La negociación del salario mínimo interprofesional (SMI) ha arrancado con los sindicatos reclamando una subida de más del 8%, la patronal quedándose en el 4% y el Ministerio de Trabajo sin presentar todavía su propuesta. Lo que sin embargo ya marca el terreno de juego es el informe de los expertos, que ha fijado una horquilla entre el 4,6 y el 8,2%.
Un arranque peculiar de las negociaciones, dada la ausencia en la mesa de la CEOE, molesta con la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, por la potenciación de la Inspección de Trabajo en los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE). Con los sindicatos en la mesa y la patronal por vía epistolar, se fijaron las posiciones de los agentes sociales. En realidad, la novedad vino por el lado de la CEOE, porque los sindicatos reiteraron posicionamientos ya conocidos.
En una carta enviada a Yolanda Díaz, la CEOE acepta un aumento del 4% para el próximo año que llevaría el salario mínimo de los 1.000 euros anuales actuales (en catorce pagas) a los 1.040, aunque con condiciones. Lo supedita a que se actualicen los precios de los contratos públicos y a deducciones adicionales para la agricultura. La cifra que plantea la CEOE se sitúa justo por debajo de la franja baja del informe de los expertos, que lo fija entre 1.046 y 1.082 euros.
Sin embargo, el movimiento de la patronal viene con dos condiciones, que son dos reivindicaciones recurrentes de la CEOE al Gobierno. Por un lado, establecer un régimen de deducciones al sector agrario; en concreto, una reducción del 20% sobre la cuota empresarial por contingencias comunes, que se sumaría a los incentivos vigentes. Y en segundo lugar, modificar la normativa de revisión de los precios en los procesos de contratación del sector público, de manera que se repercuta el incremento del salario mínimo en los contratos en ejecución.
La CEOE exige también actualizar los precios de los contratos públicos y deducciones en agricultura
Son dos reclamaciones que el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ya avanzó a La Vanguardia en una entrevista realizada una vez reelegido. “El SMI no es solo una cifra. Primero, ¿qué pasa con el campo? Hay que ayudarles porque tienen una situación muy especial. Y segundo, ¿qué pasa con la contratación pública y la indexación? No tiene lógica que el Gobierno obligue a las empresas a subir los salarios un 33% y no aplique en los contratos públicos la misma proporción. Es cómo decir ‘te invito a cenar, pero pagas tú’”, afirmó Garamendi a principios de mes. Y lo que entonces eran declaraciones, ahora se ha trasladado a la mesa de negociación.
En su argumentación del 4% de aumento del salario mínimo, la CEOE destaca que es un porcentaje superior al incremento salarial de los convenios firmados en 2022 (3,03%) y de la subida de los funcionarios (3,5%). También indican que son conscientes del impacto de la inflación en las rentas más bajas, y que por ello proponen una posición “acorde con la moderación salarial que se necesita para favorecer el crecimiento económico y la creación de empleo”.
Por su parte, Yolanda Díaz ha recriminado a la patronal su ausencia en la mesa de diálogo. Le critica su intención de negociar “a través de cartas” y “en diferido”, lo que considera que no es lo correcto cuando se trata de una negociación que afecta a más de dos millones de trabajadores. “Saben que siempre busco un acuerdo y aquí me van a encontrar”, dijo.
Por parte de la CEOE se alega que la subida del salario mínimo es una decisión del Gobierno, para la que no necesita del acuerdo de sindicatos y patronal. Lo que es cierto, el Gobierno tiene que consultar a los agentes sociales, pero no necesita un proceso de negociación en el diálogo social. Sin embargo, en el Ministerio de Trabajo siempre han intentado el consenso en los aumentos del SMI, aunque con éxito limitado. La patronal solo ha respaldado la primera de las subidas.
La vicepresidenta Yolanda Díaz critica a la patronal por negociar “a través de cartas” y “en diferido”
Por parte de los sindicatos, la petición es un aumento superior al 8%. Fernando Luján, vicesecretario general de Política Sindical de UGT, reclamó una subida del 10%: “Se tiene que llegar al 60% del salario medio en España, y nuestros estudios dicen que este salario medio está por encima de los 1.100 euros”. CC.OO. también pide un aumento de más del 8%, que sea “en la banda máxima”, entre los 1.082 y los 1.100 euros, afirmó Mari Cruz Vicente, secretaria confederal de Acción Sindical de CC.OO.
Este es el trabajo que hicieron los expertos. Una vez establecido, desde el inicio de la legislatura, el compromiso de subir el SMI al 60% del salario medio, quedaba por precisar la cantidad exacta a que se traducía este porcentaje. Los expertos marcaron la horquilla entre 1.046 y 1.082 euros. Ahora toca negociar a los agentes sociales y decidir al Gobierno.