El ingreso mínimo vital llegará a 550.000 familias a finales de año, menos de lo previsto
Emergencia económica
La cifra queda por debajo de las previsiones del Gobierno, que estimaba que 850.000 hogares podrían necesitar la prestación
Cola de personas esperando a recibir alimentos y productos de primera necesidad
El Gobierno confía en que el ingreso mínimo vital (IMV) acabe llegando a un total de 550.000 hogares, de los 850.000 que se estima que podrían necesitarlo según ha explicado hoy el ministro José Luis Escrivá durante su intervención en la Comisión de Trabajo, Inclusión Seguridad Social y Migraciones del Congreso, donde ha dado cuenta de los avances en el proceso actual de gestión de la nueva prestación y del coste de las distintas medidas aprobadas desde marzo.
Durante la comparecencia, Escrivá ha detallado las complicaciones técnicas y burocráticas que han ralentizado la gestión y concesión de esta ayuda en los primeros meses de su puesta en práctica, pese a lo cual ha asegurado que el Gobierno se encuentra “razonablemente satisfecho” con la evolución de la medida.
La mayoría de solicitudes se deniegan por incompatibilidades con los requisitos de renta y patrimonio
En la primera semana desde su puesta en marcha, llegaron 300.000 solicitudes, una cifra que se elevó al medio millón el primer mes y que, en la actualidad, llega casi al millón, “una avalancha” que está por encima de las “expectativas”. De esos expedientes recibidos, el ministro ha subrayado que se han tramitado prácticamente la mitad. Y la previsión es que 135.000 hogares perciban la prestación en la nómina de este mes.
Así, ha explicado que en agosto el ratio de solicitudes concedidas apenas llegó al 17%, mientras que a finales de septiembre ese porcentaje había subido hasta el 30% y, según el ministro, la media al final del proceso será del 50%. “La mayoría son denegados por incompatibilidades con los requisitos de renta y patrimonio”, ha aclarado.
El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá
Para llegar a esos otros 300.000 que hasta este momento no lo han solicitado y que el Gobierno estima que podrían necesitar la prestación, Escrivá ha explicado que el próximo mes de enero se abordarán modificaciones en el proceso de gestión de la medida y se establecerán colaboraciones con ayuntamientos, comunidades autónomas y con los servicios sociales para poder acceder por otros canales a esas familias vulnerables.