Puig Antich, ejecutado por garrote vil

Barcelona, seis de la tarde del 25 de septiembre de 1973. Cinco policías de paisano se hallan reunidos  en el bar Funicular, ubicado en la calle Girona, esquina Consell de Cent. Los agentes preparan una emboscada para detener a Xavier Garriga, alias ‘el Secretario’ militante del MIL (Movimiento Ibérico de Liberación, grupo de ideología anarquista). Un atraco perpetrado por dicha organización el 2 de marzo anterior, en una de las sucursales del Banco Hispanoamericano, en la calle Fabra i Puig, durante el que había resultado herido un contable, había puesto sobre su pista a la policía, que había creado un grupo especial para desarticular a la banda.

Para su sorpresa, el 25 de septiembre el objetivo no aparece solo, le acompañan tres hombres más, uno de ellos es el joven Salvador Puig Antich, alias ‘El Metge’, que también había participado en el atraco. Antes de entrar en el bar, los policías intentan detenerlos pero Salvador se resiste. Se desata una lucha y los agentes empujan a los detenidos al interior del colmado El Belén, pero el propietario, creyendo que se trata de una pelea entre delincuentes, les prohíbe la entrada. Los policías, deciden conducirles al interior del portal de al lado, concretamente al número 70. En el interior del mismo se inicia un tiroteo. Salvador lleva dos pistolas, le arrebatan una y cae al suelo golpeado con la culata del arma de uno de los agentes. Desde esa posición, empuña un arma que llevaba oculta y dispara tres balas sobre el cuerpo de Francisco Anguas.Salvador, por su parte, es alcanzado por dos proyectiles, uno en la mandíbula y otro en la espalda. Ambos son trasladados al Hospital Clínic, donde llegan a las 18:30 de la tarde. El subinspector Anguas ingresa cadáver.

Salvador, tras recibir el alta médica, ingresa en la Cárcel Modelo el 2 de octubre de 1973 y es encarcelado en la celda 443 de la quinta galería, curiosamente la que ocuparía dos años después Wilson, el miembro de ETA cerebro del atentado contra Carrero Blanco.

El defensor de Puig Antich, Francisco A. de Condomines, sostiene que la jurisdicción militar no compete y destaca la falta de circunstancias agravantes: ‘Estaba acorralado y no podía escapar’, dice el letrado. Finalmente pide una sentencia condenatoria de seis años y un día como cómplice y de seis meses y un día por homicidio en riña multitudinaria o con circunstancias atenuantes.

Rondan las seis de la tarde del 9 de enero de 1974, y el presidente del consejo de guerra, coronel Carlos González de Pablos, manifiesta: ‘El consejo seguirá en sesión secreta para la deliberación y pronunciamiento de la sentencia’

Condomines declara compungido en el Colegio de Abogados de Barcelona: ‘Mi impresión es que le matarán’. Explica que Salvador recibió el comunicado visiblemente nervioso y que sus hermanas pasarían la noche junto a él en la Modelo. Los hermanos han mantenido al margen de los acontecimientos a su padre, enfermo del corazón.

Finalmente el consejo de guerra hace caso omiso a los argumentos esgrimidos por su abogado. La suerte de Salvador estaba echada y se le condena, "por la muerte de un funcionario público por razones políticas",  a dos penas de muerte por dos supuestos delitos de terrorismo: uno por el atraco a un banco y otro por la muerte de un policía, considerándolas manifestaciones de una organización terrorista y subversiva, con la particularidad de que en el primero de los sucesos se habían causado lesiones de gravedad.

El 19 de febrero, el Consejo Supremo de Justicia Militar, aprueba la ejecución de la sentencia. A partir de las doce horas siguientes a haberse emitido el veredicto, puede llevarse a cabo la ejecución del condenado, a menos que haya indulto del Jefe del Estado.

La promulgación de la sentencia genera un enorme movimiento de repulsa a nivel nacional e internacional. Instituciones nacionales, entre las que se hayan desde varios colegios profesionales hasta colectivos de intelectuales pugnan por librar de la muerte a Salvador. Fuera del país, el eco de la injusta condena adquiere así mismo una relevancia sin precedentes: la Comisión Europea, altos mandatarios gubernamentales como el canciller alemán Willy Brandt, e incluso el Vaticano en la persona del Papa Pablo VI intentan evitar lo peor, al tiempo que multitudinarias manifestaciones intentan hacer demostraciones de fuerza contra la injusta sentencia.

El 1 de marzo, a las diez menos veinte de la noche, Salvador recibe la noticia: al día siguiente será ajusticiado. Junto a su abogado José Oriol Arau, firma la notificación de su sentencia de muerte. En ese mismo instante es puesto en capilla y se le traslada a una celda especial. La sentencia se ejecutará a las doce del día siguiente.

El 2 de marzo, Salvador, que conserva hasta el último momento la fe en una conmutación de la pena, es ejecutado en La Modelo . Previamente ha llegado el ‘enterado’ del gobierno, confirmado por el Consejo Supremo de Justicia Militar. El garrote vil, método medieval que sería erradicado tan solo cuatro años después, acaba con su vida.

El joven idealista tenía solo 26 años.

Pero el paso del tiempo verificó que el caso no sólo era una aberración por el inhumano método escogido para ejecutar a su culpable, sino que se acumulan los enigmas alrededor de lo sucedido. Quizás el más importante es que el cuerpo del fallecido subinspector tenía cinco balas y está demostrado que Puig Antich disparó tres. A partir de aquí, se han realizado diversas investigaciones. En la más reciente, publicada este mismo año en el libro Salvador Puig Antich, cas obert, del periodista Jordi Panyella , su autor sostiene que se hicieron desaparecer pruebas clave y el sumario fue alterado para inculpar a Puig Antich.

Otro frente abierto es la posibilidad de procesar a los altos cargos del franquismo que participaron en la decisión de condenar a muerte a Puig Antich. La familia del activista lo intentó infructuosamente en los tribunales españoles y europeos, y al no conseguirlo llevaron la causa ante la justicia argentina, donde ahora se tramita una causa contra el franquismo por crímenes de lesa humanidad. En enero del 2014, declaró ante este tribunal Merçona Puig Antich, hermana menor de Salvador, quien pidió que la justicia argentina dictase una orden internacional de busca y captura contra el por entonces ministro secretario general del Movimiento, José Utrera Molina, que se da la circunstancia de que es el suegro del actual ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón.

En la actualidad, la familia de Utrera Molina defendía en un escrito al juzgado que el exministro del dictador no tuvo responsabilidad alguna en la aplicación del garrote vil a Salvador Puig Antich, porque, argumentan, este había sido condenado por un tribunal militar y tan solo el mismo Franco podía levantar esa pena.

Las hermanas de Salvador, Merçona y Carme consideran que el joven no fue sino un “chivo expiatorio” del franquismo, que se veía sometido a tensiones por el impacto y la sensación de vulnerabilidad generadas por el asesinato de Carrero Blanco acometido por ETA el 20 de diciembre del año anterior.

Puig Antich fue enterrado en el cementerio del Sudoeste. Tamaña injusticia marcó a toda una generación.

Su memoria sigue viva, así el 4 de marzo del 2016, se celebró un homenaje en Madrid, en el que intervino su hermana menor, Merçona. En el escenario se leyeron tres de las cartas que Salvador escribió desde la prisión. Han pasado 42 años de su ejecución y este fue el primer homenaje celebrado para honrar su memoria.

Cuarenta y cinco años después, el caso sigue abierto.