Sábado, 18 de enero de 2025. Alrededor de 7.000 personas recorren los poco más de dos kilómetros que separan el centro del pueblo de Almaraz, Cáceres (con apenas 1.600 habitantes) de la central nuclear que lleva su nombre. Por primera vez en la historia de España, una movilización ciudadana ligada a la energía nuclear no está presidida por el famoso lema “¿Nucleares? No, gracias”, sino por otro de signo contrario, “Almaraz motor de vida y progreso” .
Esta disruptiva movilización puede ser la imagen más gráfica del intrincado momento por el que atraviesa el futuro de las centrales nucleares en España. Mirando hacia atrás, en su momento el cierre de Garoña apenas sacó a la calle al centenar de trabajadores afectados.
En 2019 nucleares y la empresa pública Enresa consensuaron los cierres
En esta ocasión, las nucleares ya no enfrentan solo a sus tradicionales defensores y detractores, sino que se han convertido en tema clave de estrategia política con partidos como el PP, con apoyos puntuales de Junts e incluso de ERC, que abanderan un cambio en la política española a la que, por el momento, el Gobierno se niega. En uno y otro lado se vierten argumentos incompletos con derivadas sociales y técnicas, pero sobre todo económicas, que complican no solo una solución consensuada sino, lo que es más preocupante, una comprensión objetiva del problema.
Para conseguirlo es necesario remontarse al 2019. Las principales propietarias de plantas nucleares en España, Iberdrola, Endesa, Naturgy y EDP, estaban enfrentadas sobre el futuro de las plantas que gestionaban aunque la idea era un cierre total de nucleares. Una medida técnicamente inviable ya que Enresa, la sociedad pública que debía gestionar el proceso, carecía de medios suficientes para abordar el reto. “La solución fue pactar una ampliación de vida útil de las plantas y un calendario de cierre escalonado para los siete reactores con los que cuenta España entre el 2027 y el 2035”, explica Ignacio Araluce, presidente del Foro Nuclear, la organización que representa a las empresas del sector.
El Foro Nuclear asegura que la carga impositiva actual hace de la nuclear un negocio “ruinoso”
¿Por qué reactivar ahora el debate? La clave técnica es la seguridad de suministro. En el 2019, España confiaba a los combustibles fósiles la garantía de que hogares y empresas nunca tuvieran problemas al apretar el interruptor de sus suministros eléctricos. Todo cambió con el estallido de la guerra en Ucrania y la progresiva desconexión de Europa del gas barato ruso.
Desde entonces, la Agencia Internacional de la Energía, la COP28, el informe Draghi, o la Unión Europea, entre otros referentes mundiales, señalan a la nuclear como la energía estratégica para dar soporte a las renovables. Es estable, está casi libre de emisiones, con lo que ayuda a la transición energética, y es más barata que su alternativa, el gas natural de los ciclos combinados.
El Gobierno defiende la previsión del Pniec de que las renovables compensarán el cierre de las plantas
España cuenta con siete reactores, una potencia instalada de 7 GW, que en el 2024 aportó el 20% del total de la generación eléctrica, solo superada por la eólica. “Su cierre provocará apagones, por lo que retrasarlo sería un ejercicio de prudencia coherente con las decisiones que están adoptando el resto de países y entendible por la población española, que empieza a manifestar su temor de que el cierre signifique pérdida de puestos de trabajo y de riqueza en amplias zonas del país”, advierte el exministro socialista Jordi Sevilla, ahora en la consultora LLYC.
Es el argumento al que se han sumado las propietarias de las nucleares, numerosos analistas de energéticas y partidos políticos como el Partido Popular, Vox y a los que se ha acercado Junts, para posicionarse a favor de la energía nuclear en esta partida.
Los ciclos combinados de gas son más flexibles para gestionar la demanda extra
Detrás de estos argumentos están las reticencias que genera la alternativa que defiende el Gobierno y que recoge el Plan Nacional Integrado de Estrategia y Clima (Pniec). “El Pniec se basa en alternativas altamente improbables de alcanzar en hidrógeno, almacenamiento, termosolar y vehículos eléctricos. Sin todo ello, el resto de cuentas no van a salir”, apunta Javier Revuelta, socio director de la consultora Afry.
