Al menos ocho fallecidos en las protestas en Colombia contra un caso de brutalidad policial
Todos jóvenes
La muerte de un abogado durante su arresto por el uso prolongado de una pistola eléctrica ha conmocionado al país y ha desatado violentas protestas
Todos los fallecidos son jóvenes, incluyendo un menor de edad
Al menos ocho personas murieron en la violenta jornada de protestas de anoche en Bogotá y otras ciudades de Colombia, desencadenada por la brutalidad policial que causó la muerte al abogado Javier Ordóñez durante su arresto, informaron hoy las autoridades.
Los peores disturbios tuvieron lugar en Bogotá y en Soacha, populosa localidad situada al sur de la capital colombiana, pero también hubo violencia en otras ciudades del país como Cali, Medellín, Ibagué, Mosquera y Madrid, estas dos últimas cercanas a Bogotá.
Los violentos enfrentamientos con la policia han terminado en tragedia
Seis de los fallecidos se registraron en la capital colombiana, todos ellos jóvenes con heridas de bala, tal y como ha explicado la alcaldesa de Bogotá Claudia López. Las otras dos muertes tuvieron lugar en Soacha. El ministro de Defensa ha explicado que todas las muertes, incluida la de un menor de 17 años, están siendo investigadas.
El general Moreno añadió que, en los disturbios, 55 personas quedaron lesionadas y fueron ingresadas en hospitales por lesiones con objetos contundentes, 51 de ellos en Bogotá y los otros cuatro en Soacha.
Colombia ha ardido en llamas esta madrugada
Igualmente sufrieron lesiones 93 policías, la mayoría de ellos en Bogotá (87) durante la oleada de vandalismo en la que fueron incendiadas instalaciones policiales y autobuses públicos.
La Policía detuvo a 70 personas involucradas en los desmanes “por daño en bien público y violencia contra servidor público” tanto en Bogotá como en Medellín, Cali y ciudades del extrarradio de la capital en la que hubo violencia.
Funcionarios y peritos trabajan hoy con los restos de buses de TransMilenio incinerados durante las protestas
Las protestas comenzaron frente al Comando de Acción Inmediata (CAI) de la Policía del barrio Villa Luz, en el oeste de Bogotá, en el que trabajaban los dos uniformados que en la madrugada de ayer sometieron con brutalidad y el uso prolongado de una pistola eléctrica Táser a Ordóñez, abogado de 46 años y padre de dos hijos pequeños, que falleció poco después en una clínica.
Sin embargo la manifestación, en principio pacífica, se convirtió en una acción vandálica en la que fue destruida la instalación policial y se propagó a otros barrios de Bogotá en los que hay CAI, que son cuartelillos policiales para atender emergencias.
Una mujer muestra un cartel para reclamar justicia en el caso del abogado Javier Ordóñez, víctima de la violencia policial
El oficial detalló que 56 instalaciones policiales fueron afectadas y que los daños más graves tuvieron lugar en 53 CAI, 49 de ellos en Bogotá, de los cuales 22 fueron incendiados.
Los desórdenes dejaron además vehículos oficiales y de servicio público incendiados o dañados, incluidos 37 autobuses del sistema Transmilenio y 49 del Sistema de Transporte Urbano (SITP), así como algunos comercios y bancos atacados.
La CIDH condena los “casos de brutalidad policial” en Colombia
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó este jueves “enfáticamente los casos de brutalidad y abuso policial” registrados recientemente en Colombia.
En un mensaje en su cuenta de Twitter, el organismo humanitario hizo mención al caso del abogado Javier Ordoñez, que el martes murió “como consecuencia de los golpes y descargas eléctricas propinadas por agentes policiales mientras se encontraba sometido en el piso”.
“El uso de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad del Estado debe seguir los principios de legalidad, necesidad, razonabilidad y proporcionalidad, poniendo en el centro la protección de los derechos de todas las personas”, dijo la CIDH.
También se refirió a las protestas contra la violencia policial registradas debido a este caso en varias ciudades de Colombia, en las que al menos ocho personas han perdido la vida y decenas más resultaron heridas.
“Todos estos hechos deben ser esclarecidos, investigados y sancionados”, señaló la CIDH, que recordó que es deber del Estado “garantizar el derecho a la vida, integridad y libertad de manifestación”.
“Actos aislados de violencia, no convierten en una amenaza al orden público al movimiento social que ejerce sus derechos de libertad de expresión, reunión y asociación”, agregó.