El Gobierno, partidario de retrasar un año la edad real de jubilación
El futuro de las pensiones
Trabajo se plantea negociar herramientas “voluntarias y obligatorias”, que se implantarían después del 2027
Consejo de Ministros, en directo
El Gobierno es partidario de adoptar medidas para aumentar la edad real de jubilación, en línea con lo recomendado esta semana la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) para apuntalar la sostenibilidad de la Seguridad Social.
“Es necesario seguir aumentado la edad de jubilación”, ha asegurado este viernes el secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado. Para el Ejecutivo es “razonable” retrasar un año la edad efectiva de jubilación en un periodo de 30 años, tal y como recoge el informe de la AIReF.
La opinión de la autoridad independiente explica que en la actualidad la edad efectiva de jubilación se sitúa en 62,7 años (si no se tiene en cuenta los funcionarios que aún forman parte de las clases pasivas, es en torno a los 63,7 años). Mientras, sería de 64,5 en el 2027, en la finalización del periodo de aplicación de las reformas de 2011.
Tratará el tema con sindicatos y patronal
El máximo responsable de la Seguridad Social ha concretado que desde el Ejecutivo tienen la intención de negociar con los agentes sociales una combinación de “fórmulas obligatorias y voluntarias”, pero sin tocar los límites legales fijados en la reforma del 2011. Es decir, el progresivo incremento de la edad para hasta los 67 años para los que tienen una carrera de cotización de 38,5 años y hasta los 65 años, para el resto, con carreras de cotización muy largas.
El Ministerio de Trabajo ha convocado para la próxima semana a los sindicatos mayoritarios y la patronal para analizar con detalle la opinión formulada por la AiREF y centrarse, sobre todo, en la negociación de las medidas propuestas por dicha autoridad para afrontar el déficit estructural de la Seguridad Social a corto plazo.
El Gobierno busca afrontar el déficit estructural de la Seguridad Social
En concreto, el organismo que preside José Luis Escrivá defiende la necesidad de rebajar la parte de la cotización de los afiliados en la prestación por desempleo, sin tocar la cuota global. Además, proponen analizar qué tipo de gastos que ahora se financian con cotizaciones pasen a ser pagados con impuestos, desde las prestaciones por maternidad y paternidad a las reducciones de cuotas para fomentar la creación empleo.
El Gobierno también ve con buenos ojos la extensión hasta los 35 años del periodo de cómputo para el cálculo de la pensión –cuando se despliegue la reforma del 2011, se tendrían en cuenta 25 años -.