Subir el IVA de las bebidas azucaradas y edulcoradas del 10% al 21% consiguió reducir el consumo de estos productos únicamente en los hogares con rentas más bajas. Una de las novedades fiscales del Gobierno el año pasado afectó esencialmente a las familias más vulnerables, por tanto. En otras palabras, las rentas medias y bajas no redujeron la ingesta de estas bebidas poco saludables pese a que aumentaron de precio.
En efecto, la distribución, y no la restauración a quien no afectó la medida, trasladó ese aumento de IVA a los precios. De media, estos productos pasaron de 1,25 euros a 1,39 euros por litro.
Son las principales conclusiones del último estudio publicado por EsadeEcPol este miércoles y elaborado por Ángel Martínez, Javier Martínez y Jorge Galindo.
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Los autores del estudio, que han cruzado la encuesta de presupuestos familiares (EPF) que elabora el Instituto Nacional de Estadística (INE), descubren, por tanto, que la reacción del consumo tras este aumento impositivo depende de la capacidad económica del hogar. En concreto, los hogares del tramo del 33% más pobre redujeron su consumo de refrescos en 11 litros.
Otro dato consecuencia de este estudio: fueron las familias pobres con niños las que notaron especialmente esta reducción del consumo. Estos hogares también redujeron el consumo de snacks en un 10,5%, lo que equivale a cinco euros.
Fueron las familias pobres con niños quienes redujeron especialmente el consumo
El objetivo del Gobierno con este cambio fiscal era reducir el consumo de los refrescos en general. Fue una campaña impulsada por Hacienda y, especialmente, por el Ministerio de Consumo. España dedica casi un 10% de su gasto sanitario total a enfermedades relacionadas con la obesidad, una cifra superior a la media de los países desarrollados, lo que se consideró urgente revertir.
El impuesto ha provocado un aumento del precio de las bebidas azucaradas y edulcoradas de 12 céntimos por litro. Es decir, la tasa se ha trasladado en un 96% a los precios de los refrescos en los supermercados.