El Pniec, que se basa en los cálculos de Red Eléctrica y las fechas de cierre en vigor, deja claro que los 3,5 GW de energía nuclear que van a cerrar en el 2030 serán compensados con una aportación de energía renovable, baterías y otros almacenamientos. Para cubrir los picos de demanda por la mañana y la noche, la planificación recurre a los ciclos combinados. Una tecnología alimentada por gas natural, contaminante, cara y que nos hace dependientes de proveedores internacionales.“Sin el parque nuclear, la factura eléctrica aumentaría un 23% para el sector doméstico y la pequeña y mediana empresa y en un 35% para la industria”, apuntan las estimaciones de PWC.
El pniec mantiene todas las plantas de gas
Aparentemente, se trata de una apuesta contradictoria para un Gobierno que defiende la descarbonización. Pero tiene su explicación. Aunque el Pniec mantiene para el 2030 la totalidad de los 26 GW actuales de capacidad, reduce su aportación a unas 800 horas al año, la nuclear ahora funciona más de 8000. Además, los ciclos combinados son una tecnología mucho más dinámica para responder con rapidez que la nuclear. “Su flexibilidad para momentos de estrés energético lo justifica. En menos de media hora pueden pasar de estar parados a suministrar energía en la red”, explican en Naturgy. Aún más, si en el 2030 esa tecnología superará en emisiones y costes a la nuclear, a largo plazo la situación es muy distinta. Podrían funcionar con gases renovables no contaminantes y sus residuos están a años luz de los que genera la nuclear, que habrá que gestionar en el subsuelo durante miles de años.
Llegamos a la otra piedra angular del dilema, el coste de gestionar los residuos. Es decir, la razón económica que se simplifica en la pregunta de ¿quién paga la ampliación? Empresas y Gobierno tienen claro que lo hará el primero que levante la mano, lo que explica por qué se están apurando los plazos y nadie da el primer paso.
Desmantelar una nuclear con seguridad requiere unos tres años
En los últimos años, José Bogas, consejero delegado de Endesa ha reiterado su “opinión sentimental” a favor de la ampliación. Iberdrola nunca, hasta ahora, había sido tan clara ante la opinión pública. No son pocos en el sector energético los que auguran que “la falta de sintonía en las propietarias será lo que aboque al cierre nuclear”, reconocen.
La realidad es que el reloj del cierre ya ha puesto en marcha la cuenta atrás. Almaraz I, la primera del calendario se debe cerrar en el 2027. “Se necesitan tres años para desmantelar con seguridad una nuclear, y ya es tarde para Almaraz que, explica el consultor energético Jaume Morón. Foro Nuclear es más flexible pero también reconoce que “cuanto antes, más seguridad”.
Pasar de un almacén central a siete ha incrementado el coste 2.000 millones
El pasado miércoles, Mario Ruíz Tagle, consejero delegado de Iberdrola España, principal propietaria de Almaraz, aseguró en un foro del sector energético que “todavía hay tiempo” e invitó al Gobierno “a sentarse y abordar el tema de forma sosegada”. La respuesta de la ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, también en un foro público el pasado viernes, fue contundente. “He hablado en múltiples ocasiones con Iberdrola en los últimos meses y nunca me ha trasmitido nada en cuestión de nucleares. Si quieren cambiar el calendario tendrán que solicitarlo”. “Si lo piden las empresas, el Gobierno remitirá el caso al Consejo de Seguridad Nuclear que tendrá que calcular el coste de las reformas necesarias para alargar la vida útil de cada central y deberán asumirlo. Si lo hace el ministerio serán las empresas las que pedirán ayudas para el proceso de cierre”, apunta Jaume Moron.
