Más salarios, menos empleos: la pugna entre Gobierno, sindicatos y patronal

La patronal CEOE y los sindicatos CC.OO . y UGT ultiman la negociación colectiva que afecta a más de 11 millones de trabajadores y casi un millón de empresas. Se realizará de acuerdo con las pautas del IV Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) firmado en el 2018 con tres años de vigencia.

El objetivo central para los sindicatos es recuperar del poder de compra de los salarios, junto a una reducción de la jornada laboral y un control efectivo de las horas extras. También tratarán de situar el salario mínimo de convenio por encima de los 14.000 euros anuales. Y, por supuesto, priorizar los convenios sectoriales estatales frente a los de empresa que trató de imponer el gobierno conservador de Mariano Rajoy.

Se trata de una negociación colectiva muy difícil, en la que los empresarios tienen todas la de perder. Por esta razón, los dirigentes sindicales Unai Sordo (CC.OO.) y Pepe Álvarez (UGT) están presionando al presidente del Gobierno Pedro Sánchez y a la vicepresidente tercera Nadia Calviño para que deroguen cuanto antes la reforma laboral del 2012. Al vicepresidente segundo Pablo Iglesias y a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, no hacen falta presionarles porque si fuera por ellos ya la habrían derogado.

El acuerdo marco contempla un incremento salarial para este año entre el 2 y el 3% y los sindicatos tienen el firme propósito de situarlo en la parte alta de la banda, a pesar de que el incremento de la productividad apenas alcanza el 0,5% y la inflación no supera el 1%. Esto significa que gran parte de los excedentes empresariales no se destinarán a inversiones y en consecuencia a la creación de empleo sino a pagar salarios.

En cierta manera es lógico ya que los sindicatos por su propia naturaleza tienen un componente corporativo. Como un buen abogado laboralista tratan de defender los intereses de sus clientes (sus afiliados) y no para defender a los parados. Con el Gobierno pasa igual, su interés es defender a los asalariados que son el núcleo duro de sus votantes.

La hoja de ruta para salir de la gran crisis económica del 2008 fue una fuerte devaluación salarial interna para facilitar a las empresas recuperar excedentes. Con el incremento de ganancias se les permitía pagar sus deudas, iniciar el círculo inversor, crear empleo, exportar, y, por último, subir salarios. Así se hizo: en un lustro los salarios perdieron diez puntos de poder adquisitivo y se destruyeron tres millones de empleos.

Tal ajuste permitió superar la recesión, repartir dividendos y crear empleo a razón de medio millón de puestos de trabajo al año. Los salarios quedaron para el último lugar. En el 2019 el incremento salarial medio en convenio fue del 2,2%, con una inflación del 0,9%, lo que permitió recuperar el 1,3% de poder de compra. Para este año los sindicatos, con la inestimable ayuda del Gobierno, quieren echar toda la carne en el asador y ganar entre dos y tres puntos de poder adquisitivo de los salarios.

Se trata de un arma de doble filo. Por una parte, el incremento de las rentas reales permitirá impulsar el consumo interno y el crecimiento. Los precios subirán moderadamente como quiere el BCE hasta situarse en el 2%. Por tanto, a corto plazo será una medida positiva. Sin embargo, a medio plazo nuestras empresas serán menos competitivas y el paro volverá a crecer a tasas superiores del 14%, el doble que la europea.

Una patronal maniatada

Ante los planes del Gobierno y de los sindicatos para subir los salarios y derogar la reforma laboral del 2012 la CEOE no tiene nada que hacer. Como comentaba un dirigente empresarial, “somos el invitado de piedra en la mesa del diálogo social. La negociación es desigual porque la ministra de Trabajo es juez y parte. Es como negociar la ley de Caza con los conejos”.