Los ministros de Agricultura de los Veintisiete respaldaron este martes los cambios propuestos por la Comisión Europea para responder a las quejas del sector agrícola, que verá reducidos los requisitos informativos y medioambientales que debe cumplir para acceder a las ayudas comunitarias.
“La propuesta recoge todas las peticiones planteadas por España” al Ejecutivo comunitario, celebró el ministro de Agricultura, Luis Planas, que abogó por “acelerar” su puesta en marcha y seguir discutiendo otras medidas, además de desplegar la directiva sobre prácticas comerciales desleales. La revisión entrará en vigor una vez la Eurocámara la apruebe por procedimiento de urgencia, pero se aplicará con efectos retroactivos desde el 1 de enero.
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La medida beneficiará a más de la mitad de declarantes en España, según Planas
En concreto, la revisión exime a las explotaciones de menos de 10 hectáreas de las obligaciones de información, controles y posibles multas relacionadas con los requisitos de condicionalidad medioambiental. Bruselas sostiene que el impacto de esta medida será importante para los agricultores (en España, beneficiará a 345.000 declarantes, más del 50% del total, según Planas), pero irrelevante respecto al cumplimiento de las metas climáticas de la UE. Además, se suprime la obligación de mantener un 4% de las explotaciones en barbecho, una regla que en todo caso ya estaba suspendida por segundo año consecutivo; en adelante, solo se pedirá “diversificación” en los cultivos, una norma derogable en caso de acontecimientos climáticos extremos.
La revisión entrará en vigor una vez la Eurocámara la apruebe, pero se aplicará con efectos retroactivos desde el 1 de enero
El gran sindicato agrícola europeo, Copa-Cogeca, reclamó al Parlamento Europeo que apruebe cuanto antes los cambios, que ofrecen a los agricultores “más flexibilidad para llevar a cabo la transición hacia una agricultura más sostenible” y permitirán hacer ajustes rápidos en los planes estratégicos nacionales. Pero algunos agricultores siguen descontentos, y alrededor de 250 tractores, según estimaciones de la policía belga, volvieron a colapsar las principales arterias de Bruselas, en especial el barrio europeo, aunque la protesta tuvo un seguimiento muy inferior a las dos anteriores.
La asociación Vía Campesina, para quien los cambios introducidos son insuficientes, reclama el fin de los acuerdos de libre comercio. Tampoco los grupos ecologistas están conformes. En una carta firmada por 16 oenegés, acusan a la UE de eliminar las reglas “mínimas” de sostenibilidad introducidas en la Política Agrícola Común y “ceder a la falsa narrativa de que el medio ambiente está reñido con la agricultura”, poniendo “en peligro” los puestos de trabajo en el sector a largo plazo.
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