La política económica del Reino Unido va a la deriva. Esa fue la principal conclusión de la investigación de la Comisión de Asuntos Económicos de la Cámara de los Lores sobre la incapacidad del Banco de Inglaterra (BOE) para predecir la peor inflación en 40 años. En un informe reciente, la Comisión criticó la cultura interna y los modelos de predicción del BOE, sembrando dudas sobre su capacidad para hacer que la inflación regrese a la meta del 2% para 2025.
La tasa de inflación anual del Reino Unido alcanzó un pico de cuatro décadas del 11% en octubre de 2022, mientras que los precios generales han aumentado el 22% en los últimos tres años. El informe de la Cámara de los Lores atribuyó los errores del BOE a un “pensamiento de grupo” entre las autoridades, un mandato cada vez más impreciso (que ahora incluye consideraciones como el cambio climático) y herramientas de predicción “inadecuadas”. El expresidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Ben Bernanke, comisionado por el BOE para revisar su desempeño, resaltó el software obsoleto del banco. La Comisión también planteó temores válidos sobre el “poder no electo” de los banqueros centrales.
La sede del BOE (Bank of England) en Londres
En 1997, el entonces ministro de Hacienda, Gordon Brown, fijó la meta de inflación anual del Reino Unido en 2,5% (más tarde reducida al 2%) y le otorgó al BOE “independencia operacional” para alcanzarla. Desde entonces, el banco ha ejercido un control aun mayor sobre la política económica, inyectándole 875.000 millones de libras (1,1 billones de dólares) a la economía británica a través de su programa de alivio cuantitativo en respuesta a la crisis financiera global de 2008-09. Como observó el presidente de la Comisión de Asuntos Económicos, George Bridges, esta delegación de la política macroeconómica del gobierno a los banqueros centrales -hoy una práctica estándar en las economías desarrolladas- representó “una gigantesca transferencia de poder de representantes electos a funcionarios no electos”.
Considerando que las tasas de interés afectan no solo el valor de la moneda sino también el desempleo, el crecimiento y la distribución, se podría decir que la política monetaria, como la fiscal, debería estar administrada por los gobiernos, que son responsables ante los votantes. Sin embargo, a pesar de las críticas del desempeño del BOE, el informe no cuestionó el principio de la independencia del banco central. Por el contrario, se centró en las maneras de alinear la libertad del banco para fijar tasas de interés “independientes de la presión política” con la responsabilidad del gobierno en materia de política económica.
Delegar la política macroeconómica del gobierno a los bancos centrales fue una transferencia de poder de representantes electos a funcionarios no electos
La noción de que la independencia del banco central es sacrosanta se remonta a la contrarrevolución monetarista de Milton Friedman en los años 1970, que puso fin a la hegemonía de la democracia social keynesiana. Friedman sostenía que las economías de mercado son “contracíclicamente estables” en su “tasa natural de desempleo”, siempre que no se embauque a los participantes de mercado con tasas de inflación variables. Este argumento, efectivamente, acota el alcance de la política macroeconómica para mantener la estabilidad de precios.
Como la política monetaria, al igual que la política fiscal, afecta la actividad económica con “desfases prolongados y variables”, confiar el control de la inflación a bancos centrales independientes -aislados de la interferencia política y que operan según reglas mecánicas- impediría que los políticos manipularan la oferta monetaria.
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Los banqueros y los expertos en política económica rápidamente abrazaron el evangelio monetarista de Friedman. En un discurso de 1984, el entonces ministro de Hacienda, Nigel Lawson, puso de cabeza la ortodoxia keynesiana previa. El objetivo de la política macroeconómica, aseveró, debería ser “la conquista de la inflación”, no “la búsqueda de crecimiento y empleo”. Al contrario, la política macroeconómica debería centrarse en “la creación de condiciones que conduzcan al crecimiento y al empleo”, en lugar de eliminar la inflación.
El discurso de Lawson representó un retorno a la “dicotomía clásica” de la economía pre-keynesiana, que trata las variables reales (como el empleo) y las variables nominales (como los niveles de precios) por separado. Según esta visión, las reformas del lado de la oferta mejorarían la eficiencia económica, y las políticas de tasas de interés mantendrían la estabilidad de precios.
Si los gobiernos van a hacerse responsables de la inversión y del desempleo, también deben controlar la política monetaria
La historia macroeconómica cuenta una historia mixta. La era de posguerra se puede dividir en dos períodos diferenciados: la era dorada keynesiana (1947-1973) y la “Gran Moderación” del monetarismo (1997-2019). Si se excluyen los años intermedios, la inflación del Reino Unido promedió el 4,5% durante la era keynesiana, y el desempleo promedio fue del 2,1%. Bajo la gestión del banco central, la tasa de inflación, en promedio, estuvo apenas por encima del 2%, mientras que el desempleo promedio fue del 5,6%. Las tasas de crecimiento en los dos períodos fueron del 2,8% y 2%, respectivamente.
En otras palabras, los resultados macroeconómicos en los dos regímenes fueron marcadamente diferentes. Asimismo, el “índice de miseria” (la tasa de desempleo más la tasa de inflación) fue del 6,6% durante la era keynesiana y del 7,8% en la era de la independencia del banco central. Desde 2020, ha aumentado al 9%.
Sin duda, es imposible determinar si estos acontecimientos fueron producto de la política o de eventos externos. A principios de 1968, el economista R.C.O. Matthews cuestionó si debería atribuirse el pleno empleo de la era dorada keynesiana a la política gubernamental o a un auge de posguerra secular. También se podría decir que la baja inflación que caracterizó a la Gran Moderación tuvo menos que ver con las políticas del banco central que con el ingreso de miles de millones de trabajadores de baja remuneración provenientes de Asia al mercado laboral global.
Pero dado que la política económica afecta significativamente el desempeño económico, es difícil argumentar que la política fiscal y monetaria deberían mantenerse separadas. Los bancos centrales controlan la oferta monetaria a través de las tasas a las que les prestan a los bancos comerciales. Esto fija la estructura de las tasas de interés de largo plazo, determinando las tasas a las que los prestatarios pueden acceder a fondos, lo que a su vez influye en la inversión y el desempleo.
En resumidas cuentas, si los gobiernos van a hacerse responsables de la inversión y del desempleo, también deben controlar la política monetaria. Por otra parte, mientras que los bancos centrales se esfuerzan por mantener una apariencia de independencia, la realidad es que, muchas veces, hacen lo que quieren los gobiernos. Si bien resulta imposible predecir qué marco macroeconómico surgirá de nuestra era actual de turbulencia, probablemente se parezca poco al ideal de Friedman.
Robert Skidelsky, miembro de la Cámara de los Lores británica, es profesor emérito de Economía Política en la Universidad Warwick. Project Syndicate, 2024.
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