Las aerolíneas españolas, en unidad de acción, han dado hoy un paso más en la defensa de su operativa y han denunciado que la sanción de 150 millones de euros que el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 impuso a Ryanair, Vueling, EasyJet y Volotea atenta contra dos principios fundamentales del sector empresarial: contra la libertad tarifaria de cada compañía y contra la capacidad de elección del consumidor.
Las compañías que operan en España se han reunido hoy en la asamblea anual de la Asociación de Líneas Aéreas, que se ha celebrado en Madrid. No tenían previsto centrar su mensaje en la polémica surgida la semana pasado con la sanción por determinadas prácticas que el ministerio considera que vulneran los derechos los consumidores. Pero, según han explicado, se han visto obligadas a mencionar el asunto tras la campaña organizada por las asociaciones de consumidores para reclamar la devolución del recargo ilegal por viajar con equipaje de mano.
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“La ley nos ampara y lo defenderemos desde cauces oportunos”, ha respondido a la iniciativa Javier Gándara, director general de EasyJet para el sur de Europa y presidente de la patronal área. El directivo también ha puesto de relieve el “desconocimiento” que existe entre los viajeros por el impacto de la sanción en la operativa de las aerolíneas.
“Es importante no engañarnos sobre la supuesta gratuidad de determinados servicios”, ha añadido Gándara. Las aerolíneas sancionadas ultiman sus respectivos recursos de alzada ante el ministro Pablo Bustinduy y, a continuación, están dispuestas a pleitear en los tribunales.
“Es importante no engañarnos sobre la supuesta gratuidad de algunos servicios”
“Nada es gratis en esta vida y mucho menos en una industria que apenas generó un margen neto de beneficio del 3% entre el 2000 y 2019”, ha expuesto de forma gráfica el máximo responsable de la asociación empresarial.
Las aerolíneas han recordado este martes que en caso de que la sanción sea algún firme, algo que ellas mismas descartan, hasta 50 millones de viajeros de avión tendrían que pagar por servicios que no usan. Javier Gándara ha recordado en este sentido que “viajar en avión ha pasado de ser un lujo para una minoría a ser accesible” para la población. Se ha democratizado el volar, ha defendido.
La secretaria de Estado de Turismo, Rosario Sánchez, ha estado presente en la asamblea y ha querido alinearse con las tesis de las aerolíneas, como ya hiciera la semana pasada el Ministerio de Transportes. Rosario Sánchez ha reiterado que el Gobierno defenderá los intereses de los consumidores, pero que también trabajará por otorgar seguridad jurídica al sector.
