Rodrigo Rato, a su llegada a la Audiencia Provincial de Madrid
Rodrigo Rato se ha vuelto a sentar en el banquillo de los acusados. Tras la condena por las tarjetas black y la absolución por el caso Bankia, afronta su tercer juicio por su fortuna en el extranjero. Se enfrenta a 70 años de prisión por diversos delitos fiscales y blanqueo de capitales, entre otros.
Durante más de tres horas, su abogada intentó desmontar el origen de la causa, argumentando que está llena de irregularidades e ilegalidades, y acusando al juez, la Fiscalía Anticorrupción y sobre todo a Hacienda de crear una causa general contra el exvicepresidente del gobierno, exministro de Economía, expresidente de Bankia y exdirector gerente del FMI, Rodrigo Rato.
El exvicepresidente del gobierno cree que desde Hacienda se construyó contra él una “causa general”
La letrada buscó convencer al tribunal de la Audiencia Provincial de Madrid de que el origen de la causa fue un informe de riesgos de la Oficina Nacional contra el Fraude (ONIF) elaborado con una absoluta “falta de rigor” y aun así sirvió para crear una denuncia “mendaz” por parte de la Fiscalía Anticorrupción.
Para la abogada, la obtención de todas las pruebas contra Rato deberían quedar anuladas porque los registros ordenados por el juez estuvieron repletos de irregularidades. “El propio texto de la Fiscalía dice una cosa y la contraria”, indicó la defensa.
El entorno de Rato sospecha que tras la causa abierta tras su regularización fiscal estuvo la mano alargada de Hacienda, en aquel momento dirigida por el ministro Cristóbal Montoro. De hecho, la letrada solicitó la declaración del que fuera con el gobierno de Mariano Rajoy, ministro de Justicia, Rafael Catalá. La Audiencia ya había rechazado su declaración como testigo; sin embargo, tras conocerse la investigación abierta en un juzgado de Tarragona vinculada al uso espurio de Hacienda, Rato cree que ahora el testimonio de Catalá es “pertinente”. La razón es que este hizo en su día unas declaraciones públicas sobre la regularización fiscal de Rato cuando, a su juicio, eran datos privados que solo debería tener la Agencia Tributaria
La Fiscalía pide para Rato una pena de cárcel que asciende a los 70 años por 11 delitos contra la Hacienda Pública, un delito de blanqueo de capitales, otro de insolvencia punible, otro de corrupción en los negocios, y otro delito continuado de falsedad en documento oficial y mercantil en el marco de la causa sobre el presunto incremento ilícito de su patrimonio.
Según el escrito de la acusación, Rato habría mantenido desde 1999 un patrimonio oculto a la Hacienda Pública a través de diversas sociedades con las que habría realizado continuas actividades de inversión financiera mediante cuentas bancarias en Bahamas, Suiza, Mónaco, Luxemburgo y el Reino Unido, entre otros lugares.
El análisis de la documentación intervenida, señalaba la Fiscalía, permitió identificar incrementos patrimoniales no justificados entre el 2005 y el 2015 por un importe total de 15,6 millones de euros, además de rendimientos de capital mobiliario en el exterior tampoco declarados a Hacienda. Los peritos han concluido que resultaron cuotas defraudadas por importe de 7,4 millones de euros. La Fiscalía recordaba además que Rato se acogió en noviembre del 2012 a la amnistía fiscal.