El Institut Agrícola pide un modelo que combine protección e impulso a la industria en El Prat
Infraestructuras
La entidad acusa a la Generalitat de eludir sus responsabilidades con una "política errática"
Un avión despega del aeropuerto de El Prat
El Institut Agrícola, miembro de Foment del Treball, ha rechazado la solución de aumentar las hectáreas protegidas en las inmediaciones del aeropuerto de El Prat como única solución para sacar adelante la ampliación de la infraestructura, ahora descartada, ya que sigue un supuesto erróneo de que "cuanta más cantidad de territorio esté protegido, más se cumplirán los requerimientos que pone la normativa europea", según recoge en un decálogo bajo el título Verdades y mentiras de la gestión de los espacios protegidos.
"Más hectáreas protegidas no implican conseguir mejor los objetivos de biodiversidad y protección de la naturaleza, dado que, si no existe un modelo de gestión moderno, competitivo y basado en la evidencia científica más reciente, no sólo no se protegerá adecuadamente el medioambiente, sino que existe un grave riesgo de deterioro de los ecosistemas", se afirma.
En una ampliación del área protegida, en el ámbito más empresarial, "el coste económico de la protección es suficientemente alto para los empresarios agrícolas para que, además, no haya una seguridad razonable de que se hará un manejo adecuado de las tierras y ecosistemas entregados", sigue.
Actores
El Govern elude responsabilidades con una "política errática"
La entidad habla de una "política errática" desde la Generalitat que "elude sus responsabilidades derivándolas a la UE, cuando es la administración competente en la definición y gestión de los espacios protegidos". Es algo que se repasa en el decálogo, que define que una ampliación sobre una zona protegida sí es posible, con la polémica por El Prat y La Ricarda aún fresca.
En ese sentido, se apunta que "Europa permite ampliar una infraestructura en una zona protegida" como se ha hecho en Rotterdam (Países Bajos), Ludbeck (Alemania) o el embalse de Labreña en el caso español. Por eso, concluye que las compensaciones no tienen que ceñirse a aumentar la superficie protegida "y deben anticiparse a la construcción de la infraestructura". Por ejemplo, se pueden definir “razones imperiosas de interés público de primer orden” para decidir una afectación en una zona protegida.
Si se modifica la zona y se deben definir compensaciones, no tiene que basarse sólo en aumentar la superficie protegida. En todo caso, las debe definir el impulsor del proyecto, Aena en el caso de El Prat, que luego pasan por el Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat, para luego pasar al Gobierno y de ahí a la Comisión Europea. "Por tanto, es la administración regional la que tiene la llave a la hora de decidir si las compensaciones que se proponen son suficientes para superar la evaluación ambiental", que "en ningún caso pasan necesariamente por afectar a más territorio agrícola", se reitera.
Además, se defiende que una afectación como la del espacio natural de La Ricarda "dependiendo de cómo se hagan las medidas de mitigación y compensación, el potencial perjuicio se puede reducir drásticamente", rechazando que cause un perjuicio irreparable en el medio ambiente o la red de espacios protegidos Natura 2000.
La solución que se defiende desde el Institut es "la definición de una zona agrícola moderna en el entorno de Barcelona como garantía del equilibrio territorial, la potenciación del producto de proximidad y la regeneración de la industria agroalimentaria garantizando y apoyando inversiones que no se producirán si se aumenta el área protegida".
La idea es que no haya impacto sobre zonas productivas agroalimentarias, con propuestas como ampliar la laguna de Cal Tet, "ampliar la propia Ricarda en extensión de manera que la reducción parcial prevista genere un impacto mucho menor" o "reubicar el espacio de La Ricarda en el área de distribución y/o de ruta migratoria de las especies que motivan la protección actual".
Las medidas se deberían combinar con otras actuaciones para que haya impacto positivo en el sector agroalimentario, garantizando unas infraestructuras hidráulicas eficientes y una modernización de la actividad agraria. Con todo esto, se podría combinar ampliación, compensaciones, actividad agrícola y un plan de gestión que conserve la biodiversidad.