargo de Jourová, el actual vicepresidente Frans Timmermans, ya sufrió sus embestidas, incluida una petición de dimisión en el 2017, en aquella ocasión formulada a través de unas declaraciones del ministro de Asuntos Exteriores, Peter Szijjarto. También el expresidente de la Comisión Europea Jean-Claude Juncker vio como Fidesz utilizaba su rostro y el de George Soros, el chivo expiatorio habitual del régimen húngaro, en unos carteles antimigración en la campaña electoral del 2019. Son provocaciones que forman parte de la estrategia de Orbán de presentarse como defensor de la soberanía húngara frente a los “burócratas de Bruselas”.
Es un Orbán que sigue siendo un socio muy incómodo para los populares europeos. Sus 13 eurodiputados militan en el grupo parlamentario popular, mientras que su partido, el Fidesz, sigue suspendido de militancia en el PPE. Su presidente, Donald Tusk, anunció que haría votar su expulsión definitiva, pero el voto está aplazado por la pandemia, a la espera de que la Asamblea Política pueda reunirse físicamente.
Mientras, Hungría, junto con Polonia, pelea también en otros dos terrenos. Por un lado, tiene que seguir dando explicaciones al resto de países sobre su respeto al Estado de derecho. Es el famoso artículo 7. Un procedimiento que, sin embargo, se está demostrando poco eficaz, porque para pasar a la fase de sanciones, se requiere una unanimidad muy difícil de obtener.
Primer informe de la CE
Hoy se publica el test de independencia judicial, corrupción y libertad de prensa en los 27 países
Vista la falta de contundencia de este método, ahora se pretende establecer un vínculo entre los presupuestos de la UE y el Estado de derecho. La propuesta alemana en discusión permite suspender los fondos a un país que viole el Estado de derecho en temas que tengan relación suficientemente directa con los presupuestos. Una limitación temática de la que se quejan algunos países y muchos parlamentarios, al considerar que reduce mucho el margen de aplicación, ya que la independencia judicial, por ejemplo, quedaría al margen de esa condicionalidad. Esto por un lado, pero por el otro extremo, también Hungría rechaza la propuesta. “El Estado de derecho no puede ser protegido de una manera que viola los principios más básicos. Esto no es un Estado de derecho, es el derecho al chantaje”, afirmó la ministra de justicia húngara, Judit Varga.