El Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS) concluyó que la legislación española estaría vulnerando el artículo 24 de la Carta Social Europea que garantiza el derecho de los trabajadores a una protección adecuada en caso de despido improcedente. El organismo comunitario determinó, como respuesta a una demanda presentada por UGT, que la compensación nacional no es suficiente para cubrir los daños que sufren los trabajadores despedidos y, además, no tiene un efecto disuasorio para los empleadores. Esta resolución ha abierto un debate en el Gobierno de coalición, con el Ministerio de Trabajo considerando que sería oportuno dar otra vuelta a la reforma laboral del 2021, pero con el Ministerio de Justicia concluyendo que España ya cumple la carta europea.
La decisión del CEDS apunta a una reforma de las indemnizaciones por despido, que en este momento están basadas en un pago de 33 días de salario por año de trabajo con un máximo de 24 mensualidades. El comité considera que el actual sistema no tiene en cuenta factores como el impacto del despido en la carrera del trabajador ni sus circunstancias personales. Además, no tiene ningún “efecto disuasorio” para el empresario. La evaluación del CEDS se hará pública el próximo lunes.
El sindicato denunciante, UGT, lleva tiempo destacando que esta resolución supone que España está violando la Carta Social Europa. “Bajo nuestro punto de vista, la sentencia es de carácter vinculante”, ha apuntado hoy Fernando Luján, vicesecretario general política sindical de UGT, añadiendo que se trata de un tratado internacional incorporado por España y, por tanto, de “carácter vinculante”. “Lo tendrá que decidir el legislativo y el Ejecutivo”, ha añadido el dirigente de la organización de trabajadores. Este lunes, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha recordado que esta reforma está contemplada en el acuerdo de coalición y ha afirmado que después del verano llamará a sindicatos y patronal para reformar la indemnización por despido.
Lee tambiénYolanda Díaz anuncia para después del verano la reforma del despido
En el Gobierno existe disparidad de opiniones sobre la resolución del CEDS. El Ministerio de Trabajo se ha mostrado dispuesto a encarecer la indemnización por despido improcedente e, incluso, ha puesto sobre la mesa el llamado “despido reparativo o restaurativo”. Esta propuesta tiene en cuenta el importe de la compensación en función de la situación personal del afectado.
El ala socialista, sin embargo, no comparte en este momento esta posición de Trabajo. El Ministerio de Justicia considera que “el marco legal español ya es coherente con el artículo 24 de la Carta Social Europea, proporcionando una reparación adecuada a los trabajadores despedidos sin razón válida (despido improcedente)”, defendió el departamento en una reciente respuesta parlamentaria. “No se prevé una modificación de la regulación al respecto y, por consiguiente, no se estiman efectos particulares sobre colectivos vulnerables o sobre las pequeñas y medianas empresas”, añadió el equipo de Félix Bolaños en la misma contestación. Es decir, Justicia frena la pretensión de Trabajo de modificar la indemnización por despido improcedente.
UGT lleva tiempo defendiendo que España vulnera la Carta Social Europea
El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, que lleva tiempo defendiendo que España está vulnerando la Carta Social Europea, ha asegurado este lunes que el sindicato no prevé un cambio de legislación a corto plazo para modificar las indemnizaciones por despido improcedente. Sin embargo, Álvarez ha advertido que “si el Gobierno no adapta la resolución a la ley nacional, los magistrados determinarán cuál serán las condiciones del despido”. Es decir, los tribunales irán resolviendo las demandas por despido en función de la situación personal del despedido, sin un criterio unificado. “Hay dos tribunales superiores de justicia que ya han aplicado la resolución del CEDS”, ha señalado.
UGT defiende que la resolución del CEDS es “histórica” y que el Gobierno debería abordar cambios legales. Entre esas modificaciones plantean que “los empresarios que quieren despedir a un trabajador sin causas objetivas no sepan cuál es el coste de ese despido”, que la indemnización cubra los daños causados a la víctima, que se impulsen los salarios de tramitación (remuneraciones entre el despido y la resolución de la demanda) y establecer legalmente las circunstancias personales que deberían tener en cuenta los tribunales. Es decir, si la persona objeto del despido tiene personas a su cargo, si vive de alquiler, si está próxima la jubilación o si es víctima de violencia de género, entre otros aspectos.
“Nosotros vamos a seguir peleando sentencia a sentencia, juzgado de lo social a juzgado de lo social”, ha incidido Álvarez. UGT ha pedido al Gobierno que sea “coherente a la hora de aplicar sus políticas”. “La inmensa mayoría de personas despedidas en estas condiciones son mujeres; por tanto, desde ese punto de vista creo que [modificar la indemnización] es una aportación a la igualdad”, ha concluido Álvarez.
