Las empresas coinciden en citar el mismo ejemplo: los abogados estadounidenses que miden el tamaño de los bocadillos para ver si difiere en algún centímetro de lo publicitado y les permite correr al juzgado a interponer una demanda millonaria contra el fabricante en nombre de todos los consumidores. Quizá sea un caso exagerado, pero la imagen ilustra lo que se entiende por modelo americano de demanda colectiva y las preocupaciones que estos días acechan a empresas y asociaciones de consumidores en España.
La nueva ley sobre acciones colectivas que se tramita en el Congreso tiene en pie de guerra a las empresas a través de la CEOE y también a asociaciones de consumidores como Facua y OCU, que temen la implantación en España de un modelo en el que los fondos de litigación representen en una única demanda a todos los clientes, aun sin su consentimiento.
Lo que analiza el Congreso –el periodo de enmiendas ya ha concluido y ahora se debe redactar la ponencia– es la transposición de una directiva comunitaria sobre acciones colectivas. El trámite lleva dos años de retraso y la norma aún puede encallar.
La principal controversia se encuentra en torno a dos posibles modelos, opt-in y opt-out, capaces de dibujar realidades muy distintas. En el primero, una asociación presenta una demanda colectiva y los consumidores tienen la opción de adherirse a ella o, si lo prefieren, sumarse a una distinta. Se aplica en Alemania, Francia e Italia. El segundo, el opt-out , es el polémico: la asociación que llegue antes presenta una única demanda en la que, por defecto, aparecen incluidos todos los consumidores, a los que, eso sí, se les da la opción de desvincularse. Solo lo tienen Portugal y Países Bajos.
El PSOE se abre a suavizar y a negociar en el Congreso la fórmula propuesta, similar a la de EE.UU.
Este segundo modelo, al estilo americano, es el que el PSOE ha propuesto en el Congreso, pero ya se ha topado con el rechazo de varios grupos. Por eso se abre a negociar, ya que, “el objetivo último es mejorar la protección del consumidor”, dicen fuentes cercanas a la tramitación.
Las demandas colectivas abren la puerta a los temidos fondos de litigación internacionales, respaldados por inversores dispuestos a financiar todo tipo de disputas. El PSOE ya ha intentado matizar el texto inicial con otra enmienda que limita los ingresos de estos fondos: en ningún caso, han de superar el 30% de la indemnización. El PNV va en esa línea, mientras que Sumar quiere que la empresa demandada sufrague el proceso si se admite la denuncia. ERC ha presentado una enmienda a la totalidad.
Posiciones políticas al margen, el planteamiento ha provocado el rechazo frontal de empresarios y asociaciones. Los primeros temen la proliferación de pleitos millonarios contra las compañías. A la espera de la sentencia, el dinero debe quedar provisionado y eso ya es un problema.
“CEOE espera que los grupos parlamentarios encuentren consensos necesarios para aprobar una ley que sea positiva y equilibrada”, dicen fuentes de la patronal. Su centro de estudios, el IEE, cree que la ley, tal y como está planteada, “afectará a la competitividad como país e incrementará exponencialmente la litigiosidad masiva en materia de consumo, sin suponer una mayor garantía o beneficio para el consumidor”. Los principales beneficiarios, asegura, serían “los financiadores, normalmente fondos y despachos de abogados extranjeros”.
Las empresas temen reclamaciones de millones de euros y las asociaciones, su sustitución por fondos
Para Facua, el proyecto de ley pone a las asociaciones “al servicio de fondos de inversión”. “Abre las puertas a que grandes empresas financien las acciones judiciales en las que vean oportunidades de negocio y pone trabas a las organizaciones de usuarios que pretendan sufragarlas con sus propios fondos”, afirma.
OCU dice que está en peligro incluso el modelo de asociacionismo. “Imponer un sistema opt-out ”, afirma, “nos hace prever un futuro incierto hacia la efectividad de estas acciones colectivas, la protección de los consumidores y la continuidad de las asociaciones de consumidores”.
De las tabaqueras a Volkswagen
Una demanda colectiva en Estados Unidos no es ninguna broma. Algunas han sido capaces de hundir empresas o de transformar algunos mercados por completo. La mayor de ellas por el importe reclamado corresponde a la condena a las grandes empresas tabaqueras en 1998 a pagar 206.000 millones de dólares por los gastos sanitarios ocasionados, según recuerda en su página web el despacho californiano GJEL.
Otra demanda, por daños medioambientales, hizo que en el 2016 un juez federal de Nueva Orleans aprobase un acuerdo de indemnización de 20.000 millones de dólares por el vertido de petróleo de Deepwater Horizon.
También ese año, un juez federal de San Francisco aprobó un acuerdo de 14.700 millones de dólares por el que Volkswagen indemnizaría a los propietarios de sus vehículos por el dieselgate. Otras decisiones judiciales fruto de demandas colectivas afectaron al grupo energético Enron, que pagó 7.200 millones de dólares, o a los fabricantes de implantes mamarios, que en 1990 tuvieron que abonar 3.400 millones por trastornos autoinmunes.
