El Consejo General de Economistas (CGE) se ha mostrado este viernes especialmente crítico con el nuevo impuesto a la banca aprobado por el Congreso y con el que acaba de crear el Gobierno a través de un real decreto-ley para las energéticas, cuya convalidación en la cámara baja es improbable si Junts y PNV mantienen su rechazo.
“No nos acaba de convencer crear impuestos especiales para determinados sectores”, ha afirmado el presidente del CGE, Valentín Pich, al presentar un análisis sobre las últimas medidas fiscales. “Desde un punto de vista económico, lo que se hace es demonizar a sectores para justificar determinadas subidas de impuestos”, ha añadido.
El CGE también se ha mostrado crítico con la “inseguridad jurídica” del nuevo escenario fiscal. Si el sábado se publicó en el BOE la reforma fiscal salida del Congreso, este mismo lunes el Gobierno ha retocado algunas de las medidas fiscales, incluido un ajuste técnico en el impuesto a la banca.
Otra de las críticas es que, en el nuevo gravamen a la banca, las entidades más grandes salen peor paradas que las pequeñas con el nuevo impuesto, que incluye un tipo progresivo en función del tamaño. El impuesto a la banca no será deducible en el de Sociedades.
“El nuevo impuesto a la banca también va a afectar a la presión fiscal que sufre el ciudadano”, indica Rubén Gimeno, secretario técnico del REAF-CGE, ya que el gravamen podrá repercutirse sobre los consumidores finales.
Medidas más favorables para las empresas que para las rentas altas
El CGE también considera que las últimas medidas fiscales aprobadas por el Gobierno son en general desfavorables para las rentas altas frente a las empresas, donde a su vez se da un trato más ventajoso a las grandes que a las pequeñas.
Esas son algunas de las conclusiones del CGE a través de su unidad de fiscalidad, el Registro de Economistas Fiscales (REAF), al analizar tanto la reforma fiscal aprobada en el Congreso como los tres reales decretos-ley lanzados este lunes por el Gobierno.
“Se abre una brecha entre las personas físicas y las empresas”, ha asegurado el presidente del REAF-CGE, Agustín Fernández, durante la presentación de las conclusiones.
Esta brecha procede de la tributación del ahorro de los particulares, cuyo tipo del IPRF aumenta hasta el 30% en importes superiores a los 300.000 euros, mientras que en el impuesto de Sociedades se contemplan rebajas hasta el 20% en el 2029.
En todo caso, para las rentas bajas se ha elevado el límite a partir del cual las personas con dos pagadores se ven obligadas a presentar la declaración de la renta, lo que supone una medida positiva para este colectivo.
También “aumenta la doble imposición en el ámbito de las personas físicas, dado que los dividendos pueden llegar a tributar al 30%, mientras que, a partir del año 2029, los dividendos entre sociedades tributan solo al 1%”, ha afirmado.
Dentro de las empresas, las pequeñas salen mejor paradas
Dentro de las empresas, el CGE también aprecia un trato más favorable para las pequeñas que para las grandes. Al reintroducirse vía ley la reforma de 2013 de Cristóbal Montoro anulada por el Constitucional, “se penaliza a las grandes empresas recuperando los límites para compensar las bases imponibles negativas o para aplicar las deducciones internacionales por doble imposición”.
Las empresas que facturan menos de 10 millones de euros pasarán de tributar en Sociedades al 23% o al 25% a porcentajes de entre el 20% y el 17% para las más pequeñas, conforme a un esquema de reducción año a año del gravamen.
En todo caso, hay incentivos fiscales para las empresas relacionados con las reservas de capitalización. Tendrán un “premio fiscal” en Sociedades por elevar sus reservas de este tipo, que se irá incrementando en función de si amplían la plantilla.
