¿Quién rescata a las aerolíneas?

Con una parálisis casi total de su actividad, las fronteras internacionales cerradas desde el 19 marzo y una factura de costes fijos que supera los siete millones mensuales sólo en alquileres de flotas, las aerolíneas se han erigido como uno de los sectores más golpeados por los efectos de la crisis provocada por el coronavirus.

A principios de marzo, el sector ya dio la voz de alarma. Sus problemas de liquidez le abocaban a la quiebra. Como otros muchos, solicitaba ayudas. Pero, a diferencia de muchos, en este caso mantener la liquidez no solo es una cuestión de recibir ayudas públicas, sino que evitar cumplir con un derecho básico de los consumidores también les puede mantener a flote. Ahora, es Bruselas quien debe decidir si ese rescate recae sobre los clientes o asume el riesgo de que sea con el dinero público de los contribuyentes, como ya está ocurriendo en países como Italia, Holanda e incluso Francia.

La situación se agravó a principios de marzo cuando comenzaron las cancelaciones masivas de vuelos. Entonces, los clientes comenzaron a ejercer su derecho de solicitar la devolución del precio de sus billetes en efectivo. La legislación europea, en concreto el reglamento 261/2004, recoge el derecho a recibir esas cuantías en menos de una semana. Ya entonces comenzaron las demoras. “La autoridad aérea holandesa empezó a tolerar que las compañías ofrecieran a sus clientes un bono (voucher) por la cuantía del billete canjeable en el futuro bien por dinero o por otro viaje en lugar de devolver con celeridad el dinero en efectivo si así lo reclamaba el cliente”, explica David Castaño, abogado especializado en derecho aeronáutico del despacho Augusta Abogados, de Barcelona.

Esa práctica se generalizó entre todas las compañías y comenzaron los primeros conflictos. En la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), el organismo que canaliza las reclamaciones del sector aéreo, reconocen que en los últimos meses las llamadas para pedir información sobre estos casos se han disparado, superando las 6.000 frente a unos cientos que era lo habitual antes de la crisis.

Devolver el dinero en efectivo de los vuelos cancelados pone en riesgo la liquidez de las aerolíneas

La asociación de consumidores Facua ha denunciado ante AESA a ocho compañías –Vueling, Air Europa, Air France, KLM, Lufthansa, Latam Airlines, Transavia y United Airlines– por negarse a devolver a los clientes el dinero de los vuelos cancelados. El nivel de “infracción” varía entre las empresas: desde las que sólo ofrecen la opción de cambiar las fechas de vuelo, a las que permiten el reembolso pero lo dilatan todo lo que pueden en el tiempo. “La sensación entre los consumidores es que las compañías se sienten impunes, algunas trucan la respuesta para que los clientes acepten un bono para otro vuelo”, señala Rubén Sánchez, portavoz de Facua.

Las compañías aéreas alertan de que devolver las cuantías de todos esos billetes ya vendidos las abocará a la quiebra por falta de liquidez. Así lo alertó ALA, la patronal española del sector, a finales de marzo. Sólo en España, entre marzo, abril y mayo se han cancelado 280.000 vuelos. El riesgo de devolver el precio de sus billetes a todos los clientes afectados podría compararse con el que afrontaría una entidad financiera si todos los clientes demandaran retirar sus ahorros en el mismo momento. Quiebra segura, por falta de liquidez. Así lo expresó esta semana Luis Gallego, consejero delegado de Iberia y próximo responsable del holding IAG, que engloba, además de Iberia, a Vueling, British Airways y Air Lingus. Durante la presentación de resultados trimestrales del grupo hispanobritánico, Gallego se mostró partidario de una flexibilización temporal de la normativa europea para extender los plazos de reembolso y proteger así la liquidez de las aerolíneas en un momento de máxima vulnerabilidad por la paralización de los viajes.

El problema, por supuesto, traspasa las fronteras. La Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA, por sus siglas en inglés) estima que reembolsar los billetes cancelados por el impacto del coronavirus costará 32.000 millones de euros a nivel global. El pasado 9 de abril, 12 países ( Bélgica, Bulgaria, Chipre, República Checa, Francia, Grecia, Irlanda, Letonia, Malta, Holanda, Polonia y Portugal) firmaron una carta que remitieron a Bruselas en la que pedían a las autoridades europeas una modificación temporal de la legislación para generalizar la gratificación diferida vía bono. “Obligan a la Unión Europea a decidir entre el casi sagrado derecho de los consumidores y la salud financiera de una compañía”, explica David Castaño.

“Lo que no reconocen en esa carta es que ya han obtenido concesiones de Bruselas”, advierte Cristian González, abogado especializado en el sector aéreo del despacho catalán Mestre Abogados. “En marzo, la Unión Europea dijo que las compañías estaban obligadas a realizar la devolución en efectivo si el cliente así lo reclamaba. Pero reconoció que dado que esta es una situación de fuerza mayor, no debe aplicarse la cláusula que otorga al cliente el derecho de una compensación adicional al coste de su billete. Eso ya está anulado y ya han ganado todos aerolíneas y consumidores”, explica.

Ábalos pide que un fondo de garantía europeo se haga cargo de la devolución del dinero a los pasajeros

En cualquier caso, la gravedad de la situación es innegable. El propio ministro de Transportes español, José Luis Ábalos, lo ha reconocido. Aunque España no firmó la mencionada carta dirigida a Bruselas. Ábalos ha asegurado que “la propuesta del Gobierno español es permitir temporalmente a las compañías aéreas ofrecer a los pasajeros bonos en lugar de reembolsos, emitidos en unas condiciones uniformes en toda la UE”. De tal forma que si el bono no ha sido utilizado en el plazo de validez, se debe reembolsar al pasajero el importe del mismo”. Además, Ábalos pide que un fondo de garantía europeo se haga cargo de la devolución del dinero a los pasajeros en caso de insolvencia de las compañías aéreas. Pero lanza la pelota al tejado de la UE: “La reglamentación de los derechos de los pasajeros es europea y, por lo tanto, la solución debe venir por ese ámbito”, afirmó el pasado 29 de marzo.

Pero esa solución no se atisba ni fácil ni rápida si atendemos a las declaraciones que la comisaria de Transporte de la Unión Europea, Adina Valean, hizo a la agencia Reuters el 9 de abril “Para cambiar cualquier disposición de esta ley, necesitaría un amplio apoyo para un acuerdo de las otras instituciones. No vamos a actuar sobre la legislación en esta etapa”. En su opinión, la solución tiene que ser nacional. “Nuestro objetivo es considerar un estímulo para que los consumidores recojan cupones, si este tipo de instrumento está debidamente garantizado a través de un fondo gubernamental o algo así”, dijo.

Y mientras los políticos se pasan la pelota unos a otros, los consumidores se arman para la batalla jurídica. “Lo que viene en los próximos meses es un aluvión de demandas. Hay muchas empresas especializadas en estas reclamaciones que querrán hacer negocio. Y esto es un caso ganado a priori. La UE siempre va a dar la razón a los consumidores”, asegura David Castaño del despacho Augusta Abogados.