La Generalitat duplica el número de municipios donde habrá control de alquileres
Vivienda
El Govern califica como zonas tensionadas a áreas turísticas como Begur, Castell-Platja d'Aro o Vielha
Vielha es una de las poblaciones que se incorporan al control de alquileres
Un mes después de la entrada en vigor del control de alquileres, la Generalitat anunció ayer que duplicará el número de municipios en que se aplica. El Departament de Territori ha iniciado los trámites para incorporar 131 poblaciones a la lista de zonas tensionadas, lo que dejara el total en 271 localidades, donde viven más de siete millones de personas, el 90% de la población catalana.
La Generalitat aplicará la medida ahora en todos los municipios de más 2.000 habitantes que cumplan con los requisitos que marca la Ley estatal por el derecho a la vivienda. Es decir, que las personas residentes dediquen más del 30% de sus ingresos a pagar el alquiler o la hipoteca, incluidos los gastos y suministros básicos, o que el precio de alquiler o compra en la localidad haya experimentado en los últimos cinco años un incremento acumulado de al menos tres puntos por encima del IPC.
En la nueva lista se han incorporado municipios como Bagà, Bellver de Cerdanya, Cadaqués, Sant Antoni de Calonge, Castell-Platja d’Aro, Móra d’Ebre, Roses, Viladecavalls o Vielha. Muchas de las poblaciones que se incorporarán son zonas turísticas. En la lista inicial, la normativa afectaba principalmente a las poblaciones con más habitantes de la comunidad autónoma.
En todas esta zonas, se aplicarán las mismas medidas que han estado en vigor en el último mes. Es decir, el alquiler de los nuevos contratos no podrá superar el precio del último contrato vigente en los últimos cinco años, una vez aplicada la cláusula de actualización anual de ese contrato. En caso de grandes tenedores (propietarios de cinco o más inmuebles ubicados en zonas tensionadas), el alquiler no podrá ser superior al índice de referencia.
En la nueva lista aparece Vielha, Bagà, Bellver de Cerdanya, Cadaqués, Calonge i Sant, Castell-Platja d'Aro, Móra d'Ebre, Roses o Viladecavalls
Territori justificó la revisión de los criterios para aplicar la medida por el incremento generalizado del coste de la vivienda de los últimos años en Catalunya, casi siempre muy por encima de los ingresos de los hogares, y la tendencia alcista del precio del alquiler, pese a la reciente aplicación de la contención de rentas.
La tramitación seguirá el mismo procedimiento que la primera declaración: se abre un período de información pública de veinte días para que administraciones, entidades y particulares puedan presentar alegaciones. Una vez finalizado, se analizarán y responden todas las cuestiones y la resolución final se notificará al Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana para que el público pueda entrar en vigor.