Las negociaciones están en marcha para ampliar el número de actividades con jubilación anticipada al ser consideradas de riesgo y hay aproximación entre lo que plantea la Seguridad Social y lo que buscan los agentes sociales, aunque quedan puntos abiertos. Uno de estos escollos es la reivindicación de los sindicatos de que no solo se tenga en cuenta el riesgo que comporta la actividad, sino también cómo de penosa es. Es decir, que no solo se valore si la actividad es peligrosa, tóxica o insalubre, sino también su nivel de penosidad, especialmente en relación con la edad del que la practica.
Es un terreno donde podrían entrar la ayuda a domicilio, las cuidadoras de la gente mayor y también las camareras de piso, las conocidas como kellys. Actividades que no son de riesgo, pero que a partir de cierta edad pueden comportar dificultades para que el trabajador las lleve a cabo. “Es una penosidad muy feminizada. Son actividades básicamente realizadas por mujeres”, apuntan fuentes sindicales, que instan al establecimiento de criterios objetivos del grado de penosidad y de la edad.
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Es una posibilidad que el actual borrador de decreto ya contempla, pero a partir de la creación de un grupo de trabajo específico para desarrollarlo. Se dice que este grupo valorará “las ocupaciones, categorías o actividades profesionales en sectores concretos donde los requerimientos físicos o psíquicos del desempeño del trabajo a partir de una edad supongan penosidad, pero no se acrediten elevados índices de morbilidad o mortalidad”. Sin embargo, lo que reclaman los sindicatos es que entren en el mismo mecanismo de funcionamiento que las actividades peligrosas. Es decir, no un grupo de trabajo para empezar a valorarlo, sino que ya entren en el procedimiento en que son las organizaciones empresariales y sindicales las que inician el proceso, y cuya solicitud debe resolverse en el plazo máximo de seis meses.
Ni las actividades peligrosas ni las de penosidad que podrán acceder a este régimen especial de jubilación no se mencionan explícitamente en el borrador de decreto ley, lo que se establece son los criterios a través de los cuales se identificarán. Se hará con tres índices sobre la relación entre el gasto de bajas y las bases de cotización, el número de bajas y el de trabajadores expuestos y finalmente, el número de fallecimientos y el número de trabajadores.
Se trata de fijar criterios objetivos para elegir trabajos peligrosos, tóxicos, insalubres o penosos
En el método reside la gran diferencia en cómo se elegirán estas actividades de riesgo, y si sale el criterio de los sindicatos, también las penosas. Se llevará a cabo a partir de criterios objetivos preasignados de antemano, y no por decisiones políticas, como es el caso de las ocho actividades que actualmente ya gozan de una jubilación anticipada por ser de riesgo. Es el caso de mineros, personal de vuelo, ferroviarios, artistas, toreros, bomberos, ertzainas y policías locales; en cada caso con coeficientes reductores y normas diferentes.
En todos estos casos, fue por una decisión política en un momento determinado. Ahora, el planteamiento de futuro es basarse en criterios objetivos y que las organizaciones empresariales y sindicales más representativas propongan las actividades que consideren que cumplen con estos parámetros.
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Si en la definición de los coeficientes reductores que permiten anticipar la edad de jubilación hay acercamiento entre el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social y los agentes sociales, más lejos se está en otros temas, como la jubilación parcial y el uso de las mutuas para pruebas diagnósticas de bajas traumatológicas y tratamientos terapéuticos, para aligerar el peso que ahora recae exclusivamente en la Seguridad Social.
Hay acuerdo en el principio del uso de las mutuas, un elemento que ya está recogido en el Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) firmado por patronal y sindicatos, pero no en cómo hacerlo. La CEOE quiere una puerta abierta al máximo a las mutuas, la Seguridad Social unos mínimos de uso, y en cambio los sindicatos reclaman acotar la apertura con precisión. “El trabajador tiene que dar su aprobación en cada paso, no sirve una autorización inicial genérica para la intervención de las mutuas”, dicen fuentes sindicales.
“Es una penosidad muy femenina, son trabajos básicamente de mujeres”, dicen fuentes sindicales
Otro elemento en el que no se avanza es en la jubilación parcial y los consiguientes contratos relevo. Una vez más, a finales del año pasado se prorrogó de forma provisional el uso de estos contratos relevo. Los sindicatos reclaman que las condiciones más ventajosas con que se concede el contrato relevo en la manufactura se incorporen al resto de sectores. Este contrato es el que permite combinar la jubilación parcial de un veterano con la progresiva introducción de un trabajador joven, favoreciendo de esta manera el relevo generacional.