Mantenerlas abiertas plantea el mismo tira y afloja. Las nucleares han recuperado el discurso previo al 2019. Aseguran que su negocio no es rentable. “Ahora, tenemos un coste medio de 65 euros el MWh, de los cuales un 25% son impuestos. Es un negocio ruinoso que nada tiene ver con los impuestos que pagan otras tecnologías”, se queja Ignacio Araluce, del Foro Nuclear.
El coste total de gestionar los residuos sube hasta 22.220 millones
Una de las cuantías más abultadas de esa factura es la llamada tasa Enresa, la que pagan las nucleares por la gestión de los residuos. Hasta hace un año, esa cuantía estaba calculada por una legislación del 2006, pero la actualización del plan de residuos radiológicos del 2023 la recalculó y la incremento en más del 30%. “En el 2019 se pactó que el incremento no superase el 20%. Es una ruptura de aquel acuerdo”, indica Araluce.
El Plan Nacional de Residuos estima 20.220 millones de euros el coste de gestión de los residuos, una factura que se incrementó en el 2023 en 2.000 millones tras el incremento de esa tasa Enresa derivado de la imposibilidad de construir un único almacén central para todos los residuos del desmantelamiento, cuya localización estaba en Villar de Cañas, Cuenca. “Dado que se fue imposible conseguir su aprobación, ahora el plan será construir siete almacenes temporales con el consiguiente incremento del coste total”, explican desde el ministerio.
Ambas partes deberían ceder
El consultor Javier Revuelta considera que hay margen para la negociación. Entre los costes que contabilizan las nucleares hay 14 euros por MWh en concepto de amortización de inversiones pasadas y futuras que, en su opinión, se podrían rebajar. Por su parte, el Gobierno también tendría margen para reducir un impuesto extraordinario de algo menos de cinco euros sobre el combustible de uranio gastado que impuso el Gobierno del Partido Popular en el 2012 para obtener ingresos en plena crisis financiera. Finalmente, recuerda Revuelta “hay margen en las comunidades autónomas” . Del total de impuestos que gravan las nucleares, alrededor de seis euros son gravámenes autonómicos.
“El Partido Popular que está reclamando al Gobierno que rebaje los impuestos a la nuclear para que sean rentables, no contempla en ningún momento que Extremadura, que es del PP, rebaje su gravamen autonómico”, alerta Morón.
Pero que nadie trate de ajustar las cuentas. A todo esto hay que sumarle, como alertan los movimientos antinucleares, el coste de cubrir el riesgo de un accidente nuclear.
El plan belga de ampliación ha disparado el coste para las arcas púbicas
La comparativa internacional está siendo recurrente para sustentar las encontradas posiciones en España. Que la energía nuclear está resurgiendo en todo el mundo es una realidad innegable, con China y Rusia a la cabeza. Entre los países occidentales España y Alemania son las excepciones. A esta última, el cierre le pilló en pleno estallido de la guerra de Ucrania y la desconexión del gas ruso, con la consiguiente escalada precios de la electricidad y el impacto en su economía por el incremento de costes industriales. Son los riesgos que subrayan los partidarios de ampliar las plantas españolas.
Entre los partidarios del cierre el caso más aludido es el de Bélgica. Allí, la decisión de ampliar la vida útil de las dos plantas nucleares, con un total de 2 GW, hasta 50 años de operación, se tomó en el 2022. La solución se ha articulado en el 2024 con la creación de una empresa participada al 50%, por Engie, la energética propietaria, y el Estado belga para cuya constitución las arcas públicas han inyectado 2.000 millones de capital y se ha articulado un préstamo con aval público de 580 millones de euros. El coste para el Estado belga, incluidos la gestión de los residuos y sin ejecución del préstamo, ronda los 32.000 millones. Engie se ha blindado con un instrumento financiero (CfC) con una rentabilidad garantizada del 7%. Si gana más devolvería el sobrante al Estado y viceversa. “Un ejemplo de que lo que quieren las empresas es que sean los estados los que asuman el coste de la ampliación”, puntualiza Jaume Morrón.
