El Ministerio de Hacienda ultima la propuesta para que el Estado asuma parte de la deuda de Catalunya y del resto de comunidades autónomas de régimen común, avanzando así en el acuerdo de investidura sellado con ERC en el 2023. Tras meses de trabajos y conversaciones técnicas para definir la fórmula que se utilizará en la condonación, el Gobierno presentará a los consejeros autonómicos un planteamiento que, aún sin conocer su detalle, ya ha provocado el rechazo del PP. La cita es el próximo miércoles a partir de las 16 horas en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, según comunicó el departamento dirigido por María Jesús Montero a los distintos ejecutivos convocados.
El orden del día se acabó de definir ayer. El punto más importante y conflictivo es el de “la aprobación del acuerdo relativo a los criterios de distribución del importe” de la deuda autonómica que asumirá el Estado. En el pacto de investidura se reflejó que se condonaría “el entorno del 20% de la deuda viva en el momento de ejecución del acuerdo contraída por la Generalitat de Catalunya con la Administración General del Estado”. Se pusieron incluso cifras: condonar unos 15.000 millones de la deuda con el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) y un ahorro de unos 1.300 millones en intereses. Hacienda añadió que este acuerdo se ampliaría a otras comunidades autónomas de régimen común, asumiendo el Estado parte de la deuda originada por el impacto negativo de la crisis económica. Incluso se llegó a plantear realizar “transferencias para la cancelación de la deuda en el caso de endeudamiento con terceros distintos del Estado”, como sería el caso de Madrid.
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El miércoles, Hacienda podría imponer su criterio, pese a que no exista un consenso con las autonomías del PP. Fuentes del Gobierno avanzan que el ministerio y la Generalitat de Catalunya sumarían los votos necesarios en dicho Consejo de Política Fiscal y Financiera para aprobar el acuerdo de condonación de deuda. La mitad más uno, en concreto.
Adelantan, no obstante, que dicha aprobación no sería definitiva. A continuación el Gobierno tiene previsto plantear una iniciativa legislativa para implementar la asunción por el Estado de dicha deuda y para ello necesita un debate y votación en el Congreso de los Diputados. Es decir, el PSOE deberá volver a sumar a los socios de investidura, de Junts a Podemos, para poder hacer efectivo esta parte del acuerdo con ERC, aclaran las mismas fuentes.
El ministerio no incluye en el Consejo de Política Fiscal del miércoles el debate sobre la financiación
Hacienda ya vaticina que será un Consejo de Política Fiscal complejo. La dirección nacional del PP se posicionó claramente en contra del planteamiento, afirmando que “la condonación de la deuda es una trampa para comprar el voto independentista”. Sería de nuevo, expuso su portavoz económico, Juan Bravo, “un mensaje de políticos perdonándose a políticos” porque “no conozco a un solo español al que le hayan condonado el IRPF o el IVA”.
Entre las comunidades autónomas del PP existen distintos posicionamientos. Sí que se observa una coincidencia, expresada en la Conferencia de Presidentes de diciembre, de auxiliar a la Comunidad Valenciana, especialmente tras la tragedia de la dana. Pero en el fondo, cada autonomía del PP tiene una postura diferente.
El PSOE pactó con ERC asumir 15.000 millones de deuda con el FLA y 1.300 millones en intereses
En el debate de fondo sobrevuela una propuesta del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que puso sobre la mesa durante la citada Conferencia de Presidentes, “acordar entre todos un nuevo modelo de financiación autonómica que concilie la multilateralidad y la bilateralidad, blinde la solidaridad entre territorios, y garantice más recursos”. El planteamiento, no obstante, ha ido perdiendo fuerza con el paso de las semanas y Hacienda no contempla en el orden del día del Consejo de Política Fiscal del miércoles abordar este debate. No descarta que los consejeros del PP lo saquen a colación en el turno de “ruegos y preguntas”.
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El pasado mes de enero, el Ministerio de Hacienda trasladó a las comunidades autónomas un documento resumen con las posiciones de cada territorio para incluir el criterio de la despoblación en una posible reforma del sistema de financiación autonómica. En dicho informe, se puede leer que no hay un consenso amplio en esta variable, ya que sólo la apoyaron Cantabria, Aragón y Castilla y León. El Gobierno asegura que cuadrar el sudoku para reformar el modelo en vigor, caducado desde el 2014, es “muy complicado, aunque lo deseable sería llegar a un acuerdo de mínimos”.
En el orden del día de la reunión en Hacienda de la próxima semana, el ministerio también ha incluido la aprobación definitiva del reparto de la recaudación que consiga el nuevo impuesto a la banca, aprobado con el paquete fiscal de diciembre y que grava el margen de intereses y comisiones de las entidades financieras que operan en España . Estos ingresos serán distribuidos por la Administración Central entre las comunidades autónomas en función de su PIB, de forma que la Comunidad de Madrid y Catalunya serán las que más recursos reciban por esta figura fiscal.
