Arranca el juicio contra Bradley Manning, el informante de Wikileaks
El soldado se ha declarado culpable de 10 cargos, algo que en el mejor de los casos le obligará a pasar 20 años entre rejas
El soldado Bradley Manning
Washington. (EFE).- El soldado Bradley Manning , abastecedor a granel de secretos divulgados por WikiLeaks , comparecerá hoy lunes ante un tribunal militar que podría sentenciarlo a prisión perpetua si le condena por haber "ayudado al enemigo".
Después de 18 meses de audiencias, el juicio castrense comenzará en Fort Mead, 43 kilómetros al nordeste de Washington, una amplia instalación en Maryland del Ejército de Estados Unidos donde tiene su sede la Agencia de Seguridad Nacional.
El soldado de Ejército fue un analbista de inteligencia en Iraq hasta su detención en mayo de 2010, y ya se ha declarado culpable de 10 de los 22 cargos que se le imputan, los menos graves, algo que en el mejor de los casos le obligaría a pasar 20 años entre rejas.
Ayer, cientos de simpatizantes de Manning desfilaron frente a una de las entradas de Fort Mead reclamando la libertad del soldado que, con su transferencia a Wikileaks de unos 700.000 documentos confidenciales o secretos completó la mayor revelación de papeles del gobierno en la historia de Estados Unidos.
Entre los manifestantes estuvo Daniel Ellsberg, el analista militar que en 1970 entregó al diario The New York Times y otros medios documentos reservados o secretos del Pentágono relacionados con la guerra de Vietnam.
Manning dijo a la juez militar Denise Lind, que preside el proceso, que su intención fue incitar el debate público sobre la política exterior y las campañas militares de Estados Unidos.
Después de que WikiLeaks y medios de prensa empezaran a publicar en 2010 los documentos, funcionarios del Gobierno de EEUU argumentaron que las evaluaciones directas y la información de acciones militares divulgadas ponían en peligro la vida de estadounidenses y de aliados, y perjudicaban a la diplomacia de Washington.
Uno de los materiales divulgados fue un vídeo captado desde un helicóptero militar de EEUU durante una operación en Bagdad en la que fueron atacados civiles.
Los fiscales, que representan al Gobierno estadounidense, llamarán al estrado a 24 testigos cuyas declaraciones deberán ser protegidas bajo secreto, entre ellos diplomáticos, responsables de inteligencia, militares y otros funcionarios estadounidenses de alto nivel.
La acusación intentará probar que Manning hizo conscientemente uso inapropiado de información clasificada y la puso a disposición de WikiLeaks sabiendo que ponía en riesgo la seguridad nacional y podría ser utilizada por enemigos como Al Qaeda.
Uno de los platos fuertes del juicio, el testimonio tras una mampara de uno de los participantes en la misión que dio muerte al caudillo de Al Qaeda, Osama bin Laden, en mayo de 2011 en Pakistán, podría no ser necesario para probar la acusación de "ayuda al enemigo" contra Manning.
La juez podría aceptar en el juicio como prueba un hecho desclasificado: que en el registro de la guarida de Bin Laden se encontró una comunicación del líder de Al Qaeda en la que pedía examinar las filtraciones de WikiLeaks, el contenido de los diarios de la Guerra de Afganistán y los cables diplomáticos del Departamento de Estado.
El proceso pondrá a prueba la capacidad de las instituciones estadounidenses para garantizar el derecho a la libertad de prensa, en un momento en que se cuestiona públicamente el celo de la administración de Barack Obama por proteger su operaciones encubiertas en la guerra contra el terrorismo internacional.
El juicio permitirá ver más de cerca la política de secretos militares y de inteligencia de Estados Unidos, mientras que los activistas que piden la liberación de Manning esperan que demuestre que el joven soldado actuó para defender los valores democráticos y denunciar la crueldad de los conflictos en los que está implicado el país.
Se espera que el juicio dure unos 4 meses, algo que podría complicarse por la complejidad de la pruebas, las transcripciones de las vistas a puerta cerrada y hasta por los recortes presupuestarios que obligarían a reducir las jornadas laborales de los empleados civiles de la base militar de Fort Meade.