Tradicional reunión anual de los ponentes de la Constitución andorrana
La elaboración de la Constitución Andorrana de 1993 se basa en los antecedentes y en la historicidad de las instituciones públicas, conjugadas de manera equilibrada
De izquierda a derecha, Jordi Farràs, Joan Santamaria, Enric Casadevall, Jaume Bartumeu, Maria Reig, Alex Miquel, Isidre Bartumeu, Ladislau Baró, Josep Areny, Albert Gelabert y Josep Marsal
Como cada año desde 1994, los miembros de las comisiones legislativas del Parlamento andorrano que se encargaron de negociar y redactar la Constitución y las principales leyes de despliegue directo de esta se reencontraron en una cena para recordar las experiencias vividas y para evaluar distendidamente la progresiva implementación efectiva de la Carta Magna.
Este año, el encargado de organizar la cena ha sido el que fuera secretario de Sindicatura durante el proceso constituyente, Isidre Bartumeu, quien obsequió a los asistentes con un ejemplar original del documento de su tesis doctoral, El Coprincipat andorrà.
Todo comenzó en 1990, cuando el Consejo de Europa recomendó la redacción de una Constitución que posibilitara el acercamiento de Andorra al resto de estados del Viejo Continente. En especial se hacía hincapié en fomentar los derechos de sus residentes y trabajadores de forma acorde al contexto occidental. El país asumió la recomendación y se puso a trabajar de inmediato para dotarse de esta Carta Magna.
La Constitución reconoció una serie de derechos que homologaron el sistema político andorrano con el de sus vecinos europeos
Una comisión fue la responsable de su redacción. Estaba conformada por representantes de los dos copríncipes (por entonces, el presidente francés, François Mitterrand, y el obispo de la Seu d’Urgell, Joan Martí Alanis), del Consejo General y del Consejo Ejecutivo. En abril de 1991 se terminó el proyecto del texto. Dos años después y tras las negociaciones, el 2 de febrero de 1993, el Consell General de Andorra aprobaba la Constitución con su articulado definitivo. Solo faltaba un paso más, su aprobación por parte de la ciudadanía en el referéndum que se celebró el 14 de marzo de 1993. Un mes y medio después, la Carta Magna entró en vigor.
El texto, que fue rubricado por los copríncipes François Mitterrand y Joan Martí Alanis, y el síndico general Jordi Farràs Forné, supuso una modernización para el ordenamiento jurídico del país, que hasta entonces dependía de leyes tradicionales.
Con la nueva Constitución, la soberanía residía en el pueblo andorrano. También se reconoció la separación de poderes, derechos y libertades fundamentales, se abolió la pena de muerte, se estableció la nacionalización por años de residencia y el matrimonio civil tuvo pleno reconocimiento legal. Pese a este impulso, la Carta Magna no implicó una ruptura total con el pasado y las tradiciones, como escribió el eminente jurista andorrano Josep Maria Porcioles: “Tierra de libertades, donde el hombre ha creado, con plena decisión, sus costumbres, parte viva e inseparable de su estatuto jurídico”.
Andorra también se presentaba al mundo como un estado homologable a sus vecinos. Así abrió las puertas para su acercamiento a la UE y el país fue reconocido como miembro de pleno derecho de la comunidad internacional, ya que ingresó en sus organismos de referencia, como Naciones Unidas (1993), el Consejo de Europa (1994) y la Organización Mundial del Comercio (1997), entre otros. También se fomentó la actividad diplomática, con la apertura de embajadas y la multiplicación de las relaciones bilaterales con otros estados.