El Gobierno aprueba las acciones de lealtad en las cotizadas para las juntas del 2022
Consejo de Ministros
Las compañías decidirán si presentan resultados trimestrales en marzo y septiembre
La vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, avanza en su afán por trasponer directivas europeas cuya implantación se ha ido retrasando en España. Este martes, ha llevado al Consejo de Ministros el Anteproyecto de Ley de Fomento de la implicación a largo plazo de los accionistas en las sociedades cotizadas.
Esta nueva normativa en la practica trae cambios significativos para las compañías cotizadas entre los que sobresalen dos. Por un lado, se aprueban las acciones de lealtad para los accionistas que lleven más de dos años en la compañía. Es decir, la compañía podrá fijar en sus estatutos la concesión de doble derecho políticos a los accionistas que lleven más de dos ejercicios en el capital de la compañía. Para que se apruebe esa medida en junta, deberán contar con un cuórum de más del 50% presentes o representados y deberá ser ratificada la medida por el 60% de los asistentes y si acude el 25% deberá contar con el voto favorable del 75%.
Cambio
Adiós al principio de ‘una acción, un voto’
Esta modificación afectará a compañías constructoras como Ferrovial, Acciona, OHL, grupos de moda como Inditex, o diferentes laboratorios farmacéuticos como Almirall o Grifols, entre otras muchas compañías cotizadas, que tienen en común que detrás de ellas hay una saga familiar. El calendario empezará a contar cuando se apruebe la norma, es decir, hacia el verano. Con lo que en esos grupos empresariales, si a lo largo de este año hacen las modificaciones correspondientes podrían votar en las juntas del 2022 con el doble de votos que en la actualidad. El cambio normativo no tiene carácter retroactivos, sino que el calendario se pone a cero cuando el cambio legislativo haya pasado todos los trámites en España, léase Congreso y Consejo de Estado.
Esta medida ya existe en otros países como Italia, Países Bajos y Alemania. Sirve para protegerse de opas hostiles y significa poner punto y final al principio de “una acción, un voto”. También tendrán derecho a usar la modificación los inversores institucionales, fondos de pensiones, grandes fondos, etcétera, siempre y cuando se comprometan a estar más de dos años en el capital de la compañía.
Resultados
No será obligatorio rendir cuentas en los trimestrales
Otro de los cambios significativos que trae esta nueva legislación es que las cotizadas no tendrán la obligación de presentar sus resultados trimestrales de marzo y septiembre. Esto es una vieja petición del actual presidente de la CNMV, Sebastián Albella, porque exige recursos económicos y humanos, y en muchos otros países de la Unión Europea no es obligatorio. No obstante, no es obligatorio sino que cada compañía cotizada decidirá si lo hace o no.
La pregunta es qué pasa si una compañía va mal y no presenta las cuentas para esconder sus malas cifras. Desde el Ministerio de Economía aclaran que la CNMV siempre podrá exigir la presentación de resultados o la reformulación de las cuentas si la compañía pasa por dificultades o, por ejemplo, los gestores se van a captar inversores y ofrecen datos que han ocultado al mercado. Hay que recordar que el año pasado compañías como el grupo de distribución Dia pasaron por esta situación económica.
Gestoras españolas
Explicar política de implicación de sus carteras
Otro de los cambios relevantes es que las gestoras españolas de fondos de inversión y de pensiones, así como las aseguradoras deberán explicar la política de implicación en las empresas que han decidido invertir. Al menos, deberán hacer este informe una vez al año. Dicho informe recogerá la estrategia a seguir, el rendimiento financiero, los riesgos que perciben, así como el impacto social, medioambiental y gobierno corporativo que aprecian de las compañías que han invertido.
Además, por primera vez se va a legislar sobre los asesores de voto (proxy advisors), que tengan establecimiento permanente en España. Estas consultoras tendrán que redactar un código de conducta en el que definirán sus intereses.
La nueva normativa también exigirá a las cotizadas mayor claridad en sus informes a la hora de declarar los sueldos individualizados de los miembros del consejo de administración.