Elma Saiz, ministra de Inclusión,Seguridad Social y Migraciones, en un mesa del diálogo social
El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones reduce a 5.000 las prestaciones por cese de actividad de los autónomos cuya revisión ha concluido con una denegación. Según datos aportados a La Vanguardia por el departamento que dirige Elma Saiz, del total de casi 1,5 millones de prestaciones, apenas un 0,4% se han denegado en este momento por no acreditar el cumplimiento de los requisitos de acceso a la misma.
El Gobierno concluye que el informe del Tribunal de Cuentas que se conoció la semana pasada y en el que se apuntó que miles de autónomos tendrían que devolver 550 millones de ayudas durante el Covid se realizó con antelación al despliegue del proceso de revisión de las prestaciones. Estas comprobaciones comenzaron en septiembre.
Lee tambiénEl Tribunal de Cuentas insta a miles de autónomos a devolver 550 millones de ayudas
Con datos de finales de diciembre, el proceso de revisión ya ha llegado al 93% de las prestaciones, en torno a 1,24 millones. De ellas, el 94% han concluido ya con un reconocimiento definitivo de la prestación.
El resto de las revisiones se encuentra actualmente en trámite de audiencia. En concreto, Seguridad Social ha solicitado información adicional a los beneficiarios para comprobar el cumplimiento de los requisitos para su percepción.
Durante la pandemia
La prestación media abonada por el cese de actividad a autónomos fue de 2.513 euros
La prestación media abonada por el cese de actividad a autónomos fue de 2.513 euros, al que se añadían 1.007 euros más como exoneración de las cotizaciones a la Seguridad Social. El gasto fue de 5.200 millones.
El informe del tribunal fiscalizador señalaba, por su parte, tres grandes grupos de autónomos que podrían haberse visto afectados por un hipotético incumplimiento de los requisitos. Por un lado, 125.000 beneficiarios que recibieron 119,5 millones que no cumplirían con las obligaciones necesarias; otros 156.000 trabajadores por cuenta propia que recibieron 386 millones y cuya actividad no tendría asociado un código de Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE); y un tercer grupo de 69.269 beneficiarios con una exoneración de cuotas de 41,6 millones de euros que habrían incurrido en incumplimientos e incidencias relacionadas con el procedimiento de gestión y control de estas exoneraciones.
El Gobierno considera estas conclusiones previas a sus trabajos de comprobación.