Identidad e igualdad, cohesión social y cohesión territorial, cultura y lenguas comunes y propias, espacios de comprensión y convivencia… La transición política hacia la democracia tras cuatro décadas de franquismo no fue sólo un complejo cambio de régimen, sino que supuso la construcción de un Estado autonómico sin precedentes sobre el que el Gobierno heredero del régimen no quería dar pasos en falso.
Apoyándose en el Centro de Investigaciones Sociológicas, el Ejecutivo que aún presidía Carlos Arias Navarro encargó un estudio demográfico sobre lo que denominó “regionalismo” que se inició en junio de 1976, si bien las encuestas –sobre un universo de 6.340 personas de diferente, sexo, edad, condición sociolaboral y residencia– no se realizaron hasta los meses de julio y agosto, ya con Adolfo Suárez en la presidencia tras la renuncia de su antecesor. En principio era el primero de una serie que no tuvo continuación.
Antes de la articulación del Estado de la Autonomías y de la irrupción de las fuerzas nacionalistas y regionalistas en el panorama político español, el estudio reveló la conciencia regionalista de la sociedad española y su reconocimiento y respeto por las diferencias, si bien en el plano de la igualdad social y de la cohesión territorial un nuevo modelo de Estado causaba muchas suspicacias.
Lee también
A la pregunta de cuáles consideraban los problemas a los que se enfrentaba la sociedad española en ese momento, en una pregunta con respuesta múltiple, sólo un 5% consideraban el sentimiento identitario como prioritario, muy por detrás de problemas referidos como los precios (36%), la incertidumbre política (34%), el desempleo (32%), el desarrollo económico (32%), la agricultura (22%) o la desigualdad social (15%).
No obstante, si bien un 67% de los encuestados no dudó en responder que se consideraría español fuera de España, un significativo 22% señaló que aún en el extranjero se sentía más propio de su región que español. Sobre las lenguas “regionales” también primaba el respeto y la necesidad de su reconocimiento y adopción en el ámbito escolar y académico. Los hablantes de estas lenguas encuestados revelaban un entorno de diglosia lingüística, si bien el grado de conocimiento y uso de catalán, gallego y euskera eran notables.
Los encuestados que se reconocían como hablantes de gallego señalaban haberlo aprendido mayoritariamente en el entorno familiar (61%), si bien entre un 34% y un 35% destacaban la influencia de su aprendizaje en su entorno social. Los vascoparlantes incrementaban la influencia del entorno familiar al 74%, con un 23% de aprendizaje en el círculo de amistades o en la calle, en tanto que sólo un 56% de los catalanoparlantes reconocían haber aprendido el idioma en el entorno familiar, en tanto que para entre un 20% y un 28% habían ejercido una influencia decisiva el entono social y de amistad y el laboral. La encuesta segregaba el valenciano y el mallorquín, y sus hablantes aún rebajaban la influencia familiar en su aprendizaje, valorando más los factores social y laboral.
Sobre el uso vehicular de las "lenguas regionales" en la enseñanza primaria, un 58% se mostraba de acuerdo
En cuanto al uso de estas lenguas, a los entornos familiares se unían con fuerza los ámbitos sociales y laborales, que en el caso del catalán ascendían al 68%. Los hábitos de lectura en estas lenguas, por otra parte, se situaban en torno a 40% la lectura de libros en gallego de vez en cuando y de diarios al 10%, en torno al 21% de libros en euskera también de vez en cuando y al 16% de diarios, y al 33% de libros y al 30% de diarios en catalán, también con cierta regularidad, porcentajes que descendían en los que se reconocían hablantes de valenciano y mallorquín.
Una amplia mayoría del universo de encuestados se mostraba de acuerdo con el derecho de que en las regiones que las tuviesen se utilizasen las lenguas propias en los medios de comunicación (72% en prensa y radio y 61% en televisión) y en que se enseñase en las escuelas (78%). Sobre su uso como lengua vehicular en la enseñanza primaria, un 58% también se mostraba de acuerdo. En cuanto a la oficialidad, la cooficialidad de español y “lengua regional” era del agrado de un 58%.
Sobre la identidad, el sentimiento de personalidad propia era reconocido por un 47% de los encuestados como signo distintivo de las regiones españolas, si bien un 42% destacaba como diferencia en clima. Un rotundo 72% respondía que defendía a su región si se daba el caso en conversaciones familiares. En cuanto al nivel de regionalismo, un 61% de los entrevistados se reconocían como regionalistas de distinto signo.
Josep Tarradellas, en su primera aparición pública tras regresar del exilio
De hecho, un 89% se declaraba satisfecho o muy satisfecho sobre su región de residencia y apenas un 14% consideraban probable o muy probable un cambio de aires a corto plazo. Sobre ese sentimiento regionalista, un 32% lo consideraba como una defensa de la identidad y un 28% de tipo afectivo, en tanto que apenas un 5% lo entendía como separatismo y apenas un 7% como autonomismo.
En la defensa del regionalismo, un 62% apoyaba la participación en una manifestación pacífica y un 45%, sumarse a un partido político de ámbito regional –la encuesta no utilizaba aquí el término regionalista–, aunque la gran mayoría rechazaba abiertamente cualquier tipo de acciones violentas o subversivas.
Otro asunto de muy distinta percepción era la desigualdad territorial en una sociedad aún abocada a la migración en algunas regiones. Al respecto, un 56% de los encuestados respondía que la política económica del Estado favorecía a unas pocas regiones ricas y tenía muy abandonada a las pobres. Otro 24% consideraba que esto era cierto “en parte”. El rechazo a la existencia de esta desigualdad promovida desde el Gobierno central se limitaba a un 16%.
La mayoría consideraba que el Estado favorecía a unas pocas regiones ricas y tenía muy abandonada a las pobres
Asimismo, un rotundo 70% estaba de acuerdo con la afirmación de que tanto el Estado como las empresas privadas incidían en esta desigualdad invirtiendo exclusivamente en las regiones “más ricas y desarrolladas”, en tanto que otro 19% consideraba que esto era cierto “en parte”. Y apenas un 7% consideraba que esto no era así.
Sobre las causas de esta desigualdad no se consideraba que fuese fruto de una política de Estado discriminatoria, y los encuestados la atribuían mayoritariamente a que estas regiones, a las que acudía la mayor parte de la población migrada de las zonas menos favorecidas, presentaban ventajas de riqueza natural o situación geográfica o habían empezado a industrializarse antes que otras.
La posibilidad de que se abriese un panorama político autonomista en el que estas regiones “ricas” tuviesen su propio gobierno y la capacidad de gestionar su propia política económica era visto, también de forma claramente mayoritaria, con recelo, cuando no con temor. De hecho, un 60% de los entrevistados consideraba que esto supondría aumentar aún más la desigualdad y un 55% afirmaba sin reparos que “destruiría la unidad de España”.
Ello no era óbice para que, también mayoritariamente, la muestra de población objeto de estudio considerase que servicios como la sanidad, la educación, la seguridad, la vivienda o la fiscalidad estarían mejor gestionados y funcionarían mejor si los gestionasen las regiones (61%).
Últimas entregasEsta pieza forma parte de una serie de contenidos que recupera algunos estudios demoscópicos que el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) ha hecho públicos con motivo de su 60.º aniversario desde una perspectiva histórica y con ánimo divulgativo.
