El colapso. Ese el nombre que en Murcia algunos eligen para referirse a la situación que puede sufrir el turismo en el Mar Menor. Un ecosistema único en Europa, con La Manga como referencia, cuyas aguas han sufrido un grave deterioro por los nitratos y la salinización del lago a causa de los caudales provenientes de los cultivos agrícolas; la otra gran industria de la región. Ya se detectan bajas en Semana Santa y se teme al verano en la zona.
Hay otro colapso que también inquieta. Pero esta vez institucional, político, generado por la negativa del presidente regional, el popular Pedro Antonio Sánchez, a dimitir, a pesar de las graves imputaciones por presunta corrupción en el caso Auditorio y las sospechas por el caso Púnica. El PP, tras 22 años de poder, podría perder Murcia si el PSOE concreta esta semana su moción de censura con el apoyo de Ciudadanos y Podemos. Sería una nefasta noticia para el partido que lidera Mariano Rajoy. Murcia es hoy un polvorín político.
Hay estudios que hablan de 15.000 pozos ilegales de agua que llega en malas condiciones al Mar Menor. Agua no controlada, agua no depurada. Pozos excavados con la complicidad de autoridades locales para sostener un modelo económico de éxito y que lo impregna todo, la tierra, la economía, la vida y también la política. El agua del trasvase del Tajo al Segura, que ha convertido Murcia en un vergel, ya no es suficiente. En la región hay tres mares: el mar Mediterráneo, el Mar Menor y un mar de plástico de invernaderos que inunda todo el territorio, especialmente la comarca del campo de Cartagena. Turismo y agricultura (exportación): casi el 40% del PIB murciano.
El modelo económico se ha consolidado durante las últimas dos décadas. Murcia es una región orgullosa, que ansía el corredor mediterráneo para consolidar su exportación y percibe ahora ciertos riesgos, en la economía y en la política, en la estabilidad política. Y el partido que se ha identificado con este modelo, que lo ha desarrollado, que ha superado la crisis del ladrillo gracias al turismo y la agricultura es el PP.
De avanzar la moción de censura, el PP perdería su única autonomía mediterránea, tras las derrotas en Valencia y Baleares. El PP es en Murcia un partido sistémico. Está presente en todo el entramado social: lobbies agrícolas, empresas exportadoras, patronal del turismo, universidades y estrecha complicidad con la Iglesia local. Desde que en 1995 se derrotó al PSOE, el partido supo dar respuesta a las enormes inquietudes surgidas por la reconversión de los astilleros de Bazán (con graves disturbios en Cartagena, donde se llegó a quemar la Asamblea, en 1992) y la transformación de la industria clásica. Turismo y agricultura, y la industria transformadora asociada a la agricultura tomaron fuerza. La fórmula funciona.
Pero el colapso que amenaza al turismo del Mar Menor también puede llegar a la política, y en especial al gobierno regional. De hecho, Murcia lleva casi dos meses paralizada en lo institucional desde que se anunciara la imputación de Pedro Antonio Sánchez por los presuntos delitos de prevaricación continuada, fraude contra la Administración pública, falsedad en documento oficial y malversación de caudales públicos por el caso Auditorio. A lo que se suma la divulgación de las grabaciones del caso Púnica, que generan una fuerte erosión política del líder popular. Son muchas las voces, también en su partido, que piden su cabeza.
Sería la segunda gran crisis política en Murcia desde el nacimiento de la democracia. Un nuevo colapso. Hubo otro episodio parecido, en 1993, pero esta vez con un presidente socialista, Carlos Collado. Sus propios compañeros le acusaban de presunta prevaricación y malversación de fondos en la compra de los terrenos de Casa Grande para su cesión a la multinacional General Electric. Y se le acusaba también de enchufismo de decenas de cargos en la administración. Dimitió, en medio de una grave crisis económica por la reconversión de los astilleros, y le sustituyó María Antonia Martínez García.
En 1995 se inició la hegemonía popular y el largo declive del PSOE de la región. Con el liderazgo de Ramón Luís Valcárcel, el PP se instalaba en todas las instituciones y principales ayuntamientos. Y cosechaba mayorías absolutas en cada una de las convocatorias autonómicas y municipales, mientras la economía aceleraba; al turismo y la agricultura se sumaba la construcción. El PP era “el partido”, situación muy parecida a la que gozaba en paralelo en la Comunidad Valenciana con Eduardo Zaplana (por cierto, natural de Cartagena).
El presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez (PP), imputado por corrupción
Es en ese periodo cuando Pedro Antonio Sánchez hace carrera política en las instituciones y en el partido, primero como alcalde de Puerto Lumbreras y después como consejero del ejecutivo autonómico. Son los años de la fiebre del ladrillo, cuando él gestiona la construcción como alcalde del auditorio de su pueblo, ahora bajo investigación judicial, bajo graves sospechas de irregularidades. Hecho a sí mismo, católico practicante, de fuerte personalidad y muy ambicioso, logra sustituir a Alberto Garre, con apenas 40 años, al frente de la presidencia de la región.
La crisis del ladrillo descubre en ese tiempo, al igual que en Valencia, multitud de casos de corrupción en la región que deterioran la imagen del PP murciano. Estas sospechas llegan incluso a salpicar a Ramón Luís Valcárcel, sin continuidad. Un dato clave: el pasado mes de marzo, Pedro Antonio Sánchez es elegido presidente del PP de Murcia, cuando ya pesaban sobre él graves sospechas de presunta corrupción. “Fue un error”, reconocen desde su partido.
En las últimas elecciones autonómicas la erosión sobre el PP ya es una realidad. Pierde la mayoría absoluta y Cs gana presencia en la región. En paralelo, la izquierda se fractura, con un fuerte impulso de Podemos, mientras en el PSOE murciano las grietas van por dentro. El liderazgo de Rafael Sánchez Tovar es ampliamente cuestionado. Pero no hay, de momento, alternativa en el socialismo murciano.
De tal manera que en la Asamblea Regional el PP se ha visto forzado a pactar con Ciudadanos para sostener el Ejecutivo regional. En el acuerdo de investidura, Pedro Antonio Sánchez se compromete a “separar de inmediato de cualquier cargo, público o de partido, a imputados por corrupción política hasta la resolución completa del procedimiento judicial”. “Ha incumplido su palabra”, dice Miguel Sánchez, portavoz de Ciudadanos en Murcia.
Al caso Auditorio, ahora en fase de instrucción, se suma el caso Púnica con un sonado escándalo por la decisión del fiscal general del Estado de no imputarlo frente al criterio de las dos fiscales al cargo, Carmen García Cerdá y Teresa Gálvez. Pero la estética política del caso se agrava con la divulgación de conversaciones que apuntan a que se contrató con dinero público para mejorar su imagen en las redes sociales.
En los últimos días, en Murcia todas las piezas que han estado inmóviles durante más de dos décadas se mueven. Pedro Antonio Sánchez está enrocado, mientras en su partido crece el nerviosismo. Desde el PP se observa a Ciudadanos con ansiedad. Los cuatro diputados del partido de Albert Rivera lo pueden decidir todo, o sostener al ejecutivo o otorgar al favor a una nueva mayoría política liderada por el PSOE y con Podemos de aliado.
“Ciudadanos no se atreverá a pactar un gobierno con Podemos”, afirman desde el entorno de Pedro Antonio Sánchez. Y tiene razón. Por ello, el partido de Albert Rivera exige una “moción instrumental”, para convocar, una vez apartado Pedro Antonio Sánchez, elecciones autonómicas en un plazo de seis meses. Ese supuesto no es del agrado de Rafael Sánchez Tovar.
El PSOE teme que unas nuevas elecciones le hagan perder apoyo electoral en favor de Podemos, fuerza que ha penetrado bien en las zonas industriales de Murcia. y en los barrios del extrarradio de las grandes ciudades. Los socialistas desean un ejecutivo con Ciudadanos, con Podemos de apoyo parlamentario, como en la Comunidad Valenciana. Y en Podemos tienen muy claro que la moción de censura es una oportunidad “para acabar con dos décadas de gobiernos que han hecho un daño enorme a la región”, según señala Óscar Urralburu, portavoz de este partido.
Los columnistas murcianos se preguntan si el PP estará dispuesto a perderlo todo por un hombre que al margen de la situación judicial tiene su capital político por lo suelos. Y se le compara, salvando las distancias, con Francisco Camps: que fue absuelto del caso de los trajes, pieza del caso Gürtel, pero que ya nunca pudo recuperar su carrera política. “Si el PP cambia de presidente, Ciudadanos seguirá apoyando al ejecutivo regional”, reitera Albert Rivera. Esa es la clave a juicio de muchos.
Lo que nadie desea en Murcia es un “caso valenciano”, una crisis que además de hacer caer al presidente arrastre a todo el PP murciano. No se desea un “colapso”, como el que se aventura para el Mar Menor si las aguas no vuelven a circular limpias y puras para este ecosistema único.