Los problemas financieros derivados de la crisis económica obligaron al presidente de ACS, Florentino Pérez, a enterrar el hacha de guerra que había mantenido durante casi una década contra Ignacio Galán con su intento frustrado de tomar el control de Iberdrola.
El histórico enfrentamiento, uno de los más intensos del panorama empresarial español, parecía haber quedado sepultado tras años de enfrentamiento también en los tribunales, hasta ayer. Diversos medios de comunicación publicaron, con arreglo a información confidencial en manos de la Audiencia Nacional, que en aquella batalla la cúpula directiva de Iberdrola habría recurrido en el 2009 a los servicios del entonces comisario de policía José Manuel Villarejo. ¿El objetivo? Investigar la vida privada y los negocios de Florentino Pérez con la intención de obtener información delicada con la que poder frenar el intento del presidente de ACS y del Real Madrid de tomar el control de la eléctrica.
Ignacio Sánchez Galán, presidente de Iberdrola
Unas horas después de conocerse esas informaciones, el grupo ACS difundía un comunicado en el que anunciaba la intención de Florentino Pérez de personarse como acusación particular en la pieza separada que el juzgado central de instrucción número 6 de la Audiencia Nacional ha abierto en la causa que sigue contra el comisario José Manuel Villarejo para investigar los supuestos trabajos realizados para Iberdrola.
Caso Posy
La eléctrica habría contratado al excomisario para presionar a Pérez
“A la vista de las informaciones aparecidas en el día de hoy, Florentino Pérez ha decidido personarse en calidad de acusación particular en el procedimiento judicial abierto en la Audiencia Nacional sobre Iberdrola para ejercitar acciones penales y civiles contra los que resulten responsables de los mismos, entre los que podrían estar incluidos, según el contenido de dichas informaciones, el presidente de Iberdrola y la gente de su entorno que haya participado, el propio
comisario Villarejo y los medios de comunicación que hayan podido servir de instrumento a esta actividad delictiva”, constata el comunicado.
Según esas informaciones, la cúpula de Iberdrola a través de su jefe de seguridad en el 2009, Antonio Asenjo, se puso en contacto con el comisario José Manuel Villarejo para encargarle rastrear la vida personal de Florentino Pérez y sus negocios con el fin de “chantajearle” para frenar su intención de hacerse con el poder en el consejo de administración en Iberdrola.
Villarejo bautizó la operación como caso Posy, siempre según la información que alude a la investigación que tiene abierta la Audiencia Nacional.
Imagen de archivo de varios directivos de empresas españolas, entre ellos Pérez y Galán
Enfrentamiento histórico
La constructora entró en Iberdrola en el 2006, pero nunca se sentó en el consejo
Las conversaciones grabadas entre Antonio Asenjo y Villarejo harían referencia a las diversas vías de actuación que el comisario habría propuesto a Iberdrola para neutralizar a Florentino Pérez.
Entre las diversas propuestas, Villarejo aconsejaba como vía con “más posibilidades de éxito” la de utilizar la información que podría facilitar contra Florentino Pérez un antiguo directivo despedido. Al tiempo, pedía a la eléctrica incrementar su inversión en una investigación que debía estar a la altura de la “envergadura” del objetivo a tumbar.
La información brinda una oportunidad en bandeja para que el presidente de ACS se desquite de una de las derrotas más amargas que ha tenido que asumir en su trayectoria empresarial. Aquella que comenzó allá por septiembre del 2006 cuando compró su primera participación, un 10%, en Iberdrola, para garantizar la españolidad de la eléctrica. No tardó en convertirse en un incómodo huésped, su participación aumentó rápidamente al 12,5% y con los años llegó al 20%.
La crisis tras la derrota
La caída de las bolsas y los problemas financieros forzaron la retirada de ACS
Aquella partipación daba derecho a ACS sentarse en el consejo de Iberdrola, pero topó con la oposición de Galán. En un principio, el presidente de Iberdrola recurrió al entonces regulador del mercado eléctrico, la Comisión Nacional de la Energía, para vetar al constructor en su consejo. La excusa era perfecta. ACS poseía el 45% de la también eléctrica, Unión Fenosa. Un operador también dominante en el mercado que impedía a un accionista estar presente en el principal órgano directivo de ambas compañías.
ACS no estaba dispuesto a darse por vencido, aumentó su participación al 20% y hasta consiguió que, en el 2009, el gobierno José Luis Rodríguez Zapatero introdujera una modificación legal que eliminaba el blindaje que impedía a Florentino Pérez desembarcar en el consejo de la eléctrico. Lo hizo a través de una enmienda a la Ley de Auditorías, conocida desde entonces como la “enmienda Florentino”. Pero ni eso doblegó a Galán. El momento culminante del enfrentamiento llegó en la junta de accionistas de Iberdrola del 2010, en la que, con diversas maniobras, modificación de estatutos in extremis incluida, frenó otra vez a Florentino Pérez.
La crisis hizo el resto. El desplome de las bolsas, los problemas financieros de la constructora y la presión de la banca acreedora forzaron la venta de diversas participaciones hasta su retirada final
en el 2012. El enfrentamiento se mantuvo en los tribunales varios años. Ahora, la historia abre un nuevo capítulo.