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Las élites económicas critican en Davos la tasa digital española

Pedro Sánchez negocia con las tecnológicas inversiones en España

Pedro Sánchez con la consejera delegada de Facebook, Sheryl Sandberg

Borja Puig De La Bellacasa / EFE

La comunidad de ejecutivos y líderes en Davos ha acogido con cierto escepticismo (o más bien frialdad, teniendo en cuenta la temperatura de esta estación suiza) el proyecto de impuesto sobre las empresas tecnológicas que ha aprobado el Gobierno español.

Tal como se adelantó el pasado miércoles, la consejera delegada de Booking.com, Gillian Tans, reafirmó a Pedro Sánchez que “no le gusta” la propuesta, después de que ayer el Gobierno les explicó las razones por las cuales decidió adoptar la medida. Según ha podido saber este diario, la ejecutiva incluso fue pillada por sorpresa porque no sabía que el impuesto estuviera tan adelantado y que ya había sido aprobado por el Ejecutivo, a la espera del trámite parlamentario.

Según explicó a este diario Paschal Donohoe, ministro de Finanzas de Irlanda, la ministra de Economía, Nadia Calviño, le expuso el nuevo gravamen y el político irlandés, si bien reconoce “el derecho legítimo de España en adoptar dicha medida”, cree que, en lo que le concierne, él tiene que proteger “el interés nacional de Irlanda”.

La isla es sede europea de varias tecnológicas (Google y Apple entre otras) y no sólo no tiene ninguna tasa específica, sino que además tiene un impuesto de sociedades entre los más bajos del mundo (12,5%). “Con una tasa Google corren el riesgo de sufrir también las empresas más pequeñas del sector. Hay que proceder con cautela y tener presente todas las implicaciones económicas”, opinó Donohoe.

El consejero delegado de Amazon Web Services dijo estar “impresionado” por el primer ministro

Por su parte, Laurence Boone, economista jefe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Econó­mico (OCDE), lamentó que dicho impuesto, tal como está concebido, sólo aborda el problema parcialmente. En su opinión, introducir la tasa digital de forma unilateral supone “perderse la mitad de la foto”. Boone recuerda que “hoy en día muchas empresas adoptan instrumentos digitales. Es necesaria una forma de coordinación a escala inter­nacional”.

De hecho, la OCDE tiene previsto presentar una propuesta para finales de este año para que entre en vigor en el 2020. Pero en el seno de la UE tampoco hay unanimidad. Francia e Italia son los dos otros países que comparten esta medida, pero Alemania se opone.

“Hay que tasar el digital, pero en el marco de un acuerdo global, de otra manera las compañías cuando ven un impuesto se van al país vecino”, advirtió el secretario general de la organización, Ángel Gurría. “Lo de gravar con un 3% los ingresos es un cálculo meramente teórico y hasta un cierto punto, injusto”, añadió.

Al margen de esta cuestión, Pedro Sánchez siguió con su ronda de contactos con las firmas tecnológicas con el objetivo de promover España como una “nación de start-ups”, escuchar de primera mano cuáles son las necesidades de las empresas y ver cómo el Gobierno puede poner en marcha un marco idóneo para las inversiones.

Por ejemplo, Andrew Jassy, consejero delegado de Amazon Web Services, dijo a este diario haber quedado “impresionado” por el primer ministro español. Sobre la mesa trataron temas relativos a la digitalización de la administración pública y sobre la identificación de las habilidades digitales para jóvenes y mujeres.

Asimismo, con Sheryl Sandberg de Facebook se habló de la implementación de la tecnología 5G, además de cómo luchar de forma efectiva contra la difusión de las noticias falsas en la red, las conocidas fake news. Fuentes de la Moncloa aseguraron que hubo conversaciones para que las multinacionales lleven a cabo importantes inversiones en España y dijeron que habían “ido bien”, sin entrar en más detalles.

En otro ámbito sectorial, Pedro Sánchez tuvo un encuentro con Lakshimi N. Mittal, el consejero delegado de Arcelor Mittal, cuya filial en España emplea a 8.000 personas. Ambos discutieron de la dificultad que vive la empresa, con un expediente temporal de regulación de empleo, debido a la sobrecapacidad provocada por el acero procedente de China.