La decisión de la jueza Beatriz Biedma de llamar a declarar como imputado al hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez, y al líder del PSOE extremeño, Miguel Ángel Gallardo, puede tener más transcendencia judicial de lo que se piensa. En apariencia estamos ante un simple caso de enchufe laboral, una práctica muy extendida en España desde tiempos inmemorables. Es el llamado banco de favores que desgraciadamente está más en boga que la cultura del esfuerzo. El amiguismo para encontrar un empleo, sacar un título académico o aprobar unas oposiciones se ha convertido en una auténtica lacra social. No es una cuestión, menor como comprobó en sus propias carnes Alfonso Guerra cuando se vio obligado a dimitir como vicepresidente del gobierno por las tropelías que había cometido su hermano Juan.
La titular del juzgado de instrucción nº 3 de Badajoz ha llamado a declarar, junto a los dos citados, a otras siete personas también como imputados, todos ellos responsables de la Diputación. El marco es el proceso que se sigue contra el hermano de Pedro Sánchez por presuntos delitos contra la administración pública (prevaricación y tráfico de influencias) y contra la Hacienda pública. Este caso podría tener para Sánchez un coste político mayor que el de su esposa, también procesada por un supuesto caso de tráfico de influencias y de corrupción en los negocios. La diferencia es que mientras en este último las pruebas obtenidas por el juez de instrucción Juan Carlos Peinado no son concluyentes, en el caso de David Sánchez son demoledoras.
Deberes
Prácticamente todos los gobiernos europeos ya han enviado a Bruselas sus presupuestos, menos España, que promete tenerlos listos a lo largo del 2025
Para el Gobierno y para el PSOE, Begoña Gómez está siendo víctima de una campaña de acoso judicial, política y mediática. Sin embargo, nadie ha salido a defender a David Sánchez. Leyendo el informe elaborado por los agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, existen pocas dudas de que el puesto de director de la Oficina de Artes Escénicas fue creado expresamente para él por la Diputación de Badajoz, en contra de la opinión de los altos funcionarios y expertos en la materia. Desde el punto de vista reputacional, es más grave si se tiene en cuenta que David Sánchez, para pagar menos impuestos por el sueldo público que recibía, decidió fijar su residencia legal en Portugal. Aunque esto no es delito, tampoco es muy ético tratándose del hermano del presidente.
Es lógico pensar que un Gobierno no cae por un simple caso de tráfico de influencias. Lo grave es la forma con que se actúa desde el poder. Puede ser un enchufe para cobrar un sueldo; una mordida, como se ha puesto de manifiesto en el caso Koldo/Ábalos; por no hablar de las declaraciones de Víctor de Aldama; o, simplemente, de utilizar las instituciones para atacar a los enemigos políticos como presuntamente ha hecho el fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz, también procesado por el Tribunal Supremo. Nada de ello es óbice para hacer caer a un Gobierno en un momento que la economía va bien y cuyos aliados apoyan sin fisuras mientras puedan seguir condicionando la política económica, fiscal y financiera. El problema es que esta situación, que amenaza con alargarse en el tiempo, está produciendo una parálisis de las administraciones públicas. Prácticamente todos los gobiernos europeos ya han enviado a Bruselas sus presupuestos, menos España, que promete tenerlos listos a lo largo del 2025. La corrupción tiene un precio, como bien sabe Felipe González, a quien empezaron a estallarle casos a mediados de los noventa hasta que al final fue derrotado en las urnas.
