Talgo necesita que Ganz-Mavag retire la opa para buscar socios alternativos

Talgo no tiene por ahora margen de maniobra para buscar un socio alternativo al consorcio húngaro Ganz-Mavag, a pesar de que el tiempo apremia y sus problemas industriales y financieros crecen. La empresa necesita una solución frente a los retrasos en las entregas a Renfe y la elevada probabilidad de incumplimientos en los compromisos con la alemana Deutsche Banhn.

Fuentes cercanas a la compañía explican que Talgo, antes de dar cualquier paso, necesita que Ganz-Mavag retire su opa o le informe de algún cambio en las condiciones. Parece un formalismo, pero no lo es, y existe el riesgo real de que el inversor húngaro se enroque y se centre en su estrategia jurídica en España y en la UE contra el Gobierno, sin retirar la opa. La legislación no fija plazos para hacerlo en este supuesto.

La sensación en la empresa y los sindicatos es que el veto no resuelva los problemas

La sensación en la empresa y en sus sindicatos es que la decisión del Gobierno de proteger una compañía de carácter estratégico, al margen de su conveniencia, no resuelve ni mucho menos los problemas, sobre los que crece la presión.

La cartera de pedidos, por 4.000 millones de euros, está en niveles récord, pero falla la capacidad industrial. Para este año está programada la fabricación y puesta en servicio del gran contrato con Alemania, mientras que la sanción de Renfe por los retrasos en la entrega de los trenes de alta velocidad Avril, de 166 millones de euros, crece a un ritmo de 80.000 euros al día. Quedan ocho trenes por entregar que resultan determinantes para los planes de Renfe en Francia.

Las fuentes indican que ahora el protagonismo lo asumirá en Talgo el fondo Trilantic, ya sea al conversar con Ganz-Mavag o con otros interesados. Esta firma tiene el 63% de la sociedad conjunta Pegaso, que cuenta a su vez con el 40% de Talgo, y es la que arrastra al resto de accionistas a vender. En Pegaso también está con un 20% la familia fundadora, los Oriol, y con un 17% Torreal, de Juan Abelló.

El Gobierno defiende el veto a la opa mientras los sindicatos le exigen una solución

El representante de Trilantic en Europa y consejero de Talgo, Javier Bañón, se ha convertido ahora en una pieza clave para desatascar el posible bloqueo. “Toca que Magyar y Trilantic hablen”, dicen las fuentes. El consejo de Talgo todavía no se ha reunido.

Mientras, el Gobierno defendió ayer el veto a la compra de una empresa estratégica como Talgo por motivos de seguridad nacional. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, y el de Presidencia, Félix Bolaños, lo hicieron por separado, aludiendo a la necesidad de “proteger los intereses de España”.

El Gobierno no informa de si dispone de un plan alternativo para Talgo como el que le llevó a sondear a Criteria o a los hermanos Escribano, accionistas de Indra. Algunas fuentes confían en que en las próximas semanas aparecerán potenciales inversores. La reciente visita de una delegación del Ministerio de Transportes a las fábricas húngaras de Magyar Vagon se interpreta ahora como un movimiento para impedir reproches por no haber comprobado in situ las capacidades del inversor.

El que sí ha explicitado su interés por Talgo es el fabricante checo de trenes Skoda, que propone una integración industrial sin ofrecer compensación económica. “No hacemos comentarios”, decía ayer la empresa checa al ser preguntada por el veto español.

Más activos fueron ayer los sindicatos de Talgo. El mayoritario, que es CSIF, exigió al Gobierno que explique cuáles son sus planes para la compañía ahora que ha vetado la oferta húngara. CC.OO. hizo extensible la petición a la propia empresa. Talgo tiene dos fábricas, una en Álava y otra en Madrid, incapaz de hacer frente a todos los pedidos.

El representante de Trilantic, Javier Baños, es ahora la pieza clave en las negociaciones

Tras caer el martes un 8,7% fruto de la decisión del Gobierno de vetar la opa húngara, las acciones de la compañía se estabilizaron ayer y cerraron con una leve subida del 0,6%. Talgo vale ahora 488 millones, lejos de los 620 millones de la opa.

Una petición al Gobierno cada tres días

El escudo antiopas puesto en marcha en el 2020 para proteger empresas estratégicas, que ha sido el aplicado en el caso de Talgo, es una auténtica fábrica de expedientes. El año pasado, según los datos de la Secretaría de Estado de Comercio, se presentaron 129 solicitudes de compra de empresas ante la Junta de Inversiones Exteriores, una cada 2,8 días. De ellas, en ocho se pusieron condiciones. Solo se vetó una escalada accionarial de Vivendi en Prisa que luego se permitió, aunque en menor proporción. Algunas condiciones han sido llamativas, como la que se impuso al fondo Antin para invertir en la empresa de renovables Opdenergy, consistente en retirar sus demandas de arbitraje internacional contra España. El escudo estaba diseñado en principio para inversores extracomunitarios que comprasen más del 10% de una empresa estratégica. Saudi Telecom se ha cuidado de no rebasar este umbral en Telefónica, aunque su operación sí puede ser vetada por Defensa. El escudo se amplió más tarde a inversores comunitarios que se hagan con empresas cotizadas o dediquen más de 500 millones a comprar participaciones en no cotizadas.