Desahucios y okupación: cambios y efectos de la nueva Ley de Vivienda
Nueva Ley de Vivienda
Se modifica la Ley de Enjuiciamiento Civil en casos muy específicos de desahucio y usurpación de la vivienda, aunque son cambios más bien superficiales.
¿Favorece la Ley de Vivienda a los okupas?
La okupación es una práctica atada a un movimiento social radical; de ahí que se escriba con k, que plasma en sus letras una voluntad de transgresión.
La Ley de Vivienda no patrocina este movimiento, pero sí trae algunas enmiendas en cuanto a desahucios y a usurpación de vivienda. A pesar de ser muy sutiles, casi insignificantes, algunos discursos políticos han aprovechado la ocasión para remover las inquietudes de los propietarios y captar sufragios.
De qué hablamos cuando hablamos de okupación
La jurisprudencia española no reconoce la okupación como tal, sino que define dos delitos independientes relacionados con la invasión del patrimonio: el de usurpación y el de allanamiento de morada.
Y son bastante distintos el uno del otro.
El allanamiento de morada ocurre cuando alguien irrumpe en tu casa, la que constituye tu domicilio real. Es un delito castigado con hasta cuatro años de prisión y una multa, si se ejerce con violencia, y supone una minoría de las denuncias relacionadas con el patrimonio.
De qué hablamos cuando hablamos de okupación
Pero el allanamiento de morada poco tiene que ver con el okupa, con k, cuya intención sería la de adueñarse de inmuebles en desuso, vacíos, especialmente de entidades bancarias o fondos buitre, para vivir o reunirse o con fines culturales.
El delito que mejor se ajusta al okupa, pues, es el de usurpación, es decir, entrar y permanecer en un inmueble deshabitado, sin autorización del propietario. Y también tiene penas de prisión, que pueden alcanzar los 2 años si involucra violencia e intimidación, o una pena de multa de tres a seis meses si se hace de forma pacífica.
Ley de Vivienda y okupación
Usurpación de la vivienda cuando el ocupante es una persona con dependencia
La nueva Ley de Vivienda matiza el procedimiento de desalojo en los casos de usurpación de vivienda sin violencia ni intimidación (alguien ocupa, sin autorización, un inmueble vacío que no es domicilio de propietario) solo cuando el ocupante se encuentra en una situación de dependencia acreditada legalmente.
Nada más que en estos casos se trasladará la responsabilidad a la comunidad autónoma en cuestión, a fin de que adopte “las medidas de protección que correspondan” en materia de vivienda, como sería encontrar una solución habitacional para el ocupante. La Ley no especifica nada más al respecto.
Desahucios cuando el propietario es gran tenedor y el ocupante está en situación de vulnerabilidad
Otra novedad que esta norma ha incorporado en la Ley de Enjuiciamiento Civil tiene que ver con los desahucios, un procedimiento que a menudo se efectúa por otros motivos al de la okupación.
Pero no interfiere en todos los desahucios, sino aquellos que reúnan todas estas condiciones:
- El propietario debe ser un gran tenedor de vivienda.
- La vivienda debe usarse como domicilio habitual.
- El ocupante debe encontrarse en una situación de vulnerabilidad acreditada legítimamente por la Administración autonómica competente (p. ej., personas con muy bajos ingresos y con hijos a cargo, mayores de 65 años o con discapacidad o dependencia).
Solo, pues, en este determinado supuesto, no se admitirá la demanda para recuperar la vivienda si el propietario no demuestra que ha aplicado un procedimiento de conciliación o intermediación, como acudir a los servicios sociales en materia de vivienda o barajar las ayudas y subvenciones existentes a tal efecto.
De acreditarse tal requisito, se procederá al desahucio como de costumbre.
Flexibilización de los lanzamientos y desalojos, que tendrán fecha y hora
Para garantizar la comunicación entre el juzgado y los servicios sociales para detectar casos de vulnerabilidad y encontrar soluciones habitacionales para los afectados, se alargan los plazos de suspensión de los desahucios, que ahora se fijan en dos meses (si el propietario es persona física) y cuatro meses (si el propietario es persona jurídica).
Una última enmienda obliga a incluir el día y la hora exacta en que tendrá lugar el lanzamiento del ocupante en todos los casos de desahucio. Así, los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado no podrán actuar por sorpresa.
Últimos datos públicos sobre okupaciónEn 2022, hubo un total de 16.726 denuncias en todo el Estado por delitos de usurpación y allanamiento de morada.
El 42 % de la okupación del Estado se concentra en Catalunya (7.005 delitos).
Le siguen Andalucía (2.505), la Comunitat Valenciana (2.024) y Madrid (1.501).
En Barcelona, los datos en 2022 han caído un 16 % frente a 2019.
La okupación desciende un 16 % en Barcelona desde 2019, a pesar del alarmismo
La percepción no siempre concuerda con la realidad. Esta es, al menos, la hipótesis de Verificat, primera plataforma de fact-checking de Catalunya, que ha analizado los datos sobre la okupación en España tras una petición de transparencia a la Secretaria General del Departamento de Interior.
Los datos muestran un aumento de estos delitos en la capital catalana desde 2005 —se multiplican por ocho—, pero en 2022 se habían reducido un 16 % respecto a 2019.
La ciudad de Barcelona concentró el año pasado cerca del 8,8 % del total de denuncias relacionadas con la usurpación de la vivienda y el allanamiento de morada de todo el Estado. De ellas, el 97,8 % correspondían a inmuebles vacíos.