Los manifestantes de Hong Kong desafían con violencia la prohibición de llevar máscaras

El techo de un vagón de metro ardiendo en el barrio de Kowloon Tong. Gas lacrimógeno en Tsuen Wang, Tuen Mun y Aberdeen. Un policía fuera de servicio al que los manifestantes apalean y le lanzan dos cócteles molotov en Yuen Long, a lo que responde con un disparo que hiere en la pierna a un chaval de 14 años. Agentes antidisturbios avanzando por Wan Chai. Sucursales bancarias destrozadas en Sha Tin y Chai Wan. El cierre de todas las líneas de metro por primera vez en la historia. Y un largo etcétera de incidentes de mayor o menor gravedad en otros muchos puntos de la ciudad.

De esta manera recibió Hong Kong la decisión anunciada hoy por la jefa del Ejecutivo local, Carrie Lam, de invocar la Ordenanza de Regulaciones de Emergencia, una herrumbrosa ley que data de la era colonial, para prohibir todo tipo de máscaras en las asambleas públicas a partir de la medianoche del viernes. Medidas similares existen en países democráticos como Estados Unidos, Canadá, Francia, Italia o España, entre muchos otros más.

“Las protestas de los últimos cuatro meses han ido aumentando su violencia, que ha alcanzado unos niveles alarmantes en los últimos días”, sostuvo Lam ante la prensa en la sede el Gobierno regional. “No es una decisión fácil, pero es necesaria” para “restaurar el orden”, añadió.

La nueva normativa castiga con penas de hasta un año de prisión y multas de hasta 25.000 dólares hongkoneses (unos 2.900 euros) a aquellos que se cubran el rostro con cualquier tipo de máscara durante los disturbios, marchas y concentraciones, aunque manteniendo ciertas excepciones por causas médicas, religiosas o profesionales. Además, permite a la policía detener a cualquier persona que se cubra el rostro con una máscara en público si sospecha que lo hace para ocultar su identidad y puede exigirle que se la quite.

Pero como ya habían advertido sus críticos, su aplicación no será sencilla. “No me la voy a quitar, y la mayoría de los compañeros con los que he hablado en la oficina dicen que tampoco lo harán”, aseguró a este diario Edan, empleado de una firma de seguros con sede en el distrito financiero.

A su alrededor, miles de trabajadores de oficinas cercanas, la mayoría luciendo máscaras, se manifestaban de manera espontánea contra una legislación que consideran que abre las puertas a futuras restricciones. “¡Si ardemos, tú arderás con nosotros!”, gritaban cuando unos jóvenes prendieron fuego a un cartel conmemorativo del 70º aniversario de la fundación de China celebrado el pasado martes. “¡Cinco demandas, ni una menos!”, coreaban también en referencia a sus exigencias al Gobierno local, que incluyen la puesta en libertad sin cargos de los detenidos o mayor democracia.

“No me la voy a quitar, y la mayoría de los compañeros con los que he hablado en la oficina dicen que tampoco lo harán”, asegura un empleado de una firma de seguros

Entre la población hongkonesa, el uso de mascarillas es algo muy habitual por motivos sanitarios -sobre todo desde la crisis del SARS de 2003-, tanto para protegerse de posibles gérmenes como para evitar contagiarse. Pero desde que comenzaron las protestas en junio contra el proyecto de ley de extradición, miles de personas hacen uso de ellas durante las manifestaciones para ocultar su identidad -sobre todo cuando cometen destrozos y otros actos ilegales-, y protegerse contra los gases con los que la policía trata de dispersar a la multitud.

Desde hace unos días se especulaba con la posibilidad de que las autoridades recurrieran a la Ordenanza de Regulaciones de Emergencia, redactado en 1922 cuando el territorio todavía era colonia británica. Este texto legal permite a las autoridades “imponer las normas que consideren deseables para el interés público” en caso de “urgencia y peligro” y sin necesidad de contar con la aprobación del Parlamento local. La última vez que se hizo uso del mismo fue en 1967, cuando las revueltas promovidas por grupos izquierdistas con el apoyo del Partido Comunista chino causaron la muerte de 51 personas.

Como era de esperar, el Gobierno central de Pekín apoyó la decisión del Ejecutivo autonómico, ya que la considera “absolutamente necesaria” para frenar el caos y el deterioro de la ciudad, sumida en su mayor crisis de las última décadas.

Por la otra parte, sus críticos aseguran que el hecho de que Lam haga uso de este tipo de poderes especiales es un claro síntoma de la incapacidad de su gobierno y de la policía de restaurar el orden y la ley sin limitar algunos derechos civiles. Además, siembra la duda de si volverá a hacer uso de ellos para aplicar medidas aún más restrictivas, como establecer en el futuro un toque de queda o censurar los medios de comunicación. “Más prohibiciones draconianas en nombre de la ley podrían estar acechando a la vuelta de la esquina”, advirtió la legisladora prodemocrática Claudia Mo a France Press.

En previsión de nuevos incidentes, el Gobierno suspendió los exámenes oficiales y de oposiciones convocados para este sábado, así como los partidos de la liga de fútbol local y otras competiciones. Pasada la medianoche, los manifestantes que seguían en la calle se negaban a desprenderse de sus máscaras, convertidas ya en un nuevo símbolo de su movimiento